Hemos sido testigos de un momento político trascendental en la historia de nuestro país. Para millones de mexicanos, el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República representa un cambio necesario y urgente en el contexto de una nación económicamente débil y socialmente polarizada y desigual. Son muchas las expectativas generadas y la educación no es la excepción. ¿Qué escenarios vislumbramos para la educación superior en los próximos seis años? Comparto con ustedes algunas reflexiones.
López Obrador consideró básicamente en el discurso y en el Proyecto de Nación, para la educación superior: gratuidad, acceso irrestricto, creación de cien universidades y autonomía para las instituciones privadas de educación superior. En particular, el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024 refiere“…la exclusión de millones de jóvenes de oportunidades educativas ha sido una de las causas preponderantes de la descomposición social que padece el país. Preferimos que los jóvenes sean becarios a que sean sicarios. Por ello, habrá acceso a escuelas universitarias públicas y privadas para todos los estudiantes que aspiren a estudiar y cuenten con certificado de estudios de la educación media superior”.
En distintos espacios de análisis se han discutido los retos que enfrentan las universidades públicas desde hace ya varios años. Destacan en el corto y mediano plazo los problemas de cobertura y financiamiento. El proyecto de AMLO reconoce esta necesidad y eso es un claro avance en la política educativa. Sin embargo, la decisión de cómo contribuir a su solución requiere de análisis y diagnósticos fundamentados en el reconocimiento de la situación actual de un sistema de educación superior diverso y complejo, tanto en el tipo de instituciones que lo integran, como en la calidad de su oferta educativa.
La creación de cien universidades y la gratuidad de la educación superior representan diversos problemas para atender las preocupaciones que el proyecto de nación identifica. En el primer caso, López Obrador señaló en su discurso del 1 de diciembre en el Zócalo, “sumar 100 nuevas universidades para el año 2019”. Sean éstas universidades o no, sumarlas al sistema actual representa varios retos: una nueva asignación presupuestal, la necesidad de profesores, de infraestructura, de un modelo educativo que sustente el diseño de las carreras, entre los más importantes. Aunque debemos otorgar el beneficio de la duda, improvisar en estos ámbitos podría conducir a crear escuelas con condiciones de operación precarias para jóvenes en situación socieconómica en desventaja. Ello de ninguna manera responde al principio de equidad que debe caracterizar a la educación superior mexicana. En resumen, reproducir la desigualdad que caracteriza a muchas de las IES ya existentes. Urge cuestionarnos sobre ¿cómo crear un sistema universitario que permita contrarrestar y no reproducir las desigualdades? No se trata sólo de abrir las puertas a los jóvenes, sino de asegurar su permanencia y egreso, independientemente de su origen y situación económica y social. Ello es una deuda que aún tenemos con cientos de jóvenes mexicanos en todo el país, y que nos obliga a pensar en modelos inclusivos para el acceso a la educación superior, más allá de segmentarlos y apartarlos de las oportunidades educativas de calidad.
En relación a la gratuidad de la educación superior, el tema es por demás polémico. Un análisis detallado de la operación de cada universidad o institución pública, muestra una amplia diversidad en la integración de su presupuesto total (subsidio federal, estatal y recursos propios). A ello habría que sumar las contradicciones que ello implica para las instituciones privadas.
Respecto al financiamiento, el proyecto refiere: “se revisará el financiamiento y el gasto del sector educativo para terminar con la corrupción, disminuir el número de directivos y de altos funcionarios públicos que hoy engullen, de manera injustificada, una parte del gasto destinado a la enseñanza”. En días recientes circuló una nota periodística que alertaba sobre reducciones presupuestales significativas para la educación superior, misma que fue desmentida por Gerardo Esquivel, próximo subgobernador del Banco de México. Asimismo, Carlos Urzúa, quien asumió la conducción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indicó que dicho cálculo presupuestal había sido producto de un “error de cálculo”. No obstante, no hay claridad sobre la asignación presupuestal 2019, para la educación superior del país y ello genera, a todas luces, incertidumbre. Aunado a lo anterior debemos sumar la situación de crisis que enfrentan diez universidades públicas del país, derivada de diversos problemáticas que van desde las pensiones y jubilaciones, los compromisos en prestaciones derivados de los contratos colectivos de trabajo, el no reconocimiento de plazas de personal docente y administrativo por la SHCP; hasta aquellos problemas vinculados con la corrupción y la escasa transparencia de algunos actores de las universidades.
Respecto a la autonomía de las instituciones privadas de educación superior, desde hace varios años el debate ha sido recurrente. La regulación vigente responde más a un proceso administrativo y promueve la existencia de instituciones y programas de dudosa calidad, donde los estudiantes son tratados como clientes y los profesores trabajan en condiciones precarias. Es un asunto que también debe ser atendido por el nuevo gobierno antes de hablar de una autonomía que existe de hecho.
Concluyo afirmando que la universidad pública debe comprenderse no sólo en este contexto, pues ella rebasa por mucho la concepción y el uso utilitarista que muchos le han asignado. La universidad pública mexicana somos todos quienes la habitamos: sus alumnos, sus docentes, sus investigadores y su personal administrativo. Se trata de una una comunidad que, con sus vaivenes, contribuye a fortalecerla que sea un espacio para la reflexión, la generación de conocimiento y la transformación social.
Debemos estar atentos a lo que ocurra en los próximos días y en los próximos años. Propiciar la discusión y el análisis argumentado y mantener una postura crítica y propositiva. Promover la investigación y la intervención educativas para mejorar nuestras instituciones y sus procesos. Esa es nuestra labor y a ella nos debemos. De ser cierta la reducción presupuestal que se plantea, quizá esa sea la primera batalla que debamos enfrentar. Ya lo veremos.