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Cuando la Auditoría Superior de la Federación da cuenta de más de 2 mil 130 millones de pesos en desvíos de la Sedesol y la Sedatu bajo el mandato de Rosario Robles y José Antonio Meade a través de triangulaciones con empresas fantasmas se explica por qué a pesar de los miles de millones de pesos que se invierten cada año en los programas sociales y de vivienda, nada más no disminuyen los indicadores de pobreza.
Cuando los indicadores señalan un mejoramiento en los ingresos de los bancos, pero no en el bolsillo de los mexicanos, la realidad nos golpea en la cara: somos un país rico pero empobrecido, y de los miembros de la OCDE, el de mayor desigualdad.
Ya sabemos que México es un país que ocupa los primeros lugares en corrupción; impunidad; violencia y es indignante reconocer con la Estafa Maestra, que las políticas públicas del orden social, la mayoría, están diseñadas para hacer trampas económicas o electorales donde el impacto al mejoramiento de vida es lo de menos.
Cifras del Coneval refieren que en el país, el número de personas en situación de pobreza pasó de 53.3 millones en 2012 a 53.4 millones en 2016, aunque la Sedesol de Meade se empeñó en maquillar cifras y lanzar campañas para que los beneficiados de programas sociales aceptaran recibir lo que no reciben cabalmente.
¿Cómo no entender el hartazgo social si casi la mitad del país vive en la sobrevivencia, y con impotencia ve los saqueos de los gobernadores corruptos? Lo que sigue es trazar una hoja de ruta que nos lleve al desarrollo, que reduzca la brecha social, que reconozca a la educación y la cultura como agentes del cambio, pero sobre todo que diseñe políticas sociales universales como un derecho de la sociedad mexicana.
Una de las propuestas que se hacen desde la coalición Por México al Frente, es otorgar a los mexicanos un Ingreso Básico Universal (IBU). Para reducir la pobreza, la desigualdad, estimular el mercado interno, y fortalecer las capacidades productivas de los mexicanos, se debe reorientar el gasto en desarrollo social que, está demostrado, como se ha gastado durante décadas no ha dado resultados.
Establecer el Ingreso Básico Universal como columna vertebral de una política social donde cada mexicano tenga acceso a un ingreso mínimo que le permita salir adelante, ayudaría a salir de la trampa de la pobreza de Prospera en la que, si mejoran mínimamente su condición de pobreza —por ejemplo comprando un refrigerador o poniendo piso firme—, es motivo suficiente para salir del programa, como si esas pequeñas mejoras de las familias realmente implicaran una nueva condición socioeconómica. La Renta Básica Universal es apoyada por tres economistas premios Nobel: Miiton Friedmann, Christopher Pissarides y Angus Deaton.
La OCDE, advierte que un Estado de Derecho frágil como el nuestro, “impide una implementación eficaz de las políticas públicas. Estos factores, sumados a los altos niveles de pobreza, vulnerabilidad y desigualdad de la población, frenan la capacidad de crecimiento de la economía mexicana y dificultan transformar el crecimiento en bienestar”.
Hay que plantearnos nuevas formas de fortalecer la economía y de mejorar el ingreso. Nuestro país será un mejor lugar para vivir en la medida que se reduzca la desigualdad, y para lograrlo necesita un modelo de crecimiento incluyente, donde prevalezca el Estado de Derecho, donde la justicia sea realidad, sólo así, será posible realizar nuestros sueños.
Ex secretaria general del PRD
