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El 18 de mayo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Mejora Regulatoria que establece la obligación de las autoridades de todos los órdenes de gobierno de perfeccionar las regulaciones y simplificar los trámites y servicios, así como crear el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria (SNMR), los instrumentos, el catálogo nacional y establecer las obligaciones de los sujetos obligados en la materia, incluyendo los aspectos de tecnología de la información.
La mejora regulatoria consiste en una actividad permanente de revisión de la normatividad en un Estado administrativo para eliminar la discrecionalidad de su actuación, se genere certeza jurídica y para sea un instrumento eficiente en el impulso de la competitividad económica.
En torno al aniversario de esta Ley, el 6 de mayo de 2019, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México suscribió con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) un convenio de coordinación en la materia con la finalidad de promover un ambiente propicio para hacer negocios en la capital de la República y que la mayoría de los trámites se hagan por internet. Esto apoya la agenda digital de innovación pública.
La Ley establece los principios formales que deben regir a la regulación pública, la legalidad, la reserva de ley y la jerarquía normativa así como aquellos que tiendan a la mejora o impulso de la eficacia, eficiencia y economía de la actuación de los sujetos obligados, el menor costo posible al particular, el fomento a la competitividad y el empleo, la promoción de la libre concurrencia económica, el reconocimiento de asimetrías, la celeridad, la certeza jurídica, la coherencia, la armonización, la accesibilidad tecnológica y la oportunidad.
Los sujetos obligados son todas las entidades públicas de la Federación, estados, Ciudad de México, municipios y alcaldías pertenecientes a los tres poderes, los órganos con autonomía constitucional y los tribunales que no forman parte de los poderes judiciales.
La política de mejora regulatoria debe perseguir que la normatividad cause beneficios sociales superiores a los costos que genera su cumplimiento; no imponga barreras al comercio exterior, la libre concurrencia y la competencia económica; sea clara, modernice los trámites y servicios, ponga en el centro a la persona humana, mejore el ambiente para hacer negocios, facilite el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de derecho público, así como contribuya a su conocimiento y accesibilidad, entre otros fines.
El SNMR es una instancia de coordinación, en la que participan el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria (CNMR), los sistemas estatales, la CONAMER como secretariado ejecutivo, los sujetos obligados federales y el observatorio. La estructura es similar al Sistema Nacional Anticorrupción con algunas diferencias en tamaño y naturaleza de los órganos que lo integran.
El Consejo Nacional reúne a cuatro secretarías de Estado relacionadas con la materia, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, un representante de la Presidencia de la República y el Comisionado Nacional (adscrito a la Secretaria de Economía) que son la mayoría de los miembros, más cinco presidentes de los sistemas estatales y el presidente del observatorio. La instalación debe concluirse en agosto del 2019.
Este CNMR tendrá como invitados permanentes, con voz, pero sin voto, a los titulares de cinco órganos constitucionales autónomos, destaca la Comisión Federal de Competencia Económica, e invitados especiales a los representantes de cámaras y asociaciones empresariales, colegios, barras y asociaciones de profesionistas, organizaciones de la sociedad civil y de consumidores, así como académicos. El observatorio se integrará honoríficamente por cinco personas designadas por el CNRM y será una instancia de participación ciudadana.
Hay que destacar que las autoridades regulatorias, que deberán ser alrededor de tres mil, tendrán distinta naturaleza dependiendo de su pertenencia. En los ejecutivos será un órgano desconcentrado con autonomía técnica y operativa de la Secretaría de Economía Federal o los equivalentes estatales y será un órgano vinculado directamente con las instancias de gobierno en los poderes, tribunales, órganos autónomos, municipios y alcaldías.
Los sistemas de las entidades federativas deben reproducir la organización nacional y su funcionamiento estará condicionado a la expedición de una legislación local (incluso existe un modelo), cuyo plazo para promulgarla vence el próximo domingo. A la fecha, de acuerdo a la información de la página electrónica orden jurídico nacional de la Secretaría de Gobernación, sólo cuatro estados han elaborado una norma propia.
Este aniversario debe servir de recordatorio del trabajo pendiente. El éxito de los sistemas nacional y locales nos llevaría como sociedad a privilegiar los medios electrónicos para la multiplicidad de relaciones con los sujetos obligados. La mayoría de los trámites y servicios por la red es un ideal alcanzable que beneficia a las personas de menores ingresos. Además, es una herramienta efectiva para el combate a la corrupción de ventanilla, que es la que más afecta al ciudadano y la reducción de la discrecionalidad de los servidores públicos que es fuente de desvío de recursos.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I
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