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El 14 de febrero se dio un tiroteo más en una preparatoria en Parkland, Florida; 17 estudiantes y profesores fueron masacrados por un adolescente desequilibrado con fusil semiautomático de asalto (un AR-15), el decimoctavo ataque en una escuela estadounidense en lo que va de 2018. Y eso que apenas estamos en marzo. Matanza tras matanza, Estados Unidos siempre había atestiguado el mismo rito; políticos enviaban (ahora tuitean) sus “condolencias y plegarias”, amplios sectores sociales apostaban a que otro baño de sangre serviría como catalizador del cambio para desmomificar a la sacrosanta segunda enmienda constitucional, la Asociación Nacional del Rifle (NRA) movilizaba sus recursos para bloquear cualquier reforma, y todo el país se sentaba como si nada a esperar la siguiente tragedia. Hoy la ilusión de un posible cambio, que hasta ahora siempre se apagaba unos días después del horror, se alimenta de la vigorosa reacción de los estudiantes de Parkland. En medio del dolor, se han organizado para no dejar pasar la oportunidad de presionar a la clase política, confrontar a los trogloditas de la NRA y fortalecer los controles a la venta de armas. Y en lo que podría ser un primer asomo tangible del despertar político de la generación del milenio estadounidense, han convocado a una manifestación masiva el 24 de marzo en Washington, de paso marcando un hito nunca visto antes: que varias empresas rompan relaciones con una organización en bancarrota moral como lo es la NRA.
El curso que tomen estas acciones —y reacciones— así como su debate en EU tendrán implicaciones muy relevantes para México. Desde hace más de una década la regulación para armas de asalto en EU ha tenido un efecto feroz para nuestra seguridad nacional. Cuando en 2004 expiró la veda negociada entre el presidente Bill Clinton y el Congreso en 1994 para prohibir durante una década la venta de esas armas, su efecto no se dejó esperar del lado mexicano de la frontera. Hubo un brinco exponencial inmediato en el número de fusiles de asalto asegurados en territorio mexicano a grupos narcotraficantes. En años subsecuentes, el número de armerías y ferias de armerías en las cuatro entidades fronterizas de EU llegaría a superar el número de tiendas Walmart en esos mismos estados, acicateadas por compraventas ilegales —directas o vía intermediarios— y la porosidad de una frontera internacional. Incluso, como embajador dirigí en 2008 una carta al presidente de NRA, el inefable Wayne LaPierre, pidiéndole una cita para explicarle por qué México no pretendía minar la segunda enmienda, sino que buscaba se aplicasen disposiciones vigentes para prevenir ventas ilícitas. Nunca contestó la carta y repetidas llamadas telefónicas de seguimiento a su oficina jamás fueron devueltas.
Hoy con lo acontecido en Parkland y el actual tenor de la relación bilateral, hay la oportunidad y el espacio para repensar cómo encara México el trasiego de armas desde EU. De entrada, la operación aduanera en México tiene que acabar de transitar de un paradigma de recaudación a uno que privilegie la seguridad, abonando a voltear el modelo de interdicción interna hacia uno que dedique más recursos al control fronterizo para evitar cruces de armas. Pero la embestida constante de Trump contra nuestro país, tanto en los ámbitos de la supuesta falta de cooperación mexicana en la lucha contra las drogas como en el comercial, agravado ahora con tarifas al acero y aluminio al amparo de un argumento de seguridad nacional, podría ser respondida, por ejemplo, litigando en cortes de EU —aprovechando los mecanismos de rastreo de armas— a nombre de los deudos de soldados y policías abatidos en servicio por la delincuencia y en contra de las armerías específicas en EU que vendieron el arma usada en el crimen. Asimismo, esgrimiendo razones de seguridad nacional como espejeo a la determinación de Trump sobre exportaciones de acero, se podría prohibir el ingreso a México de directivos de compañías fabricantes de armas de EU e integrantes de sus consejos de administración. Encontraríamos muchos aliados en este momento en EU, empezando por los estudiantes y legisladores demócratas como la senadora Dianne Feinstein o el representante Eliot Engel que han apoyado desde hace años la agenda mexicana en este rubro. A tiempos extraordinarios corresponden medidas extraordinarias. Quizá este es uno de esos momentos.
Consultor internacional
