Otra vez de sueldos y prestaciones en el empleo público

El tema de la reducción de salarios y prestaciones es recurrente y lo será hasta el primero de diciembre por la incertidumbre que ha generado entre los servidores públicos y sus familias, quienes también votaron, en una proporción mayoritaria, por el nuevo gobierno. La intención de acabar con los “lujos” de la burocracia es adecuada a los ojos de los seguidores del nuevo gobierno, el voto duro, aunque también puede resultar que el ahorro generado por estas medidas sea insuficiente para financiar todos los proyectos en puerta.

La visita de cada nominado para ocupar una secretaría a la casa de la transición –la peregrinación a la Roma- culmina con nuevos nombramientos, más proyecciones de gastos y siempre con cargo a la misma bolsa: la austeridad. Un día se mencionan las refinerías, otro el tren turístico de la península y otro más la construcción de 100 universidades públicas gratuitas. Cuando vaya el Dr. Jorge Alcocer serán hospitales, clínicas y medicinas gratuitas. Seguramente esto será la tónica de los próximos tres y medio meses.

Mientras tanto, el gobierno saliente aumenta los salarios de los soldados, o mejor dicho restituye parte del poder adquisitivo que perdió el ingreso de estos servidores públicos por los efectos de la inflación. Los altos mandos del ejército van a recibir, según un análisis del periodista Padgett León (radio fórmula), un 3.8 % retroactivo a enero que es inferior a la inflación anualizada. Esta retabulación aumentará el diferencial entre lo que van a ganar a partir de agosto y lo que debieran ganar en diciembre, según el tope salarial fijado.

Ningún servidor público podrá –hipotéticamente- recibir más de 108 mil pesos mensuales brutos, que será la percepción del presidente. Sin embargo, diariamente, brotan “asegunes”, complicaciones jurídico-técnicas difíciles de resolver. El ejército es uno de ellos, ya que los miembros de las fuerzas armadas no están sujetos a las leyes laborales, por exclusión expresa de la Constitución, lo que no significa que no tengan derecho a la estabilidad en el empleo y al haber. Hay un servicio profesional de carrera muy robusto con regulación estricta en el ingreso, promoción y retiro del cargo. Un ajuste a la baja de los tabuladores pudiera ocasionar que el personal en retiro recibiera sustancialmente más emolumentos que el activo, entre otros efectos no deseables.

La respuesta fácil a estos argumentos es que “aquél que no quiera servir a México en las nuevas condiciones, que renuncie”, pero no resulta sencillo si antes no se analizan los años de servicio y de edad para calcular el costo. Me explico: si la incertidumbre de la reducción salarial persiste, la propensión a la anticipación de la jubilación será mayor, puesto que un porcentaje no identificable en estos momentos pudiera optar pensionarse en estos meses; con lo que el gasto, en lugar de disminuir, aumentaría. Habría más pensionados y no necesariamente menos personal en activo, porque la necesidad del servicio no cambiaría y no se podrían “congelar” todas las plazas que entrarían en vacancia.

La conveniencia de jubilarse anticipadamente, hay que multiplicarlo por los trabajadores de los institutos de seguridad social y de las empresas productivas del Estado que tienen contratos colectivos que consideran la pensión dinámica. El incentivo a retirarse para quienes tengan los años de servicio y edad suficientes será muy alto. Esto puede ocasionar que una generación de profesionistas de alto nivel de especialización –aquellos entre los 45 y 60 años de edad- decidan dejar de prestar sus servicios en el sector público y dedicarse enteramente a la consulta privada. Esto sería una sangría considerable de experiencia y talento. La reducción de sueldos y prestaciones será recurrente. Tiene muchas aristas.

Algo similar pudiera ocurrir en el Poder Judicial de la Federación. Actualmente hay dos tabuladores para ministros: Aquellos nombrados antes de la reforma constitucional promovida por Calderón del artículo 127 del 2009 que prohibió los servidores públicos obtuvieran un sueldo superior al Presidente de la República y los electos entre 2009 y 2017. En diciembre de 2018 habrá un tercero, aquel que resulte de aplicar el tope anunciado. Las políticas salariales que introducen diferencias de ingreso entre personas que realizan una misma función o aquellas que generan que los pensionados reciban más que los trabajadores en activo no son convenientes. El tema de la reducción de salarios y prestaciones de la burocracia será recurrente, por lo efectos distorsionantes en el empleo público y porque es una fuente de legitimación del proyecto político del nuevo gobierno ante su electorado.