“Un juez federal admitió el primer amparo contra el desabasto de combustible en la Ciudad de México y ordenó al gobierno que garantice a todos los ciudadanos una adecuada y suficiente distribución y suministro de gasolina en las estaciones de todo el país… concedió una suspensión provisional que, aclaró, no implica la apertura de los ductos de Petróleos Mexicanos… precisó que la medida busca que el gobierno federal implemente las medidas necesarias para que todas las estaciones de servicio del país tengan gasolina suficiente para satisfacer la demanda…” (El Universal, 15/01/2019)

¡Qué nota! ¡Puro realismo mágico! En la narrativa de la sentencia se incluyen elementos fantásticos, irreales o, si se quiere, surrealistas en un asunto que se percibe como natural y posible. El personaje que promueve el juicio de amparo, que seguramente procuró que la información llegara a los diarios, argumenta con gran claridad para integrar el mito que el derecho todo lo puede ante un problema del mercado o una falla en la acción del gobierno.

En “El Aleph” de Jorge Luis Borges, el narrador encuentra en un sótano, un punto de comprensión de lo infinito; en “Cien Años de Soledad” de Gabriel García Márquez, los personajes habitan dos mundos paralelos que se ven, pero no se tocan; en “La Guerra del Fin del Mundo” de Vargas Llosa, las cruzadas medievales resurgen en un confuso milenarismo en pleno siglo XIX; en “Pedro Páramo” de Juan Rulfo, los muertos en sus tumbas murmuran sus desventuras y ambiciones del cacique; en “Aura” de Carlos Fuentes, una mujer fantasmal hace el amor apasionadamente con un joven historiador impresionado por su belleza. Esa es la expresión literaria del realismo mágico en Latinoamérica.

El juicio de amparo promovido y la suspensión provisional otorgada se acercan peligrosamente a esta escuela literaria difundida con gran fuerza en nuestro país en los años ochenta y noventa entre los jóvenes. No es cercano al teatro del absurdo de Ionescu, no es la sinrazón. El razonamiento del juez es contundente y preciso dentro de la lógica de la defensa y promoción de los derechos humanos que obliga el artículo primero constitucional a todas las autoridades.

El realismo jurídico, la sentencia de un juez que determina el alcance de la norma, se puede transformar en una buena intención, incluso fantasía, cuando desde su escritorio pretende que se resuelva una circunstancia que requiere más que la simple voluntad. El gobierno ha actuado frente a la emergencia con los recursos a su disposición y la suspensión provisional o definitiva e incluso el amparo y protección de la Justicia de la Unión que eventualmente se conceda no tienen la fuerza para modificar la situación del mercado ni el combate al huachicol.

Dos realidades paralelas. La gubernativa-económica y la judicial que se ven, pero no hay un nexo efectivo. La función jurisdiccional se desgasta cuando invade terrenos que no le corresponden, aunque haya buena intención o propósito de ejemplaridad. La distribución de combustibles tiene factores que no se pueden modificar con una actuación judicial o una sentencia.

Con base en el amparo que, en su caso se conceda, ¿se aumentará mágicamente la inversión pública y privada en la construcción y mantenimiento de bases de almacenamiento y refinerías o habrá 500 pipas disponibles para sustituir a los 17 mil kilómetros de ductos y abastecer en su totalidad la demanda de la Ciudad de México o las comunidades que protegen y encubren a los delincuentes los denunciarán a las autoridades o las fuerzas del orden público evitaran los sabotajes o las empresas o personas dedicadas al blanqueo del dinero serán atrapadas y apresadas? La respuesta es un no contundente.

Entonces, si las autoridades no cumplen con la garantía de que todos los ciudadanos tengan un adecuado y suficiente suministro de combustible que eventualmente se ordene a través de una sentencia ¿se procederá a separarlas del cargo por la vía de la inejecución? Esto último es la consecuencia básica del realismo judicial que consiste en que las resoluciones de los jueces se cumplan.

El realismo-mágico en los jueces desprestigia su función. Hay que ser cuidadosos en lo que se acuerda. Lo que aparentemente en una protección a los derechos humanos, puede ser un acto ineficaz cuando se intente ejecutar. La economía y la administración deben ser respetadas en el mismo grado que el derecho. Tienen condicionamientos que la voluntad de un legislador, un político o un juez no pueden cambiar con el simple deseo de hacerlo. El realismo mágico es característico de una mente infantil, por eso divierte y agrada como obra literaria, pero preocupa cuando se convierte en una forma de ejercer la autoridad.

Miembro Electo del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I
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