La integración de la Cámara de Diputados incluye 46% de personas que carecen de título profesional y menos del 1% de las mujeres posee el grado de Doctor. Esta cifra la presenta el Excélsior y las periodistas agregan que "aunque la Constitución no exige requisitos de escolaridad para ocupar una curul, la preparación académica resulta relevante para las labores legislativas" (Excélsior, 18-08-2018). En un reportaje del 2015, respecto a la legislatura 2015-2018 se decía que era la que menos nivel educativo tenía en la última década con el 79% de universitarios, puesto que la de 2012-2015 tenía el 83%, la de 2009-2012 el 90% y la de 2006-2009 el 87%. (El Universal, 29-09-2015).
La afirmación de que el nivel académico debe ser más alto exige una reflexión más profunda. La escolaridad promedio de la población en México es de 9.1 años y sólo el 22% tiene estudios universitarios concluidos. El porcentaje de doctores es menor al 1 %. Esta es nuestra realidad y la representación política suele ser un reflejo de la misma. No es factible, ni necesariamente deseable, que los órganos legislativos sean integrados sólo por personas que sean especialistas en derecho constitucional y expertos de la gestión de lo público, ni que hayan pasado por las aulas de la educación superior. Tal vez el desprestigio de los legisladores provenga de que cuentan con estudios universitarios o al menos así lo indica una lectura superficial de las cifras.
La inclusión de un requisito académico a los ciudadanos que pretenden ser diputados sería una limitación al ejercicio del derecho electoral activo, el derecho a ser votado, y es inadmisible en una democracia que pretende la igualdad del hombre frente al Estado, que se re-introdujera este sesgo a favor de un grupo poblacional minoritario.
Los diputados, que representan los intereses de la población en general, y los senadores que hacen lo propio con los estados, según la teoría clásica del federalismo, deben ser capaces de llevar la voz de sus mandantes a los órganos legislativos y allegarse de los elementos de apoyo suficientes para cumplir cabalmente con esta misión. Son, antes que otra cosa, políticos que aportan su visión personal en la conducción de las tareas del Estado y que pretenden interpretar la voluntad de su electorado para buscar ser ratificados en el cargo mediante el voto por la figura de la reelección, que será posible en los comicios federales de 2021 o 2024, respectivamente.
Para tal efecto, como órganos colegiados, las cámaras deben destinar recursos a la contratación de personal técnico que los apoye en el trabajo legislativo que es un contrapeso al que corresponde a la administración pública federal. Hay dos modelos de asesoría parlamentaria: la integración de cuerpos profesionalizados reclutados y promovidos por méritos bajo las reglas de un servicio de carrera y la contratación directa por cada legislador de expertos de su confianza que lo orienten en la toma de decisiones. Son instancias, con actividad discontinua, dos periodos de sesiones, y trabajo en comisiones que exige disponibilidad de información y estudios especializados en una infinidad de materias. Aun suponiendo, como sucedió en anteriores legislaturas, que el grado de escolaridad fuera alto, no es suficiente para cubrir la gama de conocimientos requeridos en el trabajo legislativo.
En contraste, el aparato administrativo del Poder Ejecutivo y los órganos constitucionales autónomos, así como los miembros de los órganos jurisdiccionales están conformados por personas que debieran poseer un alto grado de capacidades técnicas y ser conocedores a profundidad del encargo público que se les confiere por designación o elección indirecta. El principio básico es la profesionalización, la excelencia, la objetividad, la imparcialidad y la independencia.
En ese sentido, no es extraño que la preparación académica de los servidores públicos sea superior en todos sus niveles al resto de la población y que haya una exigencia de preparación profesional mínima. Esta circunstancia otorga a las burocracias ventaja sobre los órganos de representación política, cuando estos últimos no cuentan con expertos a su servicio para equilibrar la disponibilidad de información sobre los problemas nacionales.
No se puede pedir que el representante popular sea un erudito o un académico consumado. Su función primordial es identificarse con la mayoría de su electorado y ser capaz de llevar al seno del órgano colegiado las aspiraciones y deseos de su región, gremio, etnia, género o grupo poblacional. Por eso llama la atención que, en una cámara de diputados donde el grado académico de sus integrantes es inferior a las anteriores, una de las principales propuestas sea reducir el número de los expertos que les aportan conocimientos especializados. Esto puede aumentar su desventaja frente al aparato administrativo que deben limitar y para establecer posturas de defensa de los intereses de sus representados.
Un avance en el trabajo legislativo de los diputados, apoyado en su momento por el ahora senador Martí Batres, fue la creación de los centros de estudio permanentes, a saber, finanzas públicas, opinión púbica y derecho e investigaciones parlamentarias, que proveen de elementos de decisión a los diputados de los distintos partidos políticos. Los espacios de reflexión académica son esenciales para la independencia de los órganos legislativos en el mundo.
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