La alharaca y la ley de seguridad interior

¿Qué contiene el proyecto de ley de seguridad interior? La inmensa mayoría no lo sabe. Eso no es pecado de la ciudadanía, sino que para eso sirve la democracia representativa. Los diputados y senadores debaten (que en este tema ha sido demasiado largo en el trabajo de comisiones) y, en su caso, aprueban, como sucedió el jueves pasado en la cámara baja, que fue la de origen, y se envió la minuta a la revisora para su discusión.

La autonombrada vanguardia de la sociedad, activistas de tiempo completo, que no suelen obtener votos para integrarse al Poder Legislativo formalmente, y los grupos minoritarios en las cámaras salen en la defensa de la sociedad, según ellos, ignorante y apática, carente de conciencia y adormecida por lo cotidiano. Con una perorata, cantaleta conocida, advierten con argumentos falaces del peligro de que el ejército y la marina estén en las calles haciendo labores de apoyo en seguridad pública. Reflexionemos:

Primero, las fuerzas armadas han realizado esta tarea desde hace años por la insuficiencia y deficiencia de las corporaciones policiacas y el crecimiento del crimen organizado. La ley de seguridad interior (en proceso de aprobación) no los va a sacar de sus cuartales, sólo regular sus funciones de coadyuvancia a las autoridades civiles y dar garantías a sus integrantes -que son humanas- para llevar a cabo su trabajo (artículos 1º, 4º fracción I, 5, 12 y 27 del proyecto de ley).

Segundo, los militares y marinos acuden a la ayuda de la sociedad en esta materia por necesidad y disciplina, no por iniciativa propia, ni para ocupar espacios de las autoridades civiles, ni desplazarlos en sus responsabilidades. La ausencia de una autoridad efectiva para combatir a la delincuencia organizada con la misma capacidad de fuego exige su presencia. Los narcotraficantes, huachicoleros y tratantes de personas utilizan armas de alto poder y algunos (los zetas) tienen entrenamiento militar porque se han nutrido de desertores del ejército y es iluso pensar que las policías estatales puedan combatirlas (artículos 4º fracción II, 16, 18, 20 y 25 del proyecto de ley).

Tercero, la orientación de la ley es protectora de los derechos humanos e impone protocolos de actuación para las fuerzas del orden muy estrictas, con lo que se establece un parámetro objetivo de actuación en favor de la ciudadanía que eventualmente pudiera quedar atrapada en un conflicto o rehén de los delincuentes (artículos 3, 4º fracción X, 7, 11 y del 13 al 15 del proyecto de ley).

Cuarto, las familias se han convertido para los delincuentes en escudos humanos, quienes sin ningún escrúpulo se ocultan en pueblos y zonas populares para eludir la acción de la justicia, sobornan cuerpos policiacos y compran su impunidad con gestos de supuesto “compromiso social” al estilo de la Tuta en Michoacán. La ley, en proceso de aprobación, considera procesos jurídicos para romper con ese círculo vicioso.

Quinto, los principales interesados en que este proyecto de ley no sea aprobado son los delincuentes organizados a quienes no les convienen unas fuerzas armadas más fortalecidas en las tareas de seguridad interior y están dispuestos a pagar e impulsar la oposición a la misma. Saben que sus aliados son los políticos que les prometen amnistía, sin importarles las miles de víctimas de homicidios y sus deudos, ni los cientos de miles extorsionados por el derecho de piso o amedrentados por el secuestro.

En ese sentido, extraña que la Doctora Carabias, reconocida ambientalista, con muchos merecimientos para ser galardonada con la presea Belisario Domínguez que otorga el Senado de la República, durante su discurso de recepción de la misma se haya pronunciado contra el proyecto de Ley. La especialista en medio ambiente decide opinar de seguridad interior. El tema al que ella ha dedicado su vida investigando merece ser tratado con profundidad y método para llegar a conclusiones válidas y científicamente correctas, pero contradictoriamente a su formación académica considera que en materia de seguridad cualquiera puede opinar, aunque no conozca las causas de la delincuencia y utilizar su autoridad intelectual bien ganada en el campo del medio ambiente para atacar un proyecto de ley en un campo ajeno a su especialidad.

La autonombrada vanguardia siempre está activa y a veces da la sensación que es aliada de los delincuentes, lo que no necesariamente es cierto, pero los más peligrosos de los asesinos y secuestradores, que no respetan ningún derecho humano cuando hacen sus fechorías, se aprovechan de la buena voluntad -hay que conceder el beneficio de la duda- de los autoproclamados defensores de la sociedad.

El ejército y la marina requieren un marco jurídico de actuación claro. Espero que el Senado concluya con el proceso de aprobación. Vale la pena revisar el esquema de transparencia. La alharaca en torno a esta discusión sólo va a demostrar que el trabajo legislativo es suficientemente bueno para molestar a quienes se aprovechan del vacío que existe actualmente y que hay una preocupación sincera -aunque inocentona y poco informada- de algunas figuras públicas que sin mayores elementos se suben a la ola de desprestigiar a nuestras fuerzas armadas, porque eso es la posición políticamente correcta entre los autonombrados vanguardistas.