Por primera vez en la historia de México más de 10 mil mujeres compiten por cargos de elección federal. Están en disputa 3 mil 400 cargos de representación popular, en elecciones concurrentes en 30 estados de la República. En 2018 serán las mujeres las que definan el rumbo de México, no sólo con su voto sino, sobre todo, por su participación política. Hoy más que nunca estamos en la posibilidad real de que las mujeres ganen espacios para hacer realidad la transformación del país.

El camino no es nada fácil, se han tenido que sortear obstáculos propios y ajenos para lograr la paridad en la ley y en la práctica.

El primer partido que logró la paridad en las candidaturas fue el PRD, en 2008, a partir de ahí se avanzó en la legislación, de tal forma que en 2015 se dio la primera contienda federal con paridad, pero faltaba concretar los avances en el ámbito local. Pese a las dificultades, y gracias al impulso de muchas mujeres entre las que destacan Marcela Lagarde, Angélica de la Peña y Patricia Mercado, en 2017 por primera vez se logró una Cámara en paridad, la legislatura de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

En la competencia por las Cámaras y presidencias municipales las mujeres competimos en paridad, pero no en igualdad de condiciones. La mayoría de las candidatas es la primera vez que incursionan en la política y se enfrentan a un mundo hostil y feroz porque se atrevieron a irrumpir en un escenario “propio de los hombres” y disminuir la cantidad de candidaturas a los políticos de siempre.

Las mujeres que hacen el esfuerzo de participar en la política se enfrentan a varios obstáculos y el principal es la violencia política de género. Nos encontramos la peor cara de las contiendas electorales: la guerra sucia en internet y redes sociales, descalificaciones, noticias falsas, calumnias y el peligro de un país en donde hay estados en los que la violencia está fuera de control. Entonces muchas de las candidatas desisten de la lucha democrática y, cómo no, si las garantías y la autoridad están ausentes.

Hasta el momento no se ha concluido la legislación que tipifique la violencia de género y las autoridades electorales crean protocolos, pero no avanzan en castigos contundentes para quien ejerza violencia contra las mujeres en la política.

Los partidos políticos, sobre todo en el ámbito local, tratan de darle la vuelta a la legislación y llegan a tal grado que vemos casos como el de Oaxaca donde varios hombres se hacen pasar por transexuales y optan por reconocerse como mujeres con la finalidad de violentar la ley; este hecho también es violencia política y debe ser castigado. Hasta el momento tanto el INE como la FEPADE, no han construido herramientas efectivas para castigar la violencia de género. En las Cámaras la iniciativa sigue estancada por el PRI, que por un lado proclama su compromiso con las mujeres y por el otro entorpece su desarrollo.

Si las instancias electorales pusieran un poco de atención podrían contribuir a disminuir la violencia de género, por ejemplo, agilizando las medidas cautelares en torno a las redes sociales, observando y sancionando a los partidos políticos que violenten los derechos de las mujeres. Ante candidatas asesinadas, amenazadas y violentadas en sus derechos políticos no queda sino alzar la voz para que los avances que hemos logrado, los podamos ejercer en libertad y en una vida libre de violencia; teniendo claro que si la mujer no está, la democracia no va.

Ex secretaria general del PRD

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