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Durante décadas, en el sistema político mexicano la impunidad del pasado se ha convertido en la impunidad del presente y del futuro.
La tentación permanente de quienes detentan el poder político es el borrón y cuenta nueva. Yo perdono a mi antecesor que ha estado metido en actos de corrupción como una inversión a futuro: mi sucesor también habrá de expiarme.
En Guatemala le llaman ‘el Pacto de corruptos’.
La gran pregunta el día de hoy en México es quién ganará la elección presidencial del 1 de julio, pero inmediatamente después ¿quién irá a la cárcel y quién no?
Los candidatos se decantan respecto al castigo a los corruptos de la administración de EPN. AMLO habla de que justicia no es venganza. Anaya subraya que investigará a EPN y a su gabinete y que de encontrarse culpables irán a dar a prisión. Meade se resiste a deslindarse de EPN y advierte, sin lograr mayor credibilidad, que él está limpio.
La compleja y tortuosa construcción del Sistema Nacional Anticorrupción ha sido torpedeada desde adentro por los propios responsables de ponerlo en funcionamiento. Se ha postergado la designación de responsables de sus órganos ejecutivos, se ha socavado su capacidad operativa.
El pacto de corruptos opera en México. Hoy el gobierno de EPN ha perdido la capacidad de imponer a su sucesor y al mismo tiempo se ve totalmente rebasado por la violencia y el crimen organizado.
Es imperativo contar con un entramado institucional contra la corrupción y la impunidad, que pueda realizar su trabajo sin obstáculos desde adentro de la estructura del Estado.
La academia y los organismos de sociedad civil han posicionado en materia de corrupción e impunidad una agenda necesaria que transita por los siguientes puntos:
1. Revisión del modelo de seguridad pública, seguridad nacional y seguridad del Estado. La Ley de Seguridad Interior ha sido cuestionada por amplios segmentos de la sociedad y por organismos internacionales.
2. Política de drogas. Los candidatos evitan pronunciarse sobre el tema y declaran que es tema de una consulta. Ello equivale a la continuación del status quo: violaciones masivas a los derechos humanos por la aplicación del régimen global de prohibición de drogas.
3. Fiscalía autónoma: el uso faccioso de la actual PGR es una píldora envenenada —lejos de preparar el camino para la autonomía en la procuración de justicia se convierte en un instrumento para perpetuar la impunidad.
4. Mecanismo internacional de lucha contra la impunidad. En México no hemos hecho la tarea. Muchas voces dicen que no es necesario el acompañamiento de actores internacionales, de la ONU o de la OEA, que nosotros lo podemos hacer solos. La pregunta es ¿y por qué hasta ahora no lo hemos hecho?
5. Comisión de la verdad. Es amplio el clamor de un ente de este tipo para el caso Ayotzinapa, dado que el actual gobierno ha encubierto posibles responsables y obstaculizado las investigaciones. Podría sin embargo establecerse también para otros casos.
¿Qué tanto la lucha contra la corrupción desde la sociedad se traduce en fuerza política? Los centros de pensamiento, los organismos de sociedad civil y la academia han desarrollado una elevada capacidad técnica para investigar, para fundamentar sus tesis, para formular propuestas de política pública.
Para cambiar el juego hay que aprender las reglas, pero sin perder de vista que queremos cambiar el juego, es decir, terminar con el pacto de corruptos. Es absolutamente insuficiente apostarle a la honestidad de quien sea el titular del Ejecutivo. Y por lo tanto es imprescindible mantener vivo el pensamiento crítico y apostarle al desarrollo de instituciones que rindan cuentas, gane quien gane la Presidencia de la República.
Profesor asociado en el CIDE.
@ Carlos_Tampico
