“Mis pensamientos y oraciones están con las víctimas”, reza el estribillo de los políticos luego de una tragedia en Estados Unidos. Pensamientos y oraciones que no detienen balas, ni cambian la parálisis legislativa o la inacción gubernamental. Esta nación está nuevamente de luto por el tiroteo masivo más trágico de su historia que dejó 59 muertos y más de 500 heridos. Se trata de civiles que disfrutaban de un concierto al aire libre en Las Vegas al momento de ser acribillados.
Los motivos del gatillero aún no son conocidos, por lo que no prestaré atención a la especulación. Lo cierto es que hay decenas de muertos y cientos de heridos. Lo tangible es que el autor material de este horror no debió poseer 10 armas de alto poder.
Tiroteos van y tiroteos vienen y los cobardes del Congreso no cambian las leyes para regular el uso y la portabilidad de armas. En lugar de representar a sus ciudadanos, muchos legisladores duermen en la cama con la Asociación Nacional del Rifle que dona dinero a sus campañas políticas.
En 1994 se impuso una prohibición federal a la venta de armas de asalto. La medida venció en 2004 y desde entonces vivimos en la jungla. Desde que ésta expiró, seis de los 10 tiroteos masivos con más muertos han ocurrido en este país. El pasado lunes casi 60 adultos fueron asesinados, pero hay casos como el de la primaria Sandy Hook —en 2007- donde 20 niños y 6 adultos fueron masacrados—. El común denominador es el uso de armas de alto poder. Después de todo, ese es su objetivo, causar el mayor número de muertes en el menor tiempo posible.
Es indudable que cuando existe motivación para usar armas con fines criminales las tragedias seguirán ocurriendo. En las democracias occidentales es imposible detener o prevenir todos los delitos. Pero hay un mundo de diferencia entre un criminal que obtiene un arma y comete un acto atroz, al de aquel que tiene 10 rifles de asalto a su disposición.
Es inconcebible que en Nevada, estado donde ocurrió la tragedia, las armas de asalto y las ametralladoras se puedan obtener legalmente. Es inaudito que ese estado no imponga un límite al número de armas que alguien pueda tener. Por lo tanto, no es un accidente que el gatillero tuviera un arsenal en su poder.
Estoy segurísimo de que el grupo de jóvenes idealistas que escribieron la Constitución de Estados Unidos en 1787 no consideraron un “derecho” que alguien pudiera poseer armas que disparan entre 600 a 1400 balas por minuto.
Claramente, la segunda enmienda constitucional consideró tener y portar armas en un país diametralmente distinto al que vivimos hoy.
Cuando trabajé para la compañía propietaria del Chicago Tribune me reunía con los miembros de la junta editorial. Un día expliqué que la Constitución de México tiene tantos cambios que está llena de contradicciones que la dejan lejos del espíritu del Constituyente de 1917. En el extremo opuesto, dije, están ustedes, los americanos, que difícilmente han actualizado su Constitución especialmente cuando se refiere al debate inverosímil de las armas.
Los periodistas se veían unos a otros y sin comentarios me escucharon. Días después el Tribune publicó un editorial que invitó a debatir el cambiar la segunda enmienda de la Constitución. Esto ocurrió hace 10 años y fue la última vez que publicaron tal atrevimiento.
La Asociación Nacional del Rifle cuenta con 5 millones de afiliados, en una nación de 326 millones de habitantes. Es inaudito que menos del 1.5% de la población controle las regulaciones sobre las armas de alto poder. El lunes 59 personas dejaron de existir gracias a esta sinrazón.
Concluyo en absoluto acuerdo con la declaración del senador por Connecticut, Chris Murphy: “Los pensamientos y oraciones de los políticos son un cruel vacío si van de la mano con una constante indiferencia legislativa. Es tiempo de que el Congreso levante el trasero y haga algo”.
Periodista