Ni tanto que queme al santo. La gobernanza y administración pública

El miércoles pasado participé en una mesa de trabajo sobre Élites en proyectos urbanos y metropolitanos en la Reunión Nacional de Administración Pública, celebrada en Guadalajara, en el CUCEA, con patrocinio de la Universidad de Guadalajara, del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno y del INAP. En este encuentro se reunieron estudiosos de la materia, procedentes de toda la República Mexicana y algunos académicos extranjeros para revisar temas relacionados con la Administración Pública en 9 ejes.

La Reunión se abrió con la conferencia magistral de la Dra. María del Carmen Pardo quien, en síntesis, propuso revisar los resultados de la Nueva Gerencia Pública, no abandonarla como propuesta técnica-financiera, pero enriquecerla con la visión política de la gobernanza. La administración pública es el núcleo central de la acción del Estado y su papel es trascendente con una reorientación hacia lo social y el bienestar colectivo. El Estado debe reivindicar una de sus funciones esenciales: la administración de lo colectivo.

El mensaje es muy claro: ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. La acción puramente ideológica, la vuelta al pasado que no daba ninguna importancia a la eficiencia, eficacia y economía, no es la ruta, pero también la continuidad tecnocrática está deslegitimada. El proyecto modernizador de la administración pública es viable sólo si incorpora una orientación hacia una sociedad más igualitaria, más democrática, en la que los servicios públicos se extiendan al mayor número posible de personas en condiciones de sustentabilidad del desarrollo.

La incorporación permanente de estrategias de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana es la ruta para la superación de las carencias de la nueva gerencia pública. En los últimos años, se ha trabajado en el fortalecimiento de las garantías de respeto a los derechos de buen gobierno y seguimiento de la acción gubernamental, pero todavía es insuficiente.

Este diagnóstico del estado del desarrollo administrativo no se puede reducir a la pretensión simplista de explicar todo por la corrupción o la existencia de un acuerdo clasista en contra del pueblo o un cartel de empresas nacionales y extranjeras conspirando con los servidores públicos para desangrar las venas de nuestro país. Estas explicaciones son propias de una CEPAL revolucionaria de las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado.

Sin embargo, durante mi participación en la mesa de trabajo referida, la mayoría de las ponencias estaban orientadas a probar la existencia de mafias ocultas, élites agazapadas en las distintas obras de infraestructura, que iban a ser develadas con resultado del trabajo académico.

Hubo frases de fábula “la ciclovía es inconveniente porque la promovieron los empresarios del sector turístico y es clasista -cualquier cosa que eso signifique”, “la obra pública construida por empresas extranjeras es inaceptable”, “los proyectos de mega-infraestructura deben detenerse si afectan las tradiciones de algún barrio”, “los fideicomisos públicos no deben utilizarse para financiar obra pública, todos son opacos”, “toda ganancia en un proyecto de infraestructura es corrupción”, “el consorcio empresarial automotriz-construcción son el motor oculto en la construcción de vialidades en las ciudades y en el país”, “sí, hay importantes problemas de movilidad en las ciudades, pero hay que retrasar o interrumpir cualquier proyecto hasta que no haya una planeación integral”, “la competencia política y la reelección de autoridades, por si mismas, resolverán los problemas de movilidad, medio ambiente, agua y seguridad pública en las ciudades”, “si a los habitantes de Guadalajara municipio no les conviene un proyecto que involucra a la zona metropolitana, mejor será diferirlo o suspenderlo”, “en el 2000, en la Cd. Mx. empezó a gobernar un proyecto político, que hizo un nuevo consenso político y desplazó a consorcio empresarios-burócratas de la planeación urbana, que mejoró sustancialmente la vida en esa urbe” y un largo etcétera vinculado con campañas políticas, preferencias o “luchas” políticas personales o un neoconservadurismo que aboga para que nada cambie, a pesar de que el crecimiento demográfico lo arrolla.

Esta visión de lo que debe ser una Ciudad hubiera dejado sin Túnel Emisor Oriente al Valle de México, que tiene un avance de más del noventa por ciento, sin la expansión de las líneas del metrobús en la Cd. Mx., sin la construcción del nuevo aeropuerto o el tren México-Toluca, el tren rápido de Guadalajara, las super-vías norte y sur de la Ciudad de México, entre otras obras.

En 1982, la enorme crisis en la que nos hundió el populismo interrumpió el desarrollo de la infraestructura por más de quince años, en 1996 la reforma administrativa (PROMAP), basada en la Nueva Gerencia Pública permitió la reorganización del sector público bajo criterios de eficiencia y economía y la creación de condiciones administrativas financieras para volver a impulsar la construcción de infraestructura a partir del 2003 al 2018. Hay que corregir algunos excesos del gerencialismo, sin duda, pero no descalificar lo que se ha hecho que sólo son alivios indispensables para los crecientes problemas de movilidad, protección al medio ambiente, agua potable, seguridad y desarrollo urbano. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbreEl miércoles pasado participé en una mesa de trabajo sobre Élites en proyectos urbanos y metropolitanos en la Reunión Nacional de Administración Pública, celebrada en Guadalajara, en el CUCEA, con patrocinio de la Universidad de Guadalajara, del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno y del INAP. En este encuentro se reunieron estudiosos de la materia, procedentes de toda la República Mexicana y algunos académicos extranjeros para revisar temas relacionados con la Administración Pública en 9 ejes.

La Reunión se abrió con la conferencia magistral de la Dra. María del Carmen Pardo quien, en síntesis, propuso revisar los resultados de la Nueva Gerencia Pública, no abandonarla como propuesta técnica-financiera, pero enriquecerla con la visión política de la gobernanza. La administración pública es el núcleo central de la acción del Estado y su papel es trascendente con una reorientación hacia lo social y el bienestar colectivo. El Estado debe reivindicar una de sus funciones esenciales: la administración de lo colectivo.

El mensaje es muy claro: ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. La acción puramente ideológica, la vuelta al pasado que no daba ninguna importancia a la eficiencia, eficacia y economía, no es la ruta, pero también la continuidad tecnocrática está deslegitimada. El proyecto modernizador de la administración pública es viable sólo si incorpora una orientación hacia una sociedad más igualitaria, más democrática, en la que los servicios públicos se extiendan al mayor número posible de personas en condiciones de sustentabilidad del desarrollo.

La incorporación permanente de estrategias de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana es la ruta para la superación de las carencias de la nueva gerencia pública. En los últimos años, se ha trabajado en el fortalecimiento de las garantías de respeto a los derechos de buen gobierno y seguimiento de la acción gubernamental, pero todavía es insuficiente.

Este diagnóstico del estado del desarrollo administrativo no se puede reducir a la pretensión simplista de explicar todo por la corrupción o la existencia de un acuerdo clasista en contra del pueblo o un cartel de empresas nacionales y extranjeras conspirando con los servidores públicos para desangrar las venas de nuestro país. Estas explicaciones son propias de una CEPAL revolucionaria de las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado.

Sin embargo, durante mi participación en la mesa de trabajo referida, la mayoría de las ponencias estaban orientadas a probar la existencia de mafias ocultas, élites agazapadas en las distintas obras de infraestructura, que iban a ser develadas con resultado del trabajo académico.

Hubo frases de fábula “la ciclovía es inconveniente porque la promovieron los empresarios del sector turístico y es clasista -cualquier cosa que eso signifique”, “la obra pública construida por empresas extranjeras es inaceptable”, “los proyectos de mega-infraestructura deben detenerse si afectan las tradiciones de algún barrio”, “los fideicomisos públicos no deben utilizarse para financiar obra pública, todos son opacos”, “toda ganancia en un proyecto de infraestructura es corrupción”, “el consorcio empresarial automotriz-construcción son el motor oculto en la construcción de vialidades en las ciudades y en el país”, “sí, hay importantes problemas de movilidad en las ciudades, pero hay que retrasar o interrumpir cualquier proyecto hasta que no haya una planeación integral”, “la competencia política y la reelección de autoridades, por si mismas, resolverán los problemas de movilidad, medio ambiente, agua y seguridad pública en las ciudades”, “si a los habitantes de Guadalajara municipio no les conviene un proyecto que involucra a la zona metropolitana, mejor será diferirlo o suspenderlo”, “en el 2000, en la Cd. Mx. empezó a gobernar un proyecto político, que hizo un nuevo consenso político y desplazó a consorcio empresarios-burócratas de la planeación urbana, que mejoró sustancialmente la vida en esa urbe” y un largo etcétera vinculado con campañas políticas, preferencias o “luchas” políticas personales o un neoconservadurismo que aboga para que nada cambie, a pesar de que el crecimiento demográfico lo arrolla.

Esta visión de lo que debe ser una Ciudad hubiera dejado sin Túnel Emisor Oriente al Valle de México, que tiene un avance de más del noventa por ciento, sin la expansión de las líneas del metrobús en la Cd. Mx., sin la construcción del nuevo aeropuerto o el tren México-Toluca, el tren rápido de Guadalajara, las super-vías norte y sur de la Ciudad de México, entre otras obras.

En 1982, la enorme crisis en la que nos hundió el populismo interrumpió el desarrollo de la infraestructura por más de quince años, en 1996 la reforma administrativa (PROMAP), basada en la Nueva Gerencia Pública permitió la reorganización del sector público bajo criterios de eficiencia y economía y la creación de condiciones administrativas financieras para volver a impulsar la construcción de infraestructura a partir del 2003 al 2018. Hay que corregir algunos excesos del gerencialismo, sin duda, pero no descalificar lo que se ha hecho que sólo son alivios indispensables para los crecientes problemas de movilidad, protección al medio ambiente, agua potable, seguridad y desarrollo urbano. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre.