Geovanny era un jovencito guerrerense de 17 años que trabajaba 14 horas al día para contribuir al sustento familiar. Fue levantado la noche del 3 de mayo en la carretera Chilpancingo-Chilapa por integrantes de la delincuencia organizada y su cuerpo, junto al de ocho personas más, apareció en el libramiento Tixtla-Chilpancingo la mañana del 5 de mayo.
A tres horas de la aparición de los cuerpos, la Fiscalía General del Estado emitió un boletín de prensa en el que aseguraba no tener evidencia de que las víctimas fuesen trabajadores de una importante empresa refresquera, pero aventuró la versión de que la camioneta en la que Geovanny trabajaba como ayudante, se “dedicaba a vender productos de consumo básico de procedencia ilícita”.
Es muy común que las fiscalías de los estados vinculen los casos a la delincuencia organizada en una estrategia obscura de darles carpetazo. Así que la investigación de estos hechos permanece inconclusa como prácticamente todas las investigaciones criminales. Así se estila en Guerrero, donde según el índice de impunidad del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia y la Jenkins Graduate School de la Universidad de las Américas de Puebla, se aumentó en 3 puntos sus niveles de impunidad en los últimos dos años y el sistema de justicia está prácticamente colapsado, ya que sólo se atienden 2 de cada 100 casos que se denuncian, es decir, los niveles de impunidad llegan al 98%.
Desde que inició la llamada guerra contra el narcotráfico en 2006, México vive una crisis de derechos humanos con más de 32 mil personas reportadas como desaparecidas; la agonía de la incertidumbre es mayor para sus familias. Oculta en el silencio y el miedo, la cifra es mayor. Aunado al fracaso de la mal llamada estrategia de seguridad, persiste como una perversión gubernamental la notoria debilidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como la cancelación de los recursos para prevenir el delito.
El ahora candidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña asumió el cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público el 7 de septiembre de 2016, en sustitución de Luis Videgaray. Tocó a Meade diseñar el Presupuesto de Egresos de 2017, y nuevamente dejó sin dinero al Programa Nacional de Prevención del Delito, que se quedó sólo en promesa presidencial. El mes de junio de ese año pasó a la historia como el más violento en los últimos 20 años.
Para 2018 las cosas no mejoran, el primer trimestre del año cerró como el más violento del que haya registro, con los homicidios registrados en marzo, el gobierno de Peña Nieto acumula ya 104 mil 583 averiguaciones previas por homicidios, sobrepasando las 102 mil 859 que hubo en el sexenio completo de Felipe Calderón. (Animal Político, 21 abril de 2018).
La ausencia del Estado y su incapacidad de garantizar la seguridad de las personas ha colapsado al país. Por eso, la coalición #PorMéxicoAlFrente impulsa la transformación del régimen, no el cambio del partido en el poder. En la plataforma electoral se declara que la “prioridad es erradicar la impunidad, crear condiciones para que a los honestos les vaya bien, a los corruptos mal y para que todas las personas tengamos una vida digna y con plena seguridad jurídica, personal y patrimonial”.
Con autoridades que no lo son, el país no tiene viabilidad, la gente no tiene certeza de su vida ni de su patrimonio.
El dilema de los votantes será elegir: continuidad o cambio. Mirar al futuro o volver al pasado.
Ex secretaria general del PRD