“Mi casa había sufrido daños en el temblor de 2014, me censaron, pero nunca vinieron a repararla —comentó entre sollozos doña María en una comunidad de Chiapas, al ser entrevistada por un canal de televisión—, hoy ya terminó de caerse”.
Derivado del fuerte temblor que vivimos el pasado 7 de septiembre, en el que hay miles de damnificados en Oaxaca y Chiapas, nuestra solidaridad con las familias y una reflexión en torno a los problemas de reconstrucción por los efectos de desastres naturales en nuestro país.
Además del dolor por las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por devastadores eventos de la naturaleza, ocurre otra tragedia: el drama de los sobrevivientes, de los damnificados que enfrentan el olvido, la ineficacia y la corrupción oficial para recuperar lo destruido por el fenómeno natural de que se trate.
Experiencias como la del temblor que en 2012 dejó miles de damnificados en la Costa Chica y Montaña de Guerrero, así como la devastadora combinación de lluvias de Ingrid y Manuel el 13 de septiembre de 2013, tuvieron como resultado además de cientos de muertos y miles de damnificados, una estela de promesas incumplidas; obras de reconstrucción deficientes y responsables sin castigo. Los problemas de las familias afectadas se viven en el momento en que estos fenómenos ocurren, pero continúan cuando dejan los albergues y no tienen un techo propio, cuando las dependencias federales y estatales encargadas de reconstruir fallan por omisión o por corrupción.
Poco o nada se sabe del proceso contra empresas que incumplieron la reconstrucción de viviendas tras el sismo de 2012, aunque la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por diez años y multó con 59 millones de pesos al entonces delegado de Sedesol por fraude en las obras.
La sanción a los responsables que llevaron a cientos de familias a vivir a los humedales de Acapulco inundadas al paso de Ingrid y Manuel quedó únicamente en compromiso presidencial incumplido. Las investigaciones fueron archivadas, olvidadas.
En ese entonces se anunció que la tragedia sería una oportunidad de desarrollo a través del Plan Nuevo Guerrero, con 67 mil millones de pesos aplicados a través de Sedatu, SCT y Sedesol. Si bien se recuperaron algunas vías, a cuatro años hay comunidades que siguen incomunicadas; cientos de familias sin casas o en casas inservibles y poca claridad sobre los manejos financieros de las obras.
El Nuevo Guerrero, que recibiría un fuerte impulso para su desarrollo con la inversión, sigue en la marginación y el atraso. Un diputado local, que estuvo al frente de la delegación de la Sedatu, ha sido inhabilitado derivado de irregularidades en la aplicación de los recursos, pero nadie repone las viviendas. Parece que a nadie le importa el sufrimiento de las familias más pobres de México.
Hay que exigir al gobierno federal en esta nueva contingencia en Oaxaca y Chiapas que no ocurra lo mismo que en otras ocasiones, que realmente se den resultados. Atender la tragedia no nada más es lo inmediato: llevar despensas y tomarse la foto en la pasarela presidencial. Si no aprendemos de los ejemplos del pasado, se reeditarán las historias donde los protagonistas de la derrota son los ciudadanos. Que no se soslayen los graves síntomas de corrupción tras la denuncia por la Estafa Maestra donde se señala a distintas dependencias federales. Algunas de ellas, las que se harán cargo de la reconstrucción en Oaxaca y Chiapas.
Secretaria general del PRD.
Beatriz Mojica
