El artículo vigésimo segundo de la Constitución Política de la Ciudad de México, en su párrafo cuarto, dispone que, concluido el proceso electoral correspondiente al 2018, el Congreso deberá iniciar la revisión de la configuración para la división territorial de las demarcaciones con el propósito de equilibrar los tamaños poblacionales entre las alcaldías, tomando en cuenta la configuración geográfica, las identidades culturales, el reconocimientos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, así como factores históricos, infraestructura y equipamiento urbano, entre otros elementos.
Esta disposición provocó que la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México convocara a dos foros de análisis, uno para autoridades electas y otro para instituciones y expertos en el tema. De saque se propone dividir las alcaldías de Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Álvaro Obregón que concentran al 41% de la población de la capital. La Jefe de Gobierno apuntó a Tlalpan por motivos territoriales, ya que es la más extensa.
El debate, que fue diferido por el constituyente del 2017, polariza a los actores, que no se agrupan por partidos, sino por intereses de vecinales relacionados con los movimientos urbanos de la década de los ochenta del siglo pasado y los líderes de colonias, barrios, pueblos o unidades habitacionales. La Jefa de Gobierno fijó postura y afirmó que no creía que fuera bueno para la Ciudad abrir más gasto en burocracia (El Universal, 09-04-19). La alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, en su estilo muy campechano, tildó al constituyente de aberrante y propuso que el análisis de la fragmentación se posponga por lo menos dos años (El Universal, 12-04-19). El alcalde de la Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, no considera procedente la división por diversos factores distintos a la población, como es el sentimiento de pertenencia de los habitantes de San Juan de Aragón y Cuautepec a la demarcación que gobierna.
Los argumentos en pro y en contra sobran. Los expertos y las instituciones emplearán estadísticas demográficas y de infraestructura, así como fórmulas de distribución del ingreso y el gasto e indicadores de eficiencia de los servicios públicos. Las personas servidores públicas electas y los líderes de partidos políticos, asociaciones vecinales y comunitarios harán mayor énfasis en el reparto del presupuesto y en los aspectos culturales e históricos para fortalecer su representación o fuerza social.
En este contexto, el Congreso de la Ciudad de México debe evitar la tentación de caer en un burdo “gerrymandering”, que era una práctica de los jefes de partido en el noreste de los Estados Unidos que manipulaban a los distritos o circunscripciones territoriales, uniendo, dividendo o asociando territorios para producir un efecto determinado sobre los resultados electorales, evidentemente a su conveniencia.
El gerrymandering es una técnica para generar ventajas a un grupo étnico, lingüístico, de clase o clientelar para garantizar el control político de una demarcación territorial de un partido creando sobre o sub representación de los diversos grupos políticos. Los tipos son: concentración del voto favorable en un territorio disperso, dispersión del voto desfavorable, concentración del voto desfavorable en una demarcación para reducir el número de territorios perdidos y dispersar el voto favorable en un mayor número de demarcaciones para ganar más territorios.
Esto fue una práctica común en el corrupto Tammany Hall neoyorkino que mantuvo el control demócrata de la ciudad y el jefe del partido repartía los cargos públicos de concejales o administradores entre los fieles a la causa. También en Venezuela el partido oficialista de Chávez y Maduro recurrió a este método para obtener una sobre representación en las elecciones legislativas del 2010.
En términos de racionalidad administrativa y mejor representación política, un gobierno micro-local debiera ser cercano a la población para que la proximidad a los problemas sea un factor de mejora continua en el gobierno. El mayor gasto en “burocracia” es relativo a la atención de las demandas de la población. Pocos, concentrados y sin capacidad de resolutiva de los problemas cotidianos de más de un millón de personas en la demarcación puede resultar más costoso social y económicamente.
Los foros a los que se convocan son una gran oportunidad para que con mayor calma política –fuera del proceso del constituyente- se discuta con objetividad la procedencia de la división. Los actuales alcaldes, que tienen la posibilidad de reelegirse en 2021 serán los principales opositores a la división y a la reducción del gasto ejercible y los grupos contrarios serán los más propensos al gerrymandering azteca. Hay que estar atentos y participar para que, en su caso, la división y creación de nuevas alcaldías obedezca al derecho humano del buen gobierno que ampara la Constitución de la Ciudad de México.
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