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¿Qué va a pasar con el Caso Odebrecht en México?
Haga un pequeño ejercicio: Pregunte a un familiar, vecino o amigo si tiene conocimiento certero sobre el caso Odebrecht y las contradicciones que exhibe en el combate a la corrupción del país. Lo más seguro es que diga que no.
En torno al mayor escándalo de corrupción que sacude Latinoamérica y otras latitudes, presidentes caen, otras autoridades están bajo investigación, y en México no ocurre nada.
Solamente con Odebrecht, fueron 10.5 millones de dólares en “propinas” lo que se entregó a Emilio Lozoya para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, como declaró el ex director de Odebrecht-México, Luis Alberto de Meneses Weyll.
Y es la punta del iceberg, porque en la lista de impunidad podemos citar la Estafa Maestra, y el financiamiento de ex gobernadores priistas también a la campaña de Peña Nieto, como el caso de Javier Duarte.
Cuando la investigación sobre Odebrecht se encaminaba a su resolución, escándalos artificiales la ocultaron del escrutinio público. Plan con maña.
El 16 de octubre de 2017, Raúl Cervantes, titular de la Procuraduría General de la República--en dos tuits que permanecen en su cuenta--, anunció que la investigación había concluido: “@PGR_mx ha concluido las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción intl. que en AL y México se hayan visto”. “Esquema para corromper, obtener contratos públicos y uso de paraísos fiscales, puso a prueba nuestra determinación e instituciones”, dijo.
Con Cervantes fuera de la PGR, la trama para encubrir a los responsables continuó con la destitución de Santiago Nieto como titular de la Fepade.
Nieto Castillo expresó al diario Reforma que, Emilio Lozoya, ex director de Pemex, lo había presionado para que declarara públicamente su inocencia.
Las líneas de investigación debieron llegar incluso al ahora candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade. Jesús Cantú, profesor-investigador del Tec de Monterrey recuerda que entre 2011 y 2012 la Secretaría de Hacienda estaba en manos de Meade Kuribreña (https://bit.ly/2IbnnBj).
Nuestro país no puede seguir por esta ruta, por eso la coalición Por México al Frente plantea una amplia agenda de combate a la corrupción y la impunidad, que perfeccione y fortalezca al Sistema Nacional Anticorrupción.
Algunas propuestas: decretar la “muerte civil” a servidores públicos y empresas privadas que hayan sido condenadas por actos de corrupción.
Eliminar el fuero constitucional para todas y todos los servidores públicos del país, y reformar el segundo párrafo del artículo 108 constitucional, para que durante el tiempo de su encargo, quien ejerza la Presidencia de la República pueda ser acusado y enjuiciado por delitos de corrupción y los actualmente considerados como no graves del orden común y federal, con penas de destitución y responsabilidad penal, administrativa y civil.
Eliminar la prescripción de los delitos como enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de dinero y operaciones con recursos de dudosa procedencia.
Y fortalecer las funciones de control y fiscalización del Poder Legislativo, así como transparentar el cabildeo en los congresos.
Odebrecht es y será una mancha para la política y para las instituciones de México y Latinoamérica; pero las sanciones deben ser un viento fresco, una motivación para que nuestro país deje de simular que combate la corrupción. En suma: hacer que el cambio que necesita el país suceda, a eso le llamamos el cambio inteligente.
Ex secretaria general del PRD
