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La Ley de Austeridad Republicana fue aprobada con modificaciones por el Senado y se regresa a la Cámara de origen para su estudio y, en su caso, aprobación. La opinión pública la recibió con beneplácito y hasta con gusto. La sociedad manifestó su hartazgo por los excesos de la cúpula peñista (el mejor acuerdo para el expresidente se desarrollaba en el campo de golf). La Ley suena bien, endulza el oído, pero…
En principio, esta Ley es una réplica de los acuerdos de austeridad que se han reproducido en la Administración Pública Federal (APF) en los últimos 18 años y que se difundieron con mayor o menor fuerza en atención al estado de las finanzas públicas. En 2003, 2008 y 2016 (con la estrategia del presupuesto base 0), se acompañaron, además, de un recorte al gasto operativo de la APF.
La Ley agrega faltas sancionables vinculadas con los fideicomisos públicos, el conflicto de intereses y el nepotismo.También es un listado de obligaciones que se encuentran dispersas en distintos ordenamientos y está plagada de inconsistencias de técnica jurídica.
Francisco Báez, en su columna de esta semana (La Crónica de Hoy, 02-07-19), pone el dedo en el verdadero problema de las finanzas públicas: las pensiones, el pago del servicio de la deuda pública y las transferencias federales a los estados (vinculadas con las pensiones de las universidades públicas). Esto explica el creciente gasto federal en la última década.
De ahí que todo el esfuerzo de racionalización del presupuesto en el gasto operativo sólo va a significar despidos masivos para una sustitución de personas en el más viejo estilo del “spoil system”, es decir, los cargos públicos para los ganadores en las elecciones. El ahorro del 13.4%, que festina la Secretaria de la Función Pública (El Universal, 02-07-19) del capítulo 1000, de servicios personales, palidece con la proyección de crecimiento del pasivo laboral (pensiones) de los entes públicos federales o el costo de la cancelacióndel NAIM.
Entonces, ¿qué es lo que preocupa de la Ley de Austeridad? La visión que proyecta del servidor público, quien es considerado el malo de la película, súbdito de “Darth Vader”, ubicado en el lado obscuro de la historia y, por lo tanto, debe ser castigado. Todo derecho laboral es un privilegio que debe desaparecer.
El servidor público no debe gozar de prestaciones adicionales a las legales que se ofrecen en cualquier empresa para atraer talento y sustituir los rezagos del sistema de seguridad social. Es delito que reciba incentivos a su desempeño o para el ahorro. A esto debe agregarse que está condicionado a un dictamen de compatibilidad con el empleo público principal para que sea docente en una institución pública conforme al artículo 6 de la Ley de Remuneraciones, que fue declarada inconstitucional parcialmente por la SCJN y parchada en menos de un año de vigencia.
La Ley de Austeridad Republicana en conjunto con la de Remuneraciones son, como otras propuestas de la 4T, regresivas y autoritarias. Durante los últimos 36 años se había logrado “liberalizar” el mercado de trabajo de los profesionistas especializados e interesados en los asuntos de la gestión pública.
El cambio de gobierno, incluso la alternancia en el poder, no había afectado significativamente sus oportunidades de trabajo y el sector público o privado captaban el talento disponible con base en ofertas de prestaciones de trabajo u oportunidades de desarrollo personal. Por su alta especialización, este tipo de trabajadores suele moverse en un mismo sector.
La prohibición a trabajar en las empresas con las que hayan tenido relación como servidores públicos por diez años es una propuesta que pretende castigar a los justos por los pecadores. Seguramente será objeto de una acción de inconstitucionalidad.
Estadísticamente, la inmensa mayoría de los buenos servidores públicos, incluidos los mandos superiores, viven de su salario y al finalizar su vida productiva de sus pensiones precarias con varias agravantes, como la inestabilidad en el empleo, lo que provoca que muchos no reúnan las semanas de cotización por pertenecer a regímenes distintos de seguridad social, aunque hayan trabajado toda su vida en entes públicos. Muchos de los despedidos, aún con 30 años de trabajo, no tienen derecho a jubilación y con lo único que pueden sobrevivir una temporada es con el ahorro adicional, seguro de separación, hoy prohibido.
Un castigo más a los servidores públicos de los mandos de la 4T o del neoliberalismo, esta distinción es inaceptable, pero la hago porque el gobierno la utiliza constantemente en forma peyorativa. Si son separados del empleo no tendrán indemnización, ni ahorro, ni derecho a un trabajo digno en el sector que conocen. El servicio público no debe ser un castigo, sino un trabajo honorable retribuido dignamente. Vale.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I
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