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¿Cómo se puede detener el financiamiento ilícito de las campañas y los partidos políticos? Esta pregunta la planteó Alejandro Viedma, legislador del partido Morena, en el Foro sobre la Reforma Electoral y del Estado organizado por la Cámara de Diputados. Vino a colación por el estudio de María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, titulado Dinero bajo la mesa: financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México, en el que denuncian la proliferación de financiamiento paralelo a las campañas a gubernaturas entre 2016 y 2017. Según los autores, los montos podrían ascender hasta 15.3 veces el financiamiento público que reciben los partidos.
Las cifras son discutibles, pero difícilmente se puede cuestionar el diagnóstico. El dinero bajo la mesa que se mueve en las campañas electorales representa un grave problema. La reforma electoral de 2014 trató de resolverlo mediante una fiscalización más estricta y el endurecimiento de las sanciones. Por ello trasladó al INE la facultad de auditar las finanzas de todas las campañas locales (incluidas las de gobernador y presidentes municipales) y estableció como causales de nulidad de una elección el rebase de topes de gasto, así como la aceptación de financiamiento ilícito.
Sin embargo, la reforma de 2014 ha tenido un éxito limitado, en buena medida porque atacó los síntomas y no las causas del problema. Buscó contener el gasto excesivo y proteger la equidad de la contienda electoral, pero dejó intactas las dos fuentes principales del financiamiento ilícito: 1) el desvío de recursos públicos a las campañas y partidos políticos, y 2) la corrupción electoral, entendida como la entrega de aportaciones en dinero o en especie a campañas y partidos políticos a cambio de contratos, permisos, licencias, cargos públicos, candidaturas, etc.
La reforma de 2014 ha conseguido contener los excesos en el gasto de campaña observable. Atrás quedaron los tiempos en los que se tapizaban la calles de publicidad y se derrochaba en actos proselitistas. Los instrumentos de verificación en campo, que incluye desde espectaculares hasta eventos de campaña, le han permitido al INE frenar la evasión de topes. La omisión de reportar gasto de campaña suele ser una de las faltas más sancionadas en los dictámenes de fiscalización.
El problema está en el gasto no observable, el que pasa sin ser detectado por los radares de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. Son recursos en efectivo que se destinan a financiar aspectos poco visibles de una campaña o que simplemente terminan en los bolsillos de los operadores políticos. En muchos casos ni siquiera califican como “gasto de campaña”, de acuerdo con la ley electoral. Lo más preocupante aquí es el origen del dinero, no su uso electoral.
El desvío de recursos públicos a las campañas o partidos políticos, así como la corrupción electoral, deben combatirse no porque afectan la equidad de la contienda electoral, sino porque constituyen una perversión grave del sistema de gobierno. Su combate requiere de instrumentos adicionales a los de la fiscalización de los recursos de campañas y partidos políticos por tres razones.
En primer lugar, los hallazgos del INE en materia de fiscalización se sancionan mediante multas a los partidos políticos. Las personas directamente responsables de los hechos no sufren consecuencia alguna. En segundo lugar, a menudo la parte realmente grave de las investigaciones de fiscalización del INE tiene que ver con una materia diferente a la electoral que termina en “vistas” a otras autoridades, generalmente sin consecuencias. Finalmente, las herramientas del INE para investigar, perseguir y armar casos sólidos son limitadas en comparación con las que cuenta el ministerio público.
En suma, hace falta un sistema penal que complemente adecuadamente la fiscalización del INE. Por ello, la próxima reforma en materia de fiscalización debe trascender el ámbito electoral.
Consejero electoral del INE
