El mercado de negro de medicina es enorme. El Universal mostró lo que todo mundo sabe (11-03-19) con un reportaje sobre la venta de productos farmacéuticos robados en Tepito y publicó cifras que muestran una realidad que no ha cambiado en los últimos veinte años. La moda es llamarle el huachicoleo médico y las causas son numerosas.
Hagamos una lista corta, no exhaustiva: a) tolerancia de las autoridades policiacas en la Ciudad de México y otras entidades federativas al comercio informal que en las grandes concentraciones aprovecha para la venta de mercancía de procedencia ilícita; b) la impunidad en que operan los traficantes de lo ajeno y de la piratería; c) la tolerancia social a este tipo de prácticas, que se fomenta por el comercio a plena luz del día de estos artículos; d) los precios altos de los productos originales por razones de regalías, derechos de autor, patentes o exclusividades comerciales; e) la multiplicidad de fugas, mayores y menores, en las instituciones públicas o privadas, entre otras. El análisis simplista lo reduce a etiquetarlo sólo como los efectos de la corrupción y la grilla gubernamental inculpa de todos los males a los neoliberales del pasado.
Lo cierto es que el “pueblo sabio y bueno” es la sociedad en la que se reproducen estas prácticas nocivas. Esto se explica por la extensa economía informal, que es un modus vivendi de la mayoría de las personas en nuestro país, y las estructuras de distribución y producción de bienes y servicios que existen fuera de la institucionalidad. Hay un círculo vicioso, que incluye a varias generaciones e involucra a toda la clase política de los últimos cuarenta años sin hacer distingos de partidos o banderas, que genera que haya comunidades y actividades excluidas de la institucionalidad en su totalidad.
La delincuencia organizada es la expresión extrema de esta realidad y no extraña que tenga “apoyo social” en las regiones, colonias o barrios en los que operan. También explica, en parte, la desconfianza de la población en las instituciones públicas que poco aportan a mejorar su situación que derraman sus beneficios, primordialmente, en la economía formal.
En ese sentido, mientras no haya estrategias efectivas de incentivos para que se transite a la formalidad económica, de afiliación a la seguridad social o incorporación al régimen fiscal a los contribuyentes potenciales que no declaran sus ingresos, ni sus actividades mercantiles, la ilicitud será una vía “legítima” de desarrollo individual y comunitario. Un núcleo familiar que vive por generaciones de una actividad económica informal aprecia a las ventajas de la formalidad como privilegios a los que injustamente no puede acceder y la supresión de los mismos es una acción correcta del Estado.
La cancelación de las transferencias a guarderías es aceptable por la mayoría que no tiene un empleo formal o cualquier reducción a los beneficios de la previsión o seguridad social no son impopulares en una población que en un amplio porcentaje no goza de estas protecciones. En el imaginario social, estos derechos sólo se obtienen por relaciones, suerte o circunstancias favorables y los pobres no las suelen recibir. Entonces, a quien las considera inalcanzables no le importa que otros las pierdan.
En este contexto, el programa piloto por 18 meses para las trabajadoras domésticas, ordenada por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inspirado en la película de Roma, según palabras del Director General del IMSS, (Tv Azteca, 07-03-19), en este momento, consiste en una incorporación voluntaria al régimen completo con todo y seguro de riesgos de trabajo, cuya prima depende de un registro de la siniestralidad en el hogar, que no existe y es casi imposible de calcular.
La idea fuerza del programa es “comprar tiempo IMSS” como si fuera el tiempo aire de un celular. Se paga un aseguramiento futuro en abril y se obtiene la protección por el mes siguiente. ¿El pago de una jornada reducida o 4 días de cotización al mes dan derecho a una operación de corazón abierto o a la atención de un embarazo en la semana 30? ¿Un pago mensual es suficiente para todo tipo de atención médica? ¿Cómo se computarán los tiempos de espera o la conservación de derechos? Evidentemente, las preguntas de los aspectos técnico-presupuestales y actuariales son numerosas, pero lo que llama la atención es que este beneficio se reduzca sólo a las trabajadoras domésticas y deje fuera a los trabajadores independientes y del campo, entre otras personas en circunstancias similares.
Estas acciones aisladas no combaten la informalidad económica, que es el origen de las injusticias que se cometen con los trabajadores no formales, y sólo tienen un efecto mediático. Este programa piloto abre la puerta al mercado negro en la “compra del tiempo IMSS”. Hay que reflexionarlo mejor para no fomentar un huachicoleo de la seguridad social.
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