Algunos bancos a nivel mundial han apostado por introducir servicios novedosos que les han permitido diversificar su cartera de clientes. En paralelo, México se ha consolidado como líder de América Latina del sector Fintech tras haberse aprobado en marzo la Ley para Regular Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech). Sin embargo, en el país aún hay insuficiencia de crédito y ausencia de capital semilla dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). ¿Se presenta una nueva oportunidad para los bancos mexicanos?
La Ley Fintech establece la creación de dos personas morales clasificadas bajo la categoría de Instituciones de Tecnología Financiera (ITF): las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico e Instituciones de Financiamiento Colectivo. Estas últimas tienen como finalidad poner en contacto a inversionistas y solicitantes a través de plataformas electrónicas para que se efectúen operaciones de financiamiento colectivo de deuda, de capital o de copropiedad/regalías. Esto es mejor conocido como crowdfunding.
La regulación mexicana ofrece certidumbre e incentivos para que las diversas entidades financieras busquen establecer alianzas con Instituciones de Financiamiento Colectivo, con el objetivo de impulsar modelos novedosos que permitan ofrecer fuentes de financiamiento alternativo a sus clientes.
Sin duda alguna, las más de cuatro millones de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) podrán ser uno de los sectores más beneficiados por estas instituciones. Su gran relevancia para la economía nacional, al aportar a más del 50% del PIB, las hace atractivas para ofrecerles opciones alternativas de crédito colectivo o capital semilla. Según el noveno Reporte de Inclusión Financiera, presentado por el CONAIF este año, la cartera total de crédito de la banca múltiple destinada a las mipymes fue de 441 mil millones de pesos a junio del 2017, de los cuales el 79% de los créditos otorgados está concentrado en cuatro bancos: BBVA Bancomer (44%), Santander (14%), Banorte (11%) y Citibanamex (11%).
Una de las ventajas del financiamiento colectivo es generar efectos positivos de red a sus participantes. El público inversionista, a través del “poder de las masas”, emite una calificación implícita de riesgo y potencial de la empresa a cuestión, que puede simplificar el procedimiento de debida diligencia para determinar el perfil de riesgo de crédito que pudiera otorgar. Aprovechando esta ventaja, los bancos e Instituciones de Crédito mexicanos pudieran optar por involucrar una de las tres estrategias para aprovechar este efecto colectivo. En el mundo, diversos bancos han elegido ya alguna de ellas.
La elección más común para la entidad financiera es aliarse directamente con una Institución de Financiamiento Colectivo para establecer una estrategia dual en la que una empresa, en búsqueda de capital semilla, se integre como solicitante a la plataforma de crowdfunding y, posteriormente, dado el éxito de la campaña de solicitud de inversión, la entidad financiera pueda ofrecerles un crédito complementario. BNP Paribas en Francia, DBS en Singapur y Nordea en Suecia han optado por este modelo en alianza con Ulule, Funding Societes y Invesdor respectivamente.
Deutsche Bank en Alemania, por su parte, ha decidido invertir directamente en programas de aceleración de empresas en las que se implementan estrategias de financiamiento colectivo para evaluar y potencializar opciones de negocio. Su programa “Social Impact Finance” es muestra de ello. Finalmente, Hello Bank! de Bélgica y Triodos Bank de los Países Bajos han decidido crear sus propias plataformas de crowdfunding e impulsar a las empresas de sus clientes, ofreciéndoles al mismo tiempo sus servicios bancarios personalizados.
Sin duda alguna, el liderazgo que actualmente México tiene en el sector de Financiamiento Colectivo , con la presencia de más de 40 plataformas de crowdfunding nacionales e internacionales, potencializa la certidumbre y conocimiento del entorno, así como las probables oportunidades de posibles alianzas. El reto que queda es elegir el modelo adecuado según las estrategias y capacidades particulares de la entidad financiera para implementar estos modelos de negocio y hacerlo sostenible.