El destacable del inicio de año, es que los titulares de los entes estatales autónomos empezaron a participar activamente en la política de austeridad propuesta por el Gobierno de la República, que se concentró en el debate sobre las remuneraciones de los ministros, magistrados y jueces, así como de mandos superiores de órganos constitucionales autónomos, lo que no debe leerse necesariamente como una subordinación al Ejecutivo Federal, sino como una empatía con la voluntad manifestada por el electorado en las urnas, que exige un aparato administrativo público más eficiente y menos costoso. Hay conciencia en que la maquinaria pública debe funcionar mejor y que se deben corregir desvíos.
La estrategia de cada ente público ha sido diferenciada y ni siquiera ha sido unánime en el seno de sus órganos de gobierno. El debate interno en los Poderes Judicial y Legislativo, en el INAI, en la COFECE, en el INE, en el IFT, en el Banco de México, entre otros ha sido intenso y se ha reflejado en los medios de comunicación. Unos hacen énfasis en la garantía de autonomía que representa la irreductibilidad constitucional del salario durante el tiempo del encargo, otros en la especialización de la función, algunos en los aspectos laborales y muchos más en la competencia por el talento escaso entre las entidades públicas y las privadas en un mercado de trabajo abierto.
Los efectos de la política salarial del sector público han sido variados a través de toda la administración pública, tales como: retiros anticipados para evitar reducción de derechos pensionarios o montos indemnizatorios, renuncias voluntarias por la disminución de percepciones o prestaciones económicas, reestructuras administrativas y las consecuentes renuncias o la no renovación de la contratación de plazas eventuales o de personal por honorarios, auto-reducción de las remuneraciones, ajustes de prioridades con base en la disminución del presupuesto asignado y, por lo tanto, de plazas permanentes, la promoción de juicios de amparo colectivos o individuales de servidores públicos que gozan de la garantía de irreductibilidad de los salarios y la presentación de demandas laborales, entre otras.
Los hechos anteriores han sido registrados en la prensa nacional y quienes forjan la opinión pública se han pronunciado al respecto en apoyo u oposición con respecto al discurso gubernamental. Lo cierto es que la “batalla” contra la reducción salarial de los servidores públicos estaba perdida desde su inicio.
El nuevo gobierno tiene varios retos en el tema de la austeridad, vinculado específicamente con la disminución de salarios. Los que renunciaron o renunciarán por la afectación de sus ingresos serán absorbidos a distinto ritmo por el mercado laboral público o privado. Esto dependerá de su conocimiento especializado, así como circunstancias y relaciones personales y defenderán legítimamente, con base en su experiencia laboral, intereses distintos a los gubernamentales. Aunque se niegue hay una transferencia neta de talento que originalmente no favorece al sector público.
Los funcionarios públicos que se incorporen por primera vez al servicio o quienes accedan a puestos de mando desde áreas operativas, a pesar de su conocimiento académico y buenas intenciones, enfrentarán la curva natural de aprendizaje, que seguramente será exitosa, pero que lleva un tiempo de comprensión de la responsabilidad de tres a seis meses en promedio, que varía según las capacidades personales, pero que implicará un esfuerzo de profesionalización en el que deberá generarse apoyo con las instituciones educativas orientadas es este tipo de procesos de aprendizaje.
Además, las áreas jurídicas enfrentarán los juicios que se deriven de la posible afectación de derechos laborales que promuevan quienes se sientan afectados por estas acciones y las administrativas y presupuestales emplearán una parte considerable de sus recursos en los procesos de reestructuración y revisión de los procesos.
Todos los retos deberán atenderse y los resultados de esta acción serán favorables o desfavorables, atendiendo a las condiciones que se presenten. Nada es absolutamente eficiente o ineficiente, las medidas de gobierno y administrativas tienen ventajas y desventajas, oportunidades o amenazas y las organizaciones tienes debilidades y fortalezas. Una lectura adecuada de lo señalado permitirá que las primeras acciones de gobierno relacionadas con la austeridad sean relativamente exitosas.
Lo único cierto es que cualquier transformación que se proponga se hará con la máquina en marcha. El gobierno no se puede detener para corregir las desviaciones y debe continuar prestando servicios y dotando de bienes públicos. Ya sabemos a dónde quiere ir el maquinista, ahora es tiempo de ayudarle a que llegue a su destino. Hay que tomar en cuenta los reacomodos de las personas en los espacios público-privados, mayoría-minorías, gobierno-oposición, entre otros y desde la perspectiva de defensa de intereses legítimos contribuir al bienestar colectivo. La destrucción en si misma sólo presagia fracaso y parálisis del gobierno, que se pueden traducir en erosión del bono democrático del proyecto de transformación.
Miembro Electo del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I
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