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Los informes de las organizaciones de la sociedad civil y especialistas señalan que lejos de profesionalizar a las policías del país para enfrentar la criminalidad de alto impacto, el presidente Peña Nieto optó en 2012 por desaparecer la Secretaría encargada de la seguridad federal y creó una súper Secretaría de Gobernación.
El error de desaparecer la Secretaria de Seguridad Pública es más que evidente por siete puntos:
1.— Se interrumpió el proceso de crecimiento de la Policía Federal y la implementación del servicio civil de carrera.
2.— Se debilitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en sus funciones de seguimiento técnico de las policías locales.
3.— Sin ser la principal causa, influyó en el abandono de directrices de coordinación en las instituciones de seguridad pública en los tres niveles de gobierno.
4.— Con el debilitamiento de las corporaciones policiacas, se incrementó la presencia de Fuerzas Armadas en tareas de policías.
5.— Pese a la inversión de más de 70 mil millones de pesos en materia de seguridad publica, en 2017 se iniciaron 20 mil 878 carpetas de investigación por homicidio doloso con 23 mil 968 víctimas, es decir ascendió un 35.49% el número de carpetas de investigación por robo con violencia, respecto a 2016.
6.— Este error tuvo como consecuencia que 2017 fuese el año más violento de los últimos 20 años.
7.— Además de los delitos relacionados con robo, violencia contra las mujeres, crecieron los delitos relacionados con la delincuencia organizada como son: trata de personas, tráfico de armas ilegales; desaparición de personas, secuestro y extorsión, robo de vehículos y robo de combustibles.
México ocupa el lugar 58 entre los 59 países con mayores niveles de impunidad en el mundo.
Demandamos la urgencia de una nueva concepción de la seguridad pública, que respete los derechos humanos de la población, y dignifique y profesionalice la labor de las policías en todas sus modalidades.
Es necesario reestablecer una institución con un nuevo modelo de seguridad humana que le dé confianza a la población y se encargue de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública que prevenga el delito y ejerza el mando para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con pleno respeto, insisto, a los derechos fundamentales.
Esperemos los priístas atiendan esta realidad y haya voluntad política para regresar la SSP a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La iniciativa para que la SSP forme parte de la administración federal la presenté en el Senado y esperaríamos que el PRI la apruebe enmendando su error.
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado de la República
