La calificadora Moody´s alertó sobre la baja probabilidad de éxito de la política energética que ha trazado, a muy grandes rasgos, el gobierno en transición. “La construcción de nuevas refinerías distraería recursos que PEMEX necesita dedicar de manera primordial a la producción de petróleo y gas…” (El Universal, 24-07-18).
Con independencia de las promesas de nombramiento a Rocío Nahle , Romero Oropeza y Bartlett Díaz (cuestionado en las redes sociales), en el ambiente hay un claro mensaje de dar marcha atrás a la reforma en materia económica que abrió el mercado de los hidrocarburos y la electricidad a los particulares y a los inversionistas extranjeros. El defensor de la industria eléctrica nacional desde el Senado, hoy próximo director de CFE, ha declarado en múltiples medios que esa empresa productiva del Estado no va a comprar electricidad a los proveedores privados, lo que le pega al corazón del cambio estructural promovido en los últimos 20 años.
La rehabilitación de las refinerías en el escenario actual de un PEMEX debilitado por la carga de la deuda, el burocratismo excesivo, el sindicalismo histórico y la falta de capital propio para invertir, parecen una tarea imposible e improductiva en un mercado internacional saturado y con una tendencia a la sustitución del motor de combustión interna y el impulso de energías limpias como la solar, geotérmica o eólica.
La construcción de nuevas refinerías sólo es atractiva por la creación de empleos directos que este tipo de obra pública conlleva, pero su impacto en el rescate de la empresa mexicana esperablemente es reducido. La clásica política keynesiana propia de la social democracia aderezada con el nacionalismo revolucionario de los ochenta del siglo pasado propone abrir y cerrar hoyos con recursos presupuestales, que son escasos, y los ahorros calculados por las medidas de austeridad, ya se propusieron gastar varias veces en distintos compromisos de campaña.
La estrategia tiene los inconvenientes de que no hay capital de inversión en PEMEX y los remanentes de la operación son transferidos a la SHCP para completar los compromisos del gasto público, los no programables, es decir, aquellos irreductibles como son el pago del servicio de la deuda pública, las pensiones y las participaciones a las entidades federativas.
La estructura del endeudamiento de la empresa productiva del Estado, según Moody´s , no soporta mayores préstamos y la factibilidad de aumentar la producción de crudo en un tercio es baja por lo que no habrá recursos frescos, ni mayor liquidez. Parece complicado que el proyecto sea financiable con recursos públicos.
El experto en materia energética, Arturo Carranza, opina que si bien la estrategia de aumentar la capacidad de refinación de PEMEX es congruente con una política de seguridad energética, la experiencia internacional indica que este tipo de proyectos tienen una duración superior a los tres años y sus beneficios se reflejan en el mediano y largo plazos. Además, debe complementarse con políticas públicas de energía verde.
En este escenario, los trabajadores al servicio del Estado, en voz del líder de la FSTSE, ofrecieron financiar el programa de construcción y rehabilitación de refinerías con los 200 mil millones de pesos que tienen ahorrados en sus cuentas individuales en el PENSIONISSSTE. También, esos recursos pueden utilizarse para financiar la edificación de viviendas para los trabajadores que se reubiquen como parte de la descentralización (sic) de la administración pública.
El “nosotros sí le entramos al proyecto” con el dinero del ahorro para el retiro de los cuentahabientes es un gesto de apoyo al gobierno entrante. Válido políticamente, sin embargo, hay que reflexionar que esos recursos serán utilizados, eventualmente, para el pago de pensiones y su inversión debe realizarse en condiciones de certeza y mayor rendimiento posible. No hay que perder de vista que existe el derecho de cambiar de AFORE y aquella que no dé tranquilidad puede verse afectada por traspasos a otras AFOREs.
El proyecto de desarrollo de la industria energética es complejo. Hay que esperar que los propuestos a ocupar los órganos directivos de la SENER, PEMEX y CFE tomen posesión y conozcan con precisión realidades y cifras para que puedan marcar con objetividad rumbos y tiempos. El presupuesto de 2019 disipará muchas dudas, pues es donde efectivamente se fijan las prioridades. No conviene mezclar lo político –seguridad energética- con lo económico, ahorro de los trabajadores. Sólo si son proyectos rentables es procedente que las SIEFORES inviertan, lo contrario es poner en riesgo la solvencia económica futura de las generaciones jóvenes de trabajadores.