Los trapitos al sol y la moralidad pública

El Dr. Jaime Cárdenas Gracia, en las mesas de diálogo sobre el nuevo procedimiento administrativo de responsabilidades que co-organizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con participación de la Secretaría de la Función Pública, reconoció que el fin último de las recientes reformas es combatir la corrupción que es el mal endémico de la sociedad mexicana y que son una solución institucional perfectible.

Contrariamente a lo sostenido por el académico, el candidato del Partido Encuentro Social, en su toma de protesta, propuso convocar a un constituyente moral, que fuera el eje central para la erradicación de la corrupción, tomando distancia tácitamente de las reformas en materia anticorrupción. La reacción de los otros candidatos fue inmediata: uno la consideró una ocurrencia y otro simplemente la descalificó por su procedencia.

Simultáneamente, Transparencia Internacional publicó su Índice de Percepción de la Corrupción en el que se ubica a México en el lugar 135 de 180 países y obtuvo una calificación de 29 en una escala del 0 al 100 donde 0 es el país peor evaluado. (El Universal, 22-02-18)

En las próximas campañas, que todavía no inician formalmente, el tema de la corrupción será el que llene los espacios propagandísticos y noticiosos. Leonor Flores, (El Universal, 22-02-18) hace una síntesis de las propuestas concretas de los partidos políticos en sus plataformas electorales respecto a este tema.

¿Qué es lo previsible? Que lo que ya estamos viviendo sea la tónica. Un debate permanente centrado en acusaciones mutuas, que asemeja un concurso de quién es menos corrupto. Los ataques a los personajes de los distintos partidos proliferan y cada semana hay material nuevo y los silencios de quienes explican las desviaciones van en aumento y sólo responden con un nuevo ataque. Las propuestas sobre los problemas nacionales ocupan un segundo plano.

Mi abuela diría que lo mejor para la salud de una casa es sacar los trapitos al sol. Esto es el efecto de la transparencia y la autonomía otorgada a órganos como la Auditoría Superior de la Federación, que sin filtro publica sus resultados preliminares para que las entidades públicas aclaren de cara a la ciudadanía las posibles desviaciones. La edificación de sistemas nacionales con la participación de instancias con autonomía de los tres niveles es una garantía que el combate a la corrupción se llevará con transparencia.

Ahora, hay que aprender a vivir en sociedades abiertas y dimensionar los datos y hechos que se divulgan. La peor reacción sería regresar a las prácticas de las sociedades cerradas gobernadas autoritariamente, en las que una persona o un grupo (comisiones de la verdad, honor y justicia o vigilantes de la moralidad) determinan quién actúa correctamente.

Stalin, Mussolini, Hitler, Franco y Castro, entre otros, recurrieron al juicio y arrepentimiento públicos como el método de purga de las instituciones revolucionarias (comunistas, nacional socialistas o fascistas). La denuncia anónima y el adoctrinamiento de los niños y jóvenes en un pensamiento excluyente, que es aquel que propone vías únicas, son una parte fundamental de este tipo de condenas morales a los reaccionarios, “rojos” o enemigos de la revolución, de los trabajadores o del pueblo. También lo es una intelectualidad orgánica que justifica cualquier acción del líder y busca cualquier excusa para descalificar al adversario.

La corrupción y la desviación de la norma lamentablemente son parte de la naturaleza humana, que no es angelical. Siempre existirá quien pretenda obtener un beneficio indebido de una circunstancia o posición económica o de autoridad y, por lo tanto, deben existir procesos y autoridades que sancionen con eficacia, oportunidad y justicia estas conductas antisociales. Entonces, es indispensable que existan autoridades dedicadas a hacer efectiva la rendición de cuentas.

La diferencia entre las sociedades democráticas y las autoritarias son los métodos de combate de la corrupción. La primera recurre a crear instituciones profesionalizadas con autonomía de gestión y espacios para el debate abierto, en el que los involucrados tienen acceso a los medios de comunicación y de defensa jurídica. La segunda recurre a la integración de órganos políticos, orientados ideológicamente, que suelen ser cajas de resonancia de la visión del líder o caudillo y que es utilizada como ariete para desarticular grupos políticos opositores externos o internos.

De ahí que el camino para superar la grave crisis en que estamos inmersos como sociedad que se traduce en los altos índices de percepción de la corrupción que padecemos, aunque sea más lento y poco efectivista, es continuar fortaleciendo la autonomía de las instituciones vinculadas con la rendición de cuentas de las entidades públicas e implementando, y, en su caso, adecuando los Sistemas Nacionales Anticorrupción y de Fiscalización.

Hay que sacar los trapitos al sol. Eso es indudable. Hay que insistir en que los órganos públicos emitan, divulguen y respeten códigos de ética y conducta, así como protocolos de actuación y reglas de integridad conforme a su operación jurídica, política y administrativa. La moralidad pública debe ser plural, diferenciada e integrada en comités de ética institucionales en los que participa una comunidad profesional o los servidores públicos en una organización. Las estrategias autoritarias prefieren el lavado del trapito sucio en casa e imponen una visión supuestamente “vanguardista o progresista” a la mayoría bajo la amenaza permanente de la purga o el ostracismo, apoyada por una intelectualidad ideologizada. Vale.