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La encuesta intercensal 2015 del Inegi nos muestra que la población joven de nuestro país está constituida por cerca de 37 millones 504 mil 392 ciudadanos en un rango de edad de 15 a 29 años, lo que representa 31.4% de la población total nacional, cabe resaltar que la brecha entre hombres y mujeres se ha reducido, distribuyéndose en un 50.6% de mujeres y un 49.4% de hombres, existiendo tan solo un diferencial de 1.2%, Lo que trae como consecuencia un cambio en la dinámica social, principalmente en los roles, la inserción laboral y profesional, así como en la participación política de ambos géneros.
El cambio o relevo generacional no debe ser solo un hecho derivado del fenómeno demográfico y su imperativo cuantitativo, también debe ser una construcción social que permita la potencialización de los equilibrios poblacionales, así como de la optimización de la habilidades y talentos que vinculados al desarrollo constante de las innovaciones tecnológicas y científicas vayan imprimiendo un ritmo cualitativamente distinto a esta etapa de la humanidad, generando nuevas y más democráticas relaciones en las estructuras sociales. Los gobiernos e instituciones del Estado nacional deben instrumentar políticas públicas con el objetivo de hacer realidad la transversalidad de derechos en materia del trabajo y los Derechos de las Juventudes. Los partidos políticos deben comenzar a transitar este proceso, teniendo en cuenta que 14 millones de jóvenes estuvieron en condiciones de votar por primera vez en las elecciones pasadas y que este número tendrá un crecimiento exponencial para las elecciones intermedias y presidenciales de 2024.
Las democracias del siglo XXI requieren de la visión, revisión y transformación propias de la creatividad de la juventud, por ejemplo: “Es falso que se hayan terminado las ideologías. Sucede justamente lo contrario. La ideología dominante se ha sedimentado en estructuras que ya escapan incluso a ser cuestionadas”, escribe el joven Eduardo Rabasa en su novela La Suma de los Ceros; líneas con una causal acertada si tomamos como referencia nuestro contexto actual, un destello de luz que nos muestra el potencial de nuestra generación y la necesidad inmediata de hacer que los jóvenes asuman tareas de responsabilidad en nuestra sociedad, ganen experiencia en los haceres públicos, siendo parte de un gran movimiento que permita sean los actores principales de nuestro tiempo y no simples espectadores o depositarios de las consecuencias de visiones retrogradas o anticuadas.
La izquierda democrática y progresista lo tiene claro, ante ello dar las herramientas teóricas y prácticas para que las juventudes tomen decisiones es el más noble acto democrático, más aún si estas se dan de mano de la sociedad, organizaciones civiles y partidos políticos actuando en unidad, con un mismo objetivo —el Estado Democrático Constitucional y de Derechos—, por ello celebro el esfuerzo de la Fundación Friedrich Ebert y el Partido de la Revolución Democrática, quienes durante seis días sostuvieron la Escuela de Verano de Alto Rendimiento, transmitiendo conocimientos y habilidades a 20 mujeres y 20 hombres jóvenes de todo el país, con temas que fueron desde el régimen político, pasando por la agenda progresista de libertades y derechos, hasta la práctica de habilidades de negociación y manejo de medios; sin duda los jóvenes fueron más allá y las conclusiones que de este ejercicio nos compartieron giraron en torno a tres acciones básicas a implementar —transparencia, profesionalización e inclusión social— conceptos que son columnas claves para cualquier democracia.
La materialización de la agenda de las juventudes requieren de políticas públicas encaminadas a ofrecerles mayores oportunidades de estudio y con ello de una efectiva profesionalización, así como de empleos estables que les brinden un salario justo y verdaderamente remunerador; por lo que si bien celebramos el esfuerzo que se hará en el siguiente gobierno al dar trabajo a 2.6 millones de jóvenes mediante un programa a cargo de la STPS, éste es insuficiente, la prioridad debería ser la inversión del PIB en un 8% a educación y de 1% al desarrollo científico, pues en caso contrario se estarán repitiendo los patrones para la corporativización electoral de la juventud, sembrando dependencia e impidiendo el desarrollo de sus talentos, situación que contraviene lo establecido en la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes.
Secretario general del PRD
