Siempre es recomendable antes de iniciar un viaje largo por carretera pasar a revista el automóvil. Lo básico es la alineación y balanceo de las llantas para que el rodamiento no las desgaste en forma desigual. Lo mismo sucede con una administración y, en México, sucede cada seis años. El Presidente entrante, con o sin mayoría en el Congreso, la solicita y concede un ajuste a la organización y un reacomodo de las fuerzas burocráticas.
Liébano Saénz, en su libro “La Presidencia moderna”, hace un análisis de la forma en que cada Presidente arma su equipo y cómo lo coordina desde la Oficina de la Presidencia. Esto es posible jurídicamente porque la organización del círculo cercano al Poder Ejecutivo, sus órganos de apoyo, son tantos como él decida y alcance el presupuesto que se le asigne.
La novedad, desde el sexenio de Peña Nieto, es que a dicha oficina se le asignaron funciones específicas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), adicionales a las tradicionales, con el propósito de fortalecer su presencia e influencia entre las dependencias y entidades. La principal tarea, que es muy importante, es fungir como secretariado de los gabinetes y dar seguimiento a los acuerdos con el Presidente de la República.
En la iniciativa de reformas del mencionado ordenamiento, lo destacable es un efecto centralizador en la figura del Presidente y sus allegados que se manifiesta en las propuestas siguientes:
Conceder a la Oficina de la Presidencia la facultad de dirigir y supervisar a los delegados de los programas de desarrollo (los llamados superdelegados) en las entidades federativas (hoy la ejecución de programas federales en los Estados es supervisada sólo por las dependencias y entidades, que informan directamente al Presidente). Hay que señalar que la estructura de estas delegaciones será determinada de la misma forma en que actualmente se lleva a cabo para cualquier estructura de la Administración Pública Federal, es decir, con la intervención de las Secretaría Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), en su carácter de globalizadoras, y con base en una propuesta que se presente a la consideración del Ejecutivo.
Dar a la Oficina de la Presidencia la facultad de definir la política digital (hoy facultad de la SFP) y la de comunicación social del Gobierno Federal (hoy son responsabilidad de oficinas adscritas directamente al Presidente por acuerdo administrativo).
Otorgar a la Oficina de la Presidencia la facultad de "difundir y proyectar a la memoria de la Nación", con lo que renace la idea de la crónica oficial, cuyo último impulsor fue Salinas de Gortari.
La creación de los superdelegados tiene el propósito de alinear los programas y recursos federales a una estrategia de gasto social dirigida desde el Palacio Nacional al más puro estilo del esquema de Solidaridad del sexenio de 1988-1994. La duplicidad de programas, los patrones de beneficiarios no confiables y la falta de coordinación de la acción de las dependencias en las entidades federativas se pretenden superar con esta concentración de información y poder, aunque esto puede ocasionar, eventualmente, un desequilibrio de fuerzas entre la Federación y los Estados.
También se propone, en la iniciativa, un balanceo entre las dependencias, en el cual:
La SHCP obtendrá una mayor fuerza con el nombramiento directo de los titulares de las “nuevas” unidades de administración y finanzas (hoy todavía Oficialías Mayores), la determinación del modelo organizacional de las mismas, la responsabilidad del manejo del sistema de información de padrones gubernamentales (beneficiarios de los programas sociales), la facultad para llevar a cabo, excepcionalmente, adquisiciones consolidadas y la rectoría de la política de desarrollo administrativo.
La SFP se concentrará en sus funciones de auditoría, responsabilidades, evaluación y control interno y en la reorganización de los órganos internos de control que pasarán a depender presupuestalmente de esta Secretaría (un proceso de gran complejidad) y dejará de fijar la política de contratación pública y traspasará el manejo de los padrones gubernamentales mencionados. Hay que señalar que los órganos internos de control están subordinados normativa y funcionalmente a esta Secretaría desde la reforma de 2017.
La Secretaría de Gobernación (SEGOB) se divide y se crea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadanas (SSPC). Además, dejará de dictar la política de comunicación social (pasará a las Oficinas de la Presidencia) y de manejar la información de seguridad nacional.
El Centro de Investigación de Seguridad Nacional se trasformará en Centro Nacional de Inteligencia y cambiará de adscripción a la SSPC.
El Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la facultad de nombrar a los titulares de las áreas jurídicas de las entidades y dependencias (hoy sólo opina lo que en la práctica es un veto).
En todo balanceo unos ganan y otros pierden. Unos asumirán más facultades y otros verán reducidos su margen de acción. El resultado es el reflejo de las auténticas fuerzas dentro del equipo cercano de trabajo del nuevo presidente. Ya veremos cuál es el resultado del debate en el Congreso de la Unión. Al comienzo del viaje del nuevo sexenio, la administración pública federal pasa a la alineación y balanceo tradicional. Vale.