Menos salario, más horas de trabajo. Esa es la advertencia que ha sido aplaudida por la opinión pública. Los trabajadores de confianza de la administración pública, según el imaginario social, son seres privilegiados que cobran mucho y laboran poco.
Más allá de estos prejuicios, primero hay que responder una pregunta: ¿Qué es un trabajador de confianza en la administración pública centralizada? Es aquella persona que FUNCIONALMENTE desarrolla actividades de dirección, manejo de recursos, supervisión, auditoría, entre otros, en los términos del artículo 5 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado .
Por lo tanto, la denominación de la plaza -confianza o base-no determina la calidad del trabajador que la ocupa, sino lo que efectivamente realiza . Las cifras divulgadas en los medios de comunicación sólo reflejan la forma en que se tienen registradas las plazas en la Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública.
Un trabajador de confianza participa directamente en la acción de gobierno como sucede con los policías, los auditores, los responsables de adquisiciones, los integrantes del cuerpo de gobierno de un hospital, una escuela o una institución de educación superior, los cajeros, los almacenistas, los custodios en un centro penitenciario, los soldados, los marinos y los inspectores y, por lo tanto, el derecho a la estabilidad en el empleo es limitado y no tiene derecho a su reinstalación en caso de un despido injustificado .
Un trabajador de base, por exclusión, es aquel que no participa directamente en el ejercicio de una facultad de autoridad, ni tiene personal bajo su mando . Este trabajador sí goza el derecho a la estabilidad en el empleo. En ese sentido, en caso de que sea despedido puede acudir a los tribunales y demandar su reinstalación. Además, la ley establece un procedimiento complejo para que proceda legítimamente el despido.
Luego hay que responder ¿Cómo se sabe quién es trabajador de confianza o de base? Esto se determina a partir de la actividad que realiza cada servidor público y generalmente se acude a los jueces para ello. Un trabajador que ocupa una plaza de “confianza” puede ser considerado por los tribunales trabajador de base y tener derecho a la reinstalación en el cargo y al pago de salarios caídos desde la fecha del despido hasta su reincorporación al puesto de trabajo.
Entonces, las cifras de 25 mil a 33 mil trabajadores de confianza que han sido publicadas en los medios, incluye a una diversidad de servidores públicos como los policías o inspectores, que forman parte del 70 por ciento del rango mencionado, el cual será recortado por las medidas de austeridad publicadas. Evidentemente, muchos de estos trabajadores tienen ingresos por debajo de los 15 mil pesos mensuales netos al mes.
En los últimos años, los trabajadores de confianza han sido protegidos de los vaivenes políticos con la implantación de los servicios profesionales de carrera: uno general, varios específicos (militares, servicio exterior, seguridad pública, procuración de justicia o judiciales) y otros institucionales. Estos esquemas meritocráticos no otorgan el derecho a la reinstalación, en caso de una separación del cargo sin justificación, pero sí a una indemnización correspondiente, que debe incluir, en su caso, salarios caídos.
Así, un servidor público que obtuvo la titularidad de una plaza por concurso tiene derecho a continuar en su trabajo bajo las mismas condiciones en que fue contratado y su despido o la reducción de las condiciones de trabajo dan derecho de acudir a los tribunales a solicitar la indemnización o el pago de las diferencias no pagadas por el patrón equiparado.
Otro tipo de trabajadores de confianza son los designados libremente por el superior jerárquico y que, en principio, pueden ser separados del cargo sin derecho alguno. Sin embargo, en caso de conflicto, el gobierno como patrón debe probar en juicio que el trabajador realizaba funciones propias del puesto, lo que no siempre ocurre y los tribunales ordenan la reinstalación y el pago de salarios caídos. Esto ha ocurrido incluso con mandos superiores.
Finalmente, existen los trabajadores de confianza que son nombrados por tiempo fijo y como parte de la garantía de autonomía que concede la Constitución o las leyes a estos nombramientos, es que las condiciones salariales no sean modificadas. Esto sucedió con el acuerdo que ordenaba la reducción del salario de los Consejeros del INE que fue revocado por el Tribunal Electoral.
Entonces, las plazas denominadas de “confianza” pueden ocultar una relación con un trabajador de base. La reducción del sueldo o prestaciones pueden dar origen a demandas exitosas para los servidores públicos afectados.
Los trabajadores de confianza que pertenecen a un servicio profesional de carrera tienen derecho a la indemnización si sufren una separación injustificada y a que se respeten sus condiciones de trabajo. Son la mayoría.
No todos los trabajadores de confianza reciben una remuneración digna, ni suficiente. Los que ganan más de un millón de pesos al año son alrededor 7 mil servidores públicos. Algunos de ellos desempeñan funciones trascendentes para el gobierno como el manejo de la deuda pública, la defensa nacional o el combate a la delincuencia organizada.
¿Complejo? Mucho. Falta mucho análisis a la propuesta de reducción de sueldo y recorte de los puestos de confianza. Lo primero es saber ¿quién es realmente trabajador de confianza? y ¿qué hacen los que realmente desempeñan un puesto de confianza? La descalificación sólo conduce a callejones sin salida.