“Acompañamos de tiempo completo toda la campaña del partido PRI y del actual presidente Enrique Peña Nieto (…) No sólo de él, sino también de su equipo”, revela un ejecutivo de la empresa Odebrecht. Un comunicado de Los Pinos confirma las reuniones, pero no recibieron recursos, dicen.
Lo cierto es que en todos los países involucrados en este caso ya hay detenidos. En México se siguen argumentando avances en las investigaciones, sin nada concreto. Por ello el PRD acudió a la Fepade e interpuso una denuncia para investigar a Emilio Lozoya, sus nexos con Odebrecht y el destino de sobornos —10 millones de dólares— presumiblemente pagados por esta empresa a la campaña de Peña Nieto. Dicha investigación avanzaba posiblemente más rápido que en la PGR y, de repente, ¡zas! La destitución del fiscal.
La PGR vive sus días finales como apéndice del Poder Ejecutivo. En su agonía, el golpe del régimen se vuelve contra Santiago Nieto Castillo, el incómodo fiscal que rompió inercias y develaba la cortina de humo en torno a la intervención de Odebrecht en la elección de 2012.
Ante tal obviedad, los argumentos que se esgrimen para justificar su remoción son pretextos. Su fulminante cese como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales rompe una costumbre en la PGR, que en temas relevantes y de interés público acude a la estrategia de revelar información para liberar la presión del escrutinio. Pero la regla en la PGR —por mucho una institución fallida— es propender en la opacidad, la secrecía, tal y como ocurrió cuando se hizo público la contratación del sistema Pegasus en 2015.
En la PGR cubren los excesos y las espaldas de quienes sirven al sistema, como Jesús Murillo Karam, y hasta los premian, como ocurrió con Tomás Zerón. Los expedientes se acumulan, mientras regiones del país naufragan en la violencia, su ex titular describió con puntualidad la descomposición que vive: “La PGR padece un proceso de desintegración en todas sus áreas”: Raúl Cervantes, http://bit.ly/2gi4ekY.
Más de medio centenar de investigaciones del titular de la Fepade, que exhibían al PRI, le dieron al país un aliento en la lucha contra la corrupción e impunidad, que México lidera con deshonor. Lo peor que podría pasarle al país es llegar al proceso electoral de 2018 sin titular de la nueva Fiscalía General, sin fiscal anticorrupción, y ahora con la Fepade descabezada.
La elección del Estado de México es un referente que no podemos hacer a un lado, es el esquema que va a utilizar Enrique Peña Nieto en la elección de 2018, y para ello necesitan instituciones a modo, o desmanteladas. El PRI y el gobierno intentan generar condiciones para operar a sus anchas una elección sucia, no quiere que nadie lo vigile.
En las discusiones que se den en torno al fiscal Santiago Nieto en estos días, no está en juego un cargo público, sino la forma de operar un régimen, y su desenlace indicará si somos capaces de oponernos a tácticas y prácticas que detienen el avance del país.
El Senado tiene la obligación de la máxima transparencia en sus votaciones y eso implica usar el tablero electrónico para que todos sepamos cómo se vota la solicitud de restitución del fiscal, pero si impera la idea de votar en la oscuridad de la urna, los senadores deben mostrar físicamente su voto a la sociedad mexicana para no ser comparsas del debilitamiento de las instituciones, del régimen autoritario que no respeta al Senado y de la corrupción que carcome al país.
Secretaria general del PRD.
@Beatriz_Mojica