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Con la llegada de AMLO a la Presidencia de la República se dará una importante rotación de las élites políticas e incluso de las cúpulas de negocios, sindicales, académicas y de todos los ámbitos de la sociedad.
Cambiarán también los rituales políticos: adiós a las camionetas de lujo. Se acabarán las comilonas con cargo al erario. Se pondrá fin a la legión de asesores, guaruras, choferes y ayudantes. Se acotará el pago de celulares y no habrá dinero para remodelar oficinas.
Apenas hemos alcanzado a atisbar el impacto de estas previsibles mutaciones. Hoy me ocuparé únicamente de los cambios dentro del gobierno federal.
El miércoles 8 de agosto dio inicio formal y oficialmente el proceso de entrega-recepción entre la administración saliente y el equipo de transición del presidente electo, aunque hubo reuniones informales desde el día siguiente de la victoria de AMLO en las urnas.
Hay más preguntas que respuestas respecto a qué les depara el futuro inmediato a los trabajadores y a los altos funcionarios de la administración pública federal a partir del 1 de diciembre de 2018.
Llama la atención la planeada mudanza de secretarías, entidades paraestatales y otras dependencias. Tanto altos funcionarios como empleados se preguntan: ¿se trata de una descentralización geográfica o de una desconcentración administrativa? ¿me tocará moverme de ciudad? ¿en qué período de tiempo? ¿quiénes de mi familia se irían y quiénes se quedarían en la Ciudad de México?
La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) advierte que de las treinta y tantas localidades seleccionadas para albergar Secretarías y otras dependencias federales, sólo seis ciudades cuentan con la oferta en vivienda y la infraestructura necesaria en vialidades y servicios para recibirlas.
Se trata de Guadalajara (Ganadería), Monterrey (Economía), Puebla (Educación), León (Trabajo), San Luis Potosí (SCT) y Mérida (Semarnat).
Habrá que ver qué dicen los expertos en urbanismo, los conocedores de nuestro sistema de ciudades y de su articulación, los expertos en sociología de las organizaciones y de las instituciones.
Luego viene el tema del presupuesto y del organigrama. ¿Me salvaré de la eliminación de subsecretarías?, ¿sobreviviré a las tijeras?, ¿o me volveré redundante? En la compactación de puestos, ¿me van a fusionar con base en la afinidad de tareas, o simplemente con el área que aparece al lado en el organigrama?
En nuestra tradición política, la cercanía física y el acceso al jefe lo es todo. No es que la asignación del espacio te dé estatus, es el estatus social mismo. ¿Me tocará en el mismo piso? ¿tendré oportunidad de verlo o me van a refundir al final del pasillo con la legión de godínez?
Otro indicador de la posición social es la superficie de la oficina. ¿Me van a dar suficiente espacio para mi equipo, o tendrán que instalarse en la sala de juntas?
Finalmente, el horario: ¿de verdad vamos a tener que venir los sábados? ¿y a qué hora voy a ver a mis hijos?
Es un error estigmatizar de manera generalizada a los altos funcionarios y a los burócratas. Como en todo conglomerado humano, allí hay personas capaces, dedicadas y responsables, y hay también quienes no lo son.
La conciliación trabajo-familia está dirigida a promover que los empleadores establezcan políticas de flexibilidad en espacios laborales y jornadas de trabajo, y otorguen servicios que apoyen a las y los trabajadores en la atención de sus responsabilidades familiares.
No le bastará al próximo gobierno con el carisma del presidente electo para convencer a los trabajadores que se muevan de aquí para allá. Es preciso alinear de manera inteligente los incentivos salariales, profesionales, familiares y personales.
Profesor asociado en el CIDE.
@ Carlos_Tampico
