El champurreo de las palabras es algo normal en el lenguaje del activismo político. Da igual gobierno que gobernanza o concluyen que la gobernanza excluye al gobierno. El supuesto es que el lector común del periódico o usuario de las redes sociales no conoce la diferencia.
¿Qué es el gobierno?
Es la dirección del Estado y la conducción social depositada en una persona o un grupo de personas en forma democrática, autoritaria o tradicional que obtiene impositivamente recursos de la comunidad y establece un orden conforme a un régimen jurídico determinado y para el cumplimiento de sus fines posee una administración pública.
¿Qué es la gobernanza?
“Es el proceso mediante el cual los actores de una sociedad deciden sus objetivos de convivencia —fundamentales y coyunturales— y las formas de coordinarse para realizarlos: su sentido de dirección y su capacidad de dirección”, según Aguilar Villanueva, en donde el gobierno es uno de los actores importantes e indispensable, pero pierde la centralidad que ostentaba en el hiperestatismo.
La definición de ambas permite identificar las diferencias:
Uno es un elemento esencial de todo Estado constitucional de derecho y la otra es una forma de ejercicio del gobierno en una sociedad democrática, en donde el primero requiere ser el depositario del ejercicio legítimo de la violencia para que exista un orden mínimo en beneficio de la población y la segunda un espacio de creatividad en la que las personas poseen igualdad de derechos y oportunidades para su desarrollo y logro de la felicidad.
De lo anterior se concluye que sin gobierno, no hay gobernanza. No sólo no son excluyentes, sino que son complementarios. Sin el primero, no hay posibilidad de la segunda.
Las cárceles, la policía, el ejército, la hacienda pública y todos los servicios públicos básicos deben existir con base a una organización jerarquizada, fuertemente reglamentada y burocrática. La eficiencia exige que apliquen ciertas técnicas de administración estratégica, pero esencialmente hay una gestión centralizada. La determinación de políticas públicas en materias relacionadas a las atribuciones del Estado mencionadas, deben incorporar la visión de otros actores para darle el enfoque de gobernanza al ejercicio del poder.
Sin un orden mínimo, no hay convivencia armónica. Evidentemente, sin este no hay posibilidad de justicia, desarrollo sustentable, equilibrio ecológico, política social incluyente, educación pública, seguridad social y un largo etcétera de tareas que ha asumido el Estado para mitigar la desigualdad que se genera por la competencia entre los individuos, la propiedad y las condiciones físicas e intelectuales de las personas.
Las atribuciones del Estado vinculadas con las facetas social y de desarrollo económico del mismo rinden mejores resultados si los actores principales son las organizaciones no gubernamentales y las empresariales y este es el espacio más favorable para la expresión más pura de la gobernanza y es conveniente la reducción del gobierno y la dirección vertical y burocrática.
Los activistas sociales y las organizaciones no gubernamentales pueden convertirse en aliados involuntarios de las expresiones más violentas o egoístas de la sociedad que utilizan todos los medios -injustos e inmorales- para acumular riquezas y poder si impiden que el Estado cumpla con sus funciones elementales de gobernar y de promover la participación de los demás actores sociales y económicos en la definición de políticas públicas. El radicalismo polariza a las sociedades y permite que los más gritones y audaces paralicen al gobierno, en una situación extrema lo conquisten en su beneficio y erradiquen la gobernanza como forma de ejercicio del poder. Las vanguardias que gobiernan suelen ser autoritarias y crueles con los individuos (la guillotina de la revolución francesa o los campos de concentración nazis y soviéticos). En el catecismo del revolucionario una estrategia es la profundización de las contradicciones para debilitar al gobierno.
En un Estado constitucional de derecho, las personas no gubernamentales ejercen facultades y recursos públicos sujetas a controles similares a los que se les aplica a las entidades gubernamentales y su comportamiento es institucional. Hay un respeto al actor gobierno que es quien provee el espacio mínimo para el debate público. Esto ha sido expresado por la Suprema Corte en diversas jurisprudencias (PC.I.A. J/75 A (10ª.)).
En ese sentido, extraña que los opositores a la Ley de Seguridad Interior utilicen a la gobernanza, que en su definición significa inclusión, para descalificar la opinión del resto de los actores. Cuando alguien alega que sólo el está bien y todos los demás equivocados hay algo sospechoso. El chantaje para exigirle el veto al Presidente (El Universal 18-12-17) de la mencionada ley es parte de una estrategia de todo o nada, blanco o negro, que busca introducir incertidumbre en la vida política. ¿A quién beneficia este radicalismo? ¿Quién es la mano que mece la cuna? Hagamos votos que no sean los más violentos y egoístas de la sociedad, a los que las instituciones les estorban para acumular más riqueza o hacerse del poder social por la vía no democrática.