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La Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó la semana pasada el análisis y discusión de las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y senadores de oposición. Los ministros revisarán una de las piezas de legislación más emblemáticas de la nueva mayoría morenista en el Congreso y del gobierno del presidente López Obrador, tras haber suspendido su aplicación y luego de la aprobación de cambios por parte del Congreso.
Curiosamente, la historia de la Ley de Remuneraciones se remonta al gobierno del presidente Felipe Calderón. Tras la reforma al artículo 127 de la Constitución de agosto de 2009, por la cual se estableció que ningún servidor público podría ganar más que el presidente de la República, el Senado buscó reglamentar la nueva disposición. Casi al cierre de la legislatura, la cámara alta aprobó la iniciativa de Ley de Remuneraciones. En noviembre de 2011, la turnó a la Cámara de Diputados, donde permaneció en calidad de minuta o borrador por siete largos años.
La iniciativa corrió la suerte que usualmente tienen las que se aprueban cuando una legislatura está cerca de su disolución, especialmente al final de un sexenio. La cámara revisora, en este caso la de Diputados, ya inmersa en las campañas electorales, la turnó a comisiones donde pasó en la “congeladora” legislativa. Luego de las elecciones vino la recomposición política de las dos cámaras del Congreso y un gobierno con nuevas prioridades legislativas. Así, durante todo el sexenio del presidente Peña Nieto, la minuta de la Ley de Remuneraciones quedó “durmiendo el sueño de los justos”, como dicen con sarcasmo los abogados al referirse a los asuntos detenidos indefinidamente.
Pero el triunfo de Morena y sus aliados en las elecciones legislativas del año pasado generó las condiciones para que la Ley de Remuneraciones saliera del limbo legislativo. La nueva mayoría en la Cámara de Diputados, sin mayor trámite ni revisión alguna, la turnó al pleno y la aprobó. El presidente Peña Nieto, ya en el ocaso de su gestión, simplemente dejó pasar el plazo para hacer observaciones y publicar la iniciativa. Finalmente, la Ley de Remuneraciones entró en vigor en diciembre de 2018, luego de que el senador Martí Batres, en su calidad de presidente del Senado, ordenara su publicación. El resultado fue una ley salpicada de anacronismos, incongruencias y vacíos jurídicos.
Esta historia salió a colación en la Suprema Corte al discutir el primer concepto de invalidez, el relacionado con violaciones al procedimiento legislativo. Los senadores de oposición y la CNDH argumentaron que la Cámara de Diputados violó el principio constitucional de “discusión sucesiva” por ambas cámaras al aprobar la minuta fuera del periodo ordinario de sesiones en que se presentó. La presunta transgresión a la Carta Magna privó a la actual integración del Senado de participar en la discusión y aprobación de la iniciativa.
Aunque el proyecto de sentencia preparado por el ministro Alberto Pérez Dayán, que concedía la razón a los senadores de oposición y a la CNDH, consiguió una mayoría de seis votos, se quedó debajo de los ocho requeridos para declarar la inconstitucionalidad de la norma. En los próximos días, la Suprema Corte continuará con el análisis de los otros conceptos de invalidez que aún subsisten. Más adelante conocerá las acciones de inconstitucionalidad contra las modificaciones a la Ley de Remuneraciones aprobadas apenas en el mes de marzo.
Pero el equilibrio que empieza a configurarse está a la vista de todos: una Suprema Corte dividida que dejará la suerte de la Ley de Remuneraciones en manos de los juzgados de distrito y los tribunales colegiados al resolver los miles de amparos que se promovieron en contra de ella. La pregunta que queda por responder es qué criterios seguirán y por eso el debate en la Corte sigue siendo relevante.
Consejero electoral del INE
