Las tres vertientes de las pensiones en México

La primera está relacionada con el futuro. Esta semana se llevó a cabo la Segunda Convención Nacional de Afores en la que participaron las autoridades reguladoras del sistema de pensiones, la Asociación Mexicana de Afores y académicos. La mayoría coincidió en que la viabilidad del sistema de cuentas individuales (1997, IMSS y 2007, ISSSTE) a largo plazo -20 años, que es el momento en que los aportantes empezarán a cumplir la edad de jubilación-, requiere que se aumente el número de años de cotización y el monto de las contribuciones.

El diseño del sistema establece una garantía estatal de pensión mínima garantizada para quienes no tengan un monto suficiente para financiarla en su cuenta individual cuando alcancen la edad de retiro. Esto tiene una doble consecuencia: a) la no acumulación del ahorro necesario para pagar la pensión mínima será cubierta con transferencias presupuestales con lo que las pensiones de los trabajadores de los regímenes generales pueden convertirse nuevamente en una fuente de presión fiscal y b) la ineficiencia del sistema, bajos rendimientos o altas comisiones, será pagada, en última instancia, por los contribuyentes.

La causa de las bajas tasas de ahorro es la sub-declaración y la no declaración del salario efectivamente pagado-recibido. 6 de cada 10 empleados laboran en el mercado informal a pesar de los esfuerzos de los últimos años, más de 3 millones de empleos formales en el sexenio.

Por un lado, las estrategias fiscales generalmente sugieren la contratación por terceros -outsourcing-, que facilita la división en dos del ingreso de los trabajadores, el salarial y el bono de actuación, y la contratación por honorarios. Por el otro, las políticas asistencialistas -pensión de adultos mayores- o la tendencia a la pensión universal desvinculada de la relación laboral incentiva el empleo informal y el subempleo.

Además, la carga social elevada del salario y un mercado agresivo que deja poco margen para que el precio de los bienes y servicios absorban los costos de producción relacionados con la mano de obra, generan condiciones para que sea más atractiva la economía informal y las sanciones eventuales por la evasión de contribuciones de seguridad social no sean suficientes para disuadir al patrón de eludir dar de alta a los trabajadores.

Esta circunstancia da lugar a una paradoja, un “problema estructural” a la que se refirió Agustín Carstens, Gobernador del Banco de México: el aumento de cuotas a la cuenta individual en lugar de elevar el ahorro puede disminuirlo, porque puede provocar un aumento en la evasión y la economía informal. Actualmente, sólo el 27 % de la población económicamente activa contribuye al sistema de pensiones.

El incremento de la aportación del trabajador puede traducirse en una reducción de su ingreso neto -menos salario- lo que generaría un incentivo a que el empleado se ponga de acuerdo con el empleador para sub-declarar el ingreso. Esto se potencializa si el trabajador es consciente que la tasa de ahorro en su cuenta individual no será suficiente para cubrir la mínima garantizada y, entonces, prefiera no aportar más puesto que de todas maneras no le va alcanzar y lo que falte lo debe poner el gobierno, es decir, los contribuyentes vía apoyos presupuestales.

La segunda vertiente está relacionada con el pasado e impacta a las finanzas públicas federales y consiste en la inexistencia de reservas para cubrir las pensiones de los trabajadores de las entidades públicas federales como PEMEX, CFE y IMSS y los pensionados del ISSSTE. El pasivo laboral federal es el origen de que el porcentaje del presupuesto destinado a las pensiones haya crecido (sólo este año 5 por ciento real), es equivalente al total de transferencias federales a los estados y un compromiso de pago de la generación actual vía impuestos con la jubilada hasta el 2050. Aquí el debate es si es correcto que se cubran jubilaciones en condiciones preferenciales a determinado tipo de trabajadores.

La tercera es la crisis fiscal de los estados por el pasivo laboral de las instituciones de educación superior pública que prestan sus servicios gratuitos, que cada año solicitan más recursos presupuestales para cubrir la nómina de pensionados -que no necesariamente se traduce en más y mejor oferta educativa. El gasto creciente en este rubro y la imposibilidad que se cubra con los recursos estatales –se calcula un pasivo registrado 331 mil millones, casi el 30% del total de participaciones federales- ha provocado que haya voces, como la de la presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, para que se haga un “rescate” de las universidades para evitar su privatización. (La Jornada, 30-10-17).

Estas tres vertientes explicadas brevemente y las cantidades que representan con respecto al PIB, más del 120%, según estimaciones conservadoras, (El Economista, 30-10-17) pagaderos en varias décadas, convierten a las pensiones en el tema más importante de las finanzas públicas federales y estatales de los próximos 20 años. La invitación a que hagamos algo para el 2018 es pertinente. Este es un tema ineludible de las eminentes campañas electorales.