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Europa ha estado viviendo una serie de “crisis migratorias” resumidas en la llegada de miles de refugiados. Dos de los desafíos a nivel supranacional son: el espacio Schengen y la gestión de fronteras por un lado; y el derecho al asilo junto con el principio de no devolución, por el otro. Para hacer un análisis es necesario recordar que la política migratoria de la UE no es exclusiva, es decir, no existe una “política europea”, pero sí unas políticas europeas de migración articuladas por un marco comunitario que puede ser definido como de fronteras exteriores reforzadas bajo la lógica de puertas abiertas y puertas cerradas. A nivel comunitario, el discurso está lleno de referencias a los “valores europeos” y a la tradición humanitaria europea de acogida, que se pierden debido a los problemas de aplicación a nivel estatal de las “propuestas novedosas” que surgen del marco supranacional para afrontar estas crisis.
Para hacer una evaluación objetiva de los desafíos es necesario recordar la construcción del marco comunitario, donde el primer punto a resaltar es que las cuestiones de migración, asilo y fronteras son competencias compartidas entre los Estados miembros y la UE, por lo que es más factible que las responsabilidades se diluyan ya que ambos extremos se suelen usar de pretexto, cayendo así en una dialéctica perversa: los Estados miembros se quejan del poco avance y peso institucional mientras que las instituciones supranacionales aluden a las acciones individuales de los países como razón principal del nulo avance. En resumidas cuentas: los Estados miembros no han querido emprender una acción verdaderamente conjunta y la Comisión Europea no puede forzarlos.
Podemos decir que en una cosa sí han coincidido los países miembros de la UE frente a la actual crisis migratoria: han decidido afrontar la situación de los refugiados como una cuestión de vulnerabilidad de sus fronteras. Por ello, han convenido inversiones y gastos para fortalecer las fronteras europeas, sin atender a las necesidades humanitarias de las personas que se encuentran en las mismas.
Es así que se puede asegurar que este desafío interrelacionado entre la gestión de fronteras y los refugiados presenta la siguiente lógica desde el punto de vista europeo: por un lado, hay que reforzar la seguridad de las fronteras exteriores para preservar la zona de libre movimiento interior de Schengen. Para que los europeos sigan moviéndose entre países sin necesidad de controles fronterizos hay que asegurar que no entre a ese espacio de libertad nadie que no tenga derecho a disfrutar del mismo. Sin embargo, esta parte de la lógica no es nueva, puesto que el discurso de securitización se ha venido presentando desde hace tiempo ya, abarcando todo el espectro: desde la securitización económica y la sostenibilidad del estado de bienestar europeo; hasta la securitización identitaria de la sociedad europea, pasando por la más clásica securitización contra el terrorismo.
Por otro lado, para poder acoger a aquellos migrantes que “realmente necesitan protección” y para que el sistema de acogida funcione para quienes lo precisan y no se desborde, debe ser posible expulsar ágilmente a quienes no lo necesitan. Esta parte de la lógica descansa en una construcción conceptual distinta entre “genuine refugees” e “illegal migrants”, más relacionado con la migración por razones económicas, que a todas luces es demasiado corta y simplista frente a la realidad. Esta situación se ha repetido con las políticas de externalización de las fronteras: desde las operaciones de rescate y retorno llevadas por FRONTEX en el Mar Mediterráneo, hasta la externalización en los territorios de Turquía (frente a la crisis provocada por el éxodo sirio) o incluso países fuera del arco mediterráneo, como pueden ser Malí o Mauritania cuando el centro de atención se encuentra en los flujos migratorios subsaharianos.
Se ha dicho muchas veces que la solución al desafío migratorio debería ser la de compartir la carga en lugar de las personas, pero esta propuesta de solución tiene que ver con otro de los valores europeístas del proyecto de integración: la solidaridad, tan cuestionada y puesta en duda desde la crisis financiera y económica de 2008. En este sentido, las bases del proyecto se tambalean no sólo en su rol internacional, sino en los sustentos internos: desde el nivel menos politizado que se refleja en las dudas en la ciudadanía europea sobre qué clase de unión europea se quiere y en la vergüenza de asumirse como “pro-europea”, hasta el nivel de alta política que representan los partidos y partidarios de extrema derecha y xenófobos que claman por menos Europa, más fronteras nacionales y menos extranjeros.
El discurso europeísta de Derechos Humanos universales se está convirtiendo en un discurso demagógico en la medida que la UE contribuye a reforzar un mundo a dos velocidades en el campo de los derechos cuando la libertad que sí disfrutan quienes viven en el espacio comunitario al moverse por el resto del mundo, se le niega al resto que no son europeos, por el simple hecho de no serlo. Olvidando que los Derechos Humanos son universales no por ser europeos, sino por el papel que han tenido en la historia de la humanidad. Se puede decir que la crisis europea no es migratoria, sino de valores, que la Europa liberal, internacionalista, democrática y de los Derechos Humanos se hunde un poco más cada vez que un barco o una lancha se hunden en el Mediterráneo.
agarciag@comunidad.unam.mx