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Desde la introducción de las candidaturas independientes en la Constitución y la legislación electoral he advertido sobre las limitantes para que los ciudadanos que opten por esta figura puedan participar en condiciones de equidad en la competencia política. No solo son las reglas para obtener el apoyo ciudadano mediante un número determinado de firmas, etapa que parece imposible de cumplir en plazos tan cortos, sino también las diferencias en el financiamiento público y el tope de gastos de campaña, donde la ley establece montos asimétricos y desventajosos a los candidatos independientes frente a los partidos políticos.
El pasado 8 de septiembre, el Consejo General del INE emitió la convocatoria con los requisitos y plazos para que los ciudadanos interesados manifiesten su intención de postularse como candidatas o candidatos independientes a la Presidencia, alguna senaduría o diputación federal, cargos que estarán en disputa el 1º de julio del 2018.
A pesar de las barreras impuestas en la legislación, en las últimas semanas hemos sido testigos de un inusitado interés ciudadano por participar en la contienda federal por la vía independiente. Hasta el cierre de este artículo, la autoridad electoral había recibido 301 manifestaciones de intención: 39 para la Presidencia, cuyo plazo de registro de intención concluye mañana; 21 para alguna senaduría, cuyo registro termina el próximo domingo y 241 para diputados federales, registro que culminó el pasado 10 de octubre.
Ahora viene el tramo más importante y complicado, prácticamente a contrarreloj: los aspirantes tendrán que recabar un determinado número de apoyos ciudadanos para obtener su registro como candidatos independientes. Para la candidatura presidencial se requieren 866,593 firmas en por lo menos 17 entidades federativas, que deberán ser recolectadas en un lapso de 120 días. Para las senadurías y diputaciones federales, los ciudadanos tendrán que obtener el apoyo de al menos 2% de los ciudadanos inscritos en la entidad o distrito por el que se compite, en al menos la mitad de distritos o secciones, según corresponda el cargo. Los plazos para recabar el apoyo ciudadano también son breves: 90 días para una senaduría y 60 para una diputación federal.
En el INE nos hemos dado a la tarea de facilitar mejores condiciones a los candidatos independientes. Por ello, se desarrolló una aplicación móvil que permite capturar automáticamente el apoyo ciudadano con la fotografía de la credencial de elector y la firma digital. No se requiere conexión a Internet en tiempo real para capturar y enviar los apoyos ciudadanos. Los datos pueden recabarse y enviarse cuando se tenga acceso a Internet. La información se envía en tiempo real a la base de datos del Registro Federal de Electores, donde se valida con la lista nominal y se genera un reporte que puede consultar el aspirante conforme remite sus apoyos, lo que le permite llevar un control.
Así se evita el engorroso papeleo de las cédulas llenadas a mano y las copias fotostáticas de la credencial de elector, que hasta hace poco eran exigidas en el procedimiento. Además, se minimiza la posibilidad de errores humanos en la captura. Es importante decir que con el envío directo de los registros captados y su eliminación automática en el dispositivo móvil se garantiza la protección de datos personales.
El desarrollo de la aplicación móvil significa un avance notable que facilita a aspirantes y autoridad el ejercicio de derechos y obligaciones. Estoy seguro de que la experiencia que acumulemos durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018 nos dará mayores elementos para afinar los procedimientos que faciliten el ejercicio de la figura de las candidaturas independientes. Confío en que los ciudadanos que opten por esta vía se constituyan como una alternativa real para dignificar la política y restablecer la confianza en las instituciones.
Consejero electoral del INE
