Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, en el Foro México 2018 declaró que “dar continuidad a las reformas estructurales, mejorarlas y complementarlas, junto con el desarrollo de una segunda ola de reformas, son las recomendaciones que el organismo pone en la mesa” (El Universal 12-03-18). Además, agregó que el reporte presentado “Prioridades estratégicas para México” se pone a disposición de los candidatos a la presidencia para que conozcan lo que dicha instancia internacional considera importante para nuestro país.
El inicio de las campañas será en plenas vacaciones de primavera (semana santa). Los que puedan escaparse estarán en la playa esperando las olas del cálido mar tropical que tantos turistas nacionales y extranjeros atraen, mientras que algunos de los candidatos y sus equipos estarán proponiendo la segunda ola de reformas a que se refiere Gurría y otros pensando en cómo detener o dar marcha atrás a los cambios de las últimas dos décadas.
El documento de la OCDE parte de un diagnóstico compartido: hay mucho que mejorar en la capacidad de respuesta, confiabilidad, apertura e integridad del sector público, así como tareas pendientes en el sistema judicial, la implantación del Sistema Nacional Anticorrupción y el combate a la delincuencia. Sin embargo, contrario a lo que proponen algunas fuerzas políticas, se inclina por la continuidad del proyecto modernizador-democrático-liberal, pero con un mayor desarrollo incluyente y sustentable en todas las regiones y ciudades del país.
¿En cuáles materias hay que enfocar la segunda ola de reformas? En varias. ¿En qué sentido hay que emprenderlas? Generar una mayor igualdad de oportunidades, un espacio social más libre e incluyente y una mayor certeza para el desarrollo económico y humano. ¿Cuál es la fuente de financiamiento del desarrollo? La inversión privada, no el gasto público. ¿Cuál es la vía? Profundizar los cambios iniciados en la década de los noventa y consolidados con el Pacto por México, suscrito por el PRI, el PAN y el PRD.
Las estrategias propuestas pretenden fortalecer la política fiscal, la gobernanza pública, el desarrollo regional, la educación y la salud de calidad, así como logar un mercado laboral más justo, políticas sociales más efectivas, mayor igualdad de género, un mejor medio ambiente y más aprovechamiento de la competencia económica.
Los desafíos son la superación de la pobreza, el rezago en el rendimiento educativo de algunas regiones y etnias, la baja cobertura en salud y la falta de vivienda digna y asequible. Los obstáculos del desarrollo y la superación de la desigualdad social son la inseguridad pública, la corrupción, los altos índices de informalidad de la economía, la existencia de prácticas competitivas y la falta de empoderamiento de la mujer. Hay tendencias favorables, pero insuficientes.
La comparación de México con los otros países de la OCDE arroja un desempeño mixto. Las brechas más amplias son en educación, instituciones e igualdad de género y son menores en alimentación, cambio climático y desarrollo comunitario sostenible. En todos los casos, hay un bajo desempeño en los objetivos de un desarrollo sostenido.
Las evidentes desventajas provocaron una profunda ola de reformas, que si bien son insuficientes todavía, lograron detener el deterioro y aminorar los efectos negativos de la globalización que sufrió Latinoamérica. Las políticas macroeconómicas han logrado mantener un crecimiento económico aceptable en el difícil entorno mundial. En algunos sectores, como las telecomunicaciones, aumentaron en más del 50% los suscriptores en telefonía móvil y las tarifas bajaron significativamente.
La primera ola de reformas no gustó a todos y dejó a ciertos grupos damnificados. Algunos tuvieron la capacidad de incorporarse con las estrategias de empleo formal y el impacto se aminoró por las tasas de desempleo más bajas en los últimos 10 años, pero la pérdida de privilegios o de la zona de confort, aunado a que los beneficios de la inversión en materia energética se verán reflejados en el mediano plazo, ha creado un ambiente social desfavorable a la continuación de esta ola.
Sin embargo, la segunda ola es inaplazable en materias como seguridad social, es decir, pensiones y salud, que requieren la universalización y la homogeneidad de las prestaciones para que toda la población goce de sus beneficios. El esquema de contribución atada al salario es insostenible, ya que sólo limita la incorporación de los jóvenes a la economía formal y genera incentivos para la evasión y sub-declaración. La subsistencia de regímenes deficitarios de las entidades públicas u organizaciones gestoras de servicios públicos (TELMEX) subsidiados presupuestalmente o por tarifas altas es injusta.
Lo anterior anticipa fuerte oposición a la segunda ola que propone la OCDE. Todos los candidatos irán a la playa, pero unos a impulsar la segunda ola y otros a intentar detener la primera. Esto último ya es imposible y se arriesgan a ser revolcados por el cambio del orden mundial, pero si ganan pueden retrasar la segunda. En este escenario, los perdedores serán los sectores de la sociedad que todavía viven en la informalidad económica y no acceden a los beneficios de la institucionalización, que es la mayoría. Ojo, mucho ojo si se prefiere una vuelta al pasado, ya que este deseo se puede convertir en una trágica realidad, como ya sucedió en Latinoamérica con su fracasado giro a la izquierda.