En un Estado constitucional de derecho, heredero ideológico de otras formas de Estado, el liberal y el social de derecho, la libertad y la felicidad de la persona humana es el centro de su actuación. La autoridad no es un fin, es un medio al servicio de la colectividad para que ésta alcance el mayor bienestar posible con los recursos disponibles en una distribución equitativa de los mismos. Duguit, jurista francés de inicios del siglo XX, pensaba que cualquier actividad del Estado es un servicio público porque su función primordial es canalizar la solidaridad y el compromiso de los individuos con lo colectivo.
En este contexto, lo primero de un Estado legítimo políticamente es que promueva, garantice, respete y proteja los derechos humanos. Esto exige que la autoridad sea capaz de eliminar el mayor riesgo en una sociedad que el hombre sea el lobo de otro hombre. Lo esencial es que exista un orden mínimo para la convivencia armónica y esto requiere que el Estado ejerza dos atribuciones de gobierno básicas con eficiencia: la hacendaria y la de seguridad (nacional, interior y pública) y las funciones de control operen adecuadamente: la norma previa, el Poder Legislativo, y la resolución de conflictos, el Poder Judicial, que son los contrapesos naturales del Ejecutivo.
Sin orden jurídico efectivo, vigente y controlado en su aplicación no hay respeto a los derechos humanos, ni felicidad individual, ni bienestar social. La anarquía puede ser “divertida” y dar una falsa idea de libertad, pero es promovida por lobos -que a veces se disfrazan de tiernas ovejas- como los delincuentes, los avaros (explotadores del prójimo que sólo piensan en acumular riqueza sin ningún sentido social), los vividores sociales (cada lector ubique a quien se le ocurra, que son muchos) y los parásitos que no aportan nada a su familia, su comunidad, su país o la humanidad. Al final, toda anarquía conduce a la miseria y el conflicto en las que hienas carroñeras se aprovechan de la desgracia y el respeto a todo derecho humano es imposible.
De ahí, que sea congruente con la misión del Poder Judicial, en su conjunto, y de la Suprema Corte que su Presidente, el Ministro Luis María Aguilar, haga hincapié en que lo prioritario de la actuación de la función jurisdiccional sea la promoción y el desarrollo de los derechos de las personas, con un mayor énfasis en la perspectiva indígena, de la niñez, las mujeres, los adultos mayores, la discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género. (SCJN, 15-dic-2017).
Hay que destacar que institucionalmente hay una cooperación de los jueces con los militares y marinos. Nadie desconoce que han existido graves violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas -incluso hubo en su momento reconocimiento del General Secretario de la Defensa Nacional sobre el particular- pero hay que señalar que los altos mandos, con apoyo de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal han impulsado un mayor conocimiento y concientización de la importancia del Debido Proceso en un Estado constitucional de derecho.
Detener a los lobos (a los egoístas y sociópatas) no es tarea fácil. Es una labor complicada en razón a que el delincuente más sanguinario tiene derecho a ser tratado como persona humana. Hay que concederle lo que él niega a sus víctimas, el respeto a sus derechos humanos. La labor de seguridad es riesgosa siempre y hay una delgada línea entre la actuación correcta y la incorrecta, situación que aprovechan los lobos para continuar con la devastación del otro y aglutinan aliados: políticos que solicitan una amnistía, empresarios inescrupulosos que lavan dinero o venden mercancía de procedencia ilícita, promotores de la economía informal, malos servidores públicos y algunos tontos útiles que realizan un activismo sin sentido ni propósito.
El Estado constitucional de derecho en México sólo será una realidad palpable para la mayoría en la medida que, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, incrementen gradualmente la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos. No es tarea exclusiva de los jueces, señaló el Presidente Aguilar Morales, también es una labor de la sociedad civil organizada elegir correctamente sus batallas y no subirse en la defensa de cualquier causa, que el estorbo al ejercicio de la autoridad perjudica esencialmente a las personas que no reciben oportunamente la protección frente a la delincuencia.
En palabras del Presidente de la Corte, “para que el derecho sea una realidad se necesita contar con la seguridad que permita aplicarlo, y por eso la ley, por su naturaleza puede ser exigida coactivamente, sancionando al que no la cumpla”. Lo dicho, el primer derecho humano es que exista un orden jurídico vigente y efectivo. Trabajemos todos por ello.