En medio del dolor que provocó el temblor del 19 de septiembre, justo el día en que se cumplían 32 años del recuerdo del sismo del 85, volvimos a vivir el daño, la desolación, la desesperación y la muerte. En pocos días, la lluvia y los sismos cubrieron de sufrimiento a México en Oaxaca; Guerrero; Morelos; Chiapas; Puebla y la CDMX. Miles de viviendas destrozadas, al menos 420 muertos y cientos de heridos.
En medio de la desesperación, los jóvenes —la llamada generación millennial_ nos demostraron que México tiene esperanza. Sin necesidad de que alguien los convocara en la emergencia, tomaron las calles y se pusieron al servicio de quienes lo perdieron todo.
La reconstrucción requerirá de 40 mil millones de pesos para atender las más de 150 mil viviendas y edificios públicos dañados. La sociedad espera una restauración eficaz y transparente que devuelva la tranquilidad a quienes lo perdieron todo.
El reto es para todos: para los partidos políticos es obligación hacer causa común, llamar a la solidaridad; por ello tendrán que ponerse de acuerdo para canalizar los recursos del financiamiento público a la reconstrucción. Sin embargo, no son suficientes los aportes de los partidos, que serían menos de 10% de lo que se requiere. Es necesario ir más allá con los esfuerzos de austeridad: el gobierno federal, Poder Judicial, Legislativo y los órganos autónomos tienen que entrarle.
El Frente Ciudadano por México ha delineado algunas propuestas en un Plan de Reconstrucción Nacional integral como son: destinar las prerrogativas partidistas a la reconstrucción; recortar los topes de campañas; disminuir los gastos de publicidad gubernamental; disminuir los gastos superfluos de los funcionarios de alto nivel, como celulares y gastos médicos particulares. Esta propuesta de ninguna manera afecta los recursos de los viáticos de médicos o de Fuerzas Armadas como se pretende tergiversar.
A las propuestas del Frente habría que agregar la desaparición en el presupuesto del Ramo 23 de Infraestructura Municipal o mejor conocido como el “fondo de los moches” que rebasa los 15 mil millones de pesos. Otra veta de oportunidad de recuperación de recursos está en el remate de bienes incautados a la delincuencia organizada.
En cualquier circunstancia, la reconstrucción debe ser realizada y vigilada por un comité ciudadano, pero no sólo la que se hará con recursos privados, como plantea Peña Nieto; sino toda, porque en un país en donde las instancias de reconstrucción como la Sedatu, el Inafed y la SCT han sido acusadas constantemente de corrupción y en desastres anteriores no han entregado buenas cuentas; se deben explorar otros mecanismos y responsables a través de una reconstrucción transparente. De entrada, los 6 mil 500 millones anunciados para dar tarjetas a los afectados, se presta a manipulaciones y discrecionalidad si no se hace con la vigilancia social necesaria. Estamos hablando de que serán repartidas 650 mil tarjetas de ayuda para enseres domésticos y materiales. Previo a las elecciones suena tentador en un gobierno acostumbrado a usar los recursos públicos con fines electorales.
Las y los mexicanos están cansados de un sexenio plagado de reality shows como “Frida Sofía”, que se les dé información falsa o se les mienta en la cara y se lucre con su necesidad y dolor. La reconstrucción debe ser una oportunidad para el desarrollo de los estados afectados y no un lastre de más desolación.
Secretaria General del PRD.
@Beatriz_Mojica