La escena es brutal: una mujer trabajadora en un parque de entretenimiento esconde a su bebé en el baño porque no tiene donde dejarlo mientras labora.
La mujer es inmigrante y no tiene papeles que acrediten ni su estancia legal en el país, ni contar con permiso de trabajo. En una redada antimigrantes, a ella la meten presa y su bebé queda a cargo de un menor de doce años a quien llamaré José, que ni siquiera es su hijo, sino el prófugo de un hogar convulsionado por la pobreza, la ignorancia y la violencia doméstica.
Los padres de José han entregado a su hermana de 11 años a un hombre que le cuadruplica la edad, en un intercambio de explotación sexual comercial, a cambio de que éste los deje vivir en la azotea de un edificio decrépito. José no soporta que traten a su hermana como un objeto y se va a refugiar en la covacha donde vive la mujer inmigrante.
Ante la imposibilidad de cuidar del bebé tras un par de semanas, el niño de doce años entrega al bebé de menos de un año en manos de un traficante de menores, quien se hace pasar por amigo de la madre del pequeño. Finalmente, la policía y un organismo internacional de cuidado de la infancia rescatan al infante y lo devuelve a manos de su madre, quien permanece en la cárcel.
Todo esto ocurre en la película libanesa Cafarnaúm (https://bit.ly/2TXiBgM), pero al menos fragmentos de este relato reflejan lo que sucede en México.
Lo traigo a colación a propósito de la eliminación del Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadores en México, y su sustitución por un programa de transferencias directas no condicionadas a madres y padres de familia antes beneficiarios.
Como consecuencia de la decisión de terminar el programa y sustituirlo por transferencias, crece el clamor desde distintos sectores sociales: si han encontrado abusos, irregularidades y corrupción, sería positivo hacer público ese diagnóstico y proceder legalmente con las acciones pertinentes, pero ¿por qué matar el programa?
En suma, si hay casos de corrupción, éstos deben investigarse y sancionarse, pero lo que no procede es quitar el derecho de los niños y de las madres trabajadoras a contar con estancias infantiles dignas. Las madres trabajadoras necesitan el apoyo de las estancias infantiles.
Me parece estratégico apostarle a la construcción de instituciones y políticas públicas que ofrezcan ese servicio de forma universal, en vez de convertirlo en un asunto del ámbito privado. Se trata de facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar de las personas.
Las mujeres sustentan a la economía del cuidado y ello las lleva a realizar doble jornada laboral: cuidan a su pareja, se hacen cargo de la crianza de los niños, las tareas de cocina y limpieza, el mantenimiento general del hogar y el cuidado de los enfermos, y además complementan el ingreso familiar con su trabajo asalariado.
El Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes @SIPINNA es un organismo del Estado mexicano sectorizado en la Secretaría de Gobernación. Su Consejo Consultivo pone de relieve que el Estado tiene la obligación de actuar bajo los principios de no discriminación, el interés superior del niño/niña, el derecho a la vida y la supervivencia, y el desarrollo y participación infantil.
Los niños son la parte más frágil de la sociedad. Escuchando el clamor social, el gobierno de la República podría aprovechar para lanzar una política de desarrollo de la primera infancia, que incorpore un nuevo modelo de centros de atención integral a la niñez y de apoyo a las madres trabajadoras.
Profesor asociado en el CIDE.
@Carlos_Tampico