Los tiempos cambian. En el 2000, era políticamente correcto afirmar que el Presidente proponía y el Congreso decidía. Hoy, lo que discuta y apruebe el segundo no importa. El Ejecutivo Federal se pasea por el país afirmando que el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) va a sustituir al seguro popular y todavía ni siquiera se discute la iniciativa de Ley en el Congreso de la Unión. Reyes Heroles diría que en política la forma es fondo.

Esto es trascendente porque después del memorándum presidencial en materia de salud, el 03 de julio, el Diputado Mario Delgado, en sintonía con el deseo presidencial, presentó una iniciativa que en esencia sólo distribuye facultades, responsabilidades y recursos entre los mismos actores. Un clásico gatopardismo legislativo, “cambiar todo para que nada cambie”.

La propuesta contiene los cambios siguientes:

a)Divide a los residentes en nuestro país en dos grupos, aquellos que gozan de seguridad social (que pagan por su salud) y quienes no gozan de la seguridad social y tienen derecho a los servicios médicos gratuitos y los medicamentos asociados y se establecen los procedimientos para evitar que las personas que gozan de seguridad social sean atendidas por las entidades y dependencias coordinadas por la Secretaría de Salud (SS),como el cotejo de padrones de derechohabientes y sanción de exclusión a quien acuda a los servicios médicos gratuitos y sea beneficiario de un servicio de seguridad social.

b)Determina que la SS puede prestar los servicios de atención médica. por sí o por entidades coordinadas (INSABI o Institutos Nacionales) y conserva el reparto de facultades tradicional en salud en el que la Federación realiza las funciones de normatividad, planeación y supervisión, primordialmente, y las entidades federativas las de operación.

c)Permite a las entidades federativas acordar con la SS para que ésta última se haga cargo de organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios, es decir, que se re-centralicen los servicios de salud (federalicen en el léxico presidencial), con lo que se revierte la estrategia de descentralización iniciada en 1987.

d)Elimina la corresponsabilidad de la población objetivo de la atención a la salud y todos aquellos que no gocen de seguridad social, sin importar su condición social o ingreso, tienen derecho a no pagar cuotas de recuperación, ni desembolso alguno con lo que se extiende la asistencia social a personas que no pertenecen a grupos vulnerables.

e)Establece que las transferencias federales a las entidades federativas en salud se harán directamente a las instancias responsables de operar los servicios médicos a cuentas bancarias productivas para su manejo y no podrán ser menores en términos reales a las que correspondan a la anualidad anterior. Además, propone desaparecer a los organismos públicos que manejaban los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS).

f)Consolida el cuadro básico y los catálogos de insumos para el segundo y tercer nivel en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud.

g)Sustituye los fondosde protección de gastos catastróficos y de infraestructura médica de alta especialidad por el de la atención a la salud y medicamentos gratuitos con finalidades similares, sin variar los porcentajes de financiamiento.

h)Las aportaciones federales y locales se calculan sobre la base del número de personas atendidas, así como de los servicios prestados y medicamentos dispensados a los mismos y se abandona el concepto de familias protegidas y, en su caso, la creación de reservas para la atención médica de primero y segundo niveles.

i)Transforma la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), que todavía esun órgano desconcentrado que dirige el llamado Seguro Popularen el INSABI, que será un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Salud .

j)Conserva la atención de tercer nivel a población abierta a cargo de los Institutos Nacionales y mantiene los sistemas de referencias y contra-referencias.

k)Fortalece los esquemas de transparencia y rendición de cuentas de los recursos destinados a la atención a la salud en las entidades federativas.

En el fondo, el modelo de atención a la salud propuesto es similar al existente con dos rasgos distintivos: se sustituye un sistema de aseguramiento público por uno de gasto presupuestal directo de asistencia social y se marca la pauta para la centralización del pago de la nómina y la adquisición de medicamentos e insumos médicos.

Nadie puede aspirar a tener resultados distintos si hace lo mismo. Hay que esperar otro sexenio más para avanzar hacia un modelo universal de atención a la salud con financiamiento único, paquete básico para todos los residentes en el país y suficiencia financiera. Sin más recursos efectivos, no sólo los rescatados de las prácticas corruptas, no se puede mejorar y extender realmente la protección y la calidad del servicio. Puro gatopardismo (continuará).

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I
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