En México se paga uno de los salarios mínimos más bajos del Continente Americano, basta con tener en cuenta que en Haití, el país más pobre de Latinoamérica, el salario mínimo es de 5 dólares diarios, mientras que en México es de tan solo 4.6 dólares por día. Sorprendentemente Panamá este año implementó un salario mínimo de 24 dólares, es decir, 19.4 veces más que el fijado en nuestro país. Las dimensiones de la desigualdad que existe en términos salariales en nuestra sociedad son abrumadoras, principalmente si analizamos los datos y hacemos los cálculos para comprender la realidad de millones de mexicanos. De 2017 a 2018 el salario mínimo tuvo un incremento de 10.4% ubicándose en los 88.36 pesos diarios y 2 mil 686.14 pesos mensuales. Aparentemente nos pudiera parecer un avance sustancioso, en términos reales no lo es, ya que el poder adquisitivo de éste presenta un rezago de por lo menos 30 años, lo que hace insuficiente incrementos de esta proporción. Un dato que nos parece importante señalar es el relacionado con el costo de la Línea de Bienestar versus el salario mínimo. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), hasta agosto de este año el indicador nos decía que el costo de los productos de la canasta básica más los bienes y servicios que una persona promedio requiere mensualmente para su desenvolvimiento en sociedad era de 3 mil pesos, lo que resulta inminentemente incosteable puesto que existe una diferencia de 315.03 pesos frente al salario mínimo mensual, eso sin tomar en cuenta que en términos constitucionales el salario mínimo debería ser suficiente para satisfacer las necesidades de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos, tal como se encuentra a la letra en el artículo 123 inciso A fracción VI.
El salario mínimo se ha convertido en una camisa de fuerza que genera pobreza y desigualdad; situación que impide la existencia de clases medias y sienta las condiciones para los males propios de las sociedades con alta marginación económica —delincuencia, violencia e inestabilidad social—. Para que una sociedad ejerza con plenitud sus derechos democráticos requiere de ciudadanos que se encuentren en condiciones de decidir en libertad y estas condiciones dependen del nivel de bienestar y seguridad material con que cuentan, por lo que los bajos salarios, el bajo poder adquisitivo y la precarización laboral son condiciones perfectas para la manipulación de necesidades y la corporativización de la voluntad con fines políticos, lo que se traduce en el mediano plazo en la reducción de libertades ciudadanas, así como en el debilitamiento de las instituciones de la democracia (jurídicas y materiales). Si el salario mínimo en nuestro país continúa en los niveles que hasta ahora se encuentra el pronóstico no es alentador, peor aún en un escenario en el que cada día menos jóvenes trabajadores cuentan con seguridad social, tal como nos muestra el estudio sobre desigualdades en México 2018 del Colmex, ya que desde hace 17 años las oportunidades para acceder a empleos de calidad y con ello a remuneraciones salariales dignas ha disminuido, la proporción de trabajadores subordinados que ganan menos de un salario mínimo ha aumentado en más de 50% (ENE 2000-2004 y en la ENOE 2005-2017). Por otro lado, el observatorio de salarios de la Universidad Iberoamericana en los resultados de sus estudios de este año establece que del universo de trabajadores jóvenes existente en nuestro país en un rango de edad de 15 a 29 años, 66% de ellos labora sin seguridad social, mientras que solo 34% cuenta con ella, aunque en ambos casos no alcanzan un salario digno el 83% de los hombres y el 79% de las mujeres.
El salario mínimo en México se estableció como un derecho social para proteger de abusos a los trabajadores y para generar un equilibrio económico en beneficio ciudadano, elemento clave en los Estados democráticos modernos, conscientes de ello el PRD, sus grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y de Senadores han propuesto un aumento al salario mínimo de 176 pesos como punto de partida para el año 2019, así como la creación del Instituto Nacional de los Salarios y el Reparto de Utilidades en sustitución de la actual Conasami, medidas que debemos considerar urgentes, necesarias y justas con base en los datos antes expuestos. Los ciudadanos de nuestro país merecen que el nuevo gobierno y sus legisladores asuman con responsabilidad el ejercicio del poder que les ha sido conferido y ello se refleje en medidas que permitan la mejoría en su calidad de vida, pues la esperanza no quita el hambre y para hacer historia se necesita estar vivo.
Secretario general del PRD