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Esta semana el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, realizaron una rueda de prensa juntos para explicar la postura del gobierno frente a la migración centroamericana, y anunciaron una próxima visita del canciller a Washington, el 7 de mayo para reunirse con sus homólogos en el gobierno estadounidense. Enfatizaron que la política mexicana tiene ejes de control fronterizo, que todo país debe tener, pero también emisión de visas humanitarias y regionales, así como mayor inversión en el sistema de asilo.
No hay duda que estos son todos elementos claves de una política migratoria sensata, y retóricamente hay muchos avances en el pensamiento del sistema migratorio mexicano. Falta aún más claridad sobre las opciones de visas de trabajo, ya que las opciones reales de trabajo para migrantes centroamericanos se encuentran fuera del sureste mexicano y necesitan otro tipo de programa de trabajadores temporales que aún no existe. Pero el resto del planteamiento parece razonable y bien fundamentado.
Pero faltan las instituciones para implementar esta visión tan bien expresada. Y sin instituciones sólidas, cualquier compromiso o planteamiento retórico está destinado al fracaso. Y no sólo eso, sino pone a las autoridades mexicanas en una complicada situación en cuanto a sus negociaciones con sus contrapartes al norte de la frontera. Se puede prometer mucho, pero no cumplirlo. En el momento en que la migración se ha vuelto el tema central de la relación bilateral con Estados Unidos, México no tiene ni las herramientas más básicas para responder al tema de una forma organizada y proactiva.
Para empezar con lo más evidente, la Comisión de Asistencia a Refugiados (COMAR), la agencia encargada de procesar las solicitudes de asilo de los migrantes de Centroamérica, Venezuela y otros países que están huyendo de violencia en sus comunidades, recibió sólo 20.7 millones de pesos en el presupuesto anual, que equivale a un poco más de un millón de dólares. Fácilmente se podría triplicar este presupuesto sin efecto real en el de la federación, pero no se ha hecho la inversión más básica que ayudaría a cumplir con la visión presentada por los secretarios.
COMAR recibió en 2018 casi diez veces el número de solicitudes para asilo que hace tres años, pero sus recursos han ido en declive. Esto es un ejemplo donde lo que se necesita hacer —revisar y tomar decisiones sobre solicitudes de asilo— se puede resolver simplemente con la contratación de más personal y con asesoría de ACNUR. Y sería una inversión que el gobierno mexicano podría usar efectivamente en sus negociaciones con el gobierno de EU.
Algo similar pasa con el Instituto Nacional de Migración (INM), que sí tiene más presupuesto, pero nada cerca de lo que necesita para ejercer sus funciones bien. En el pasado se podía entender eso porque la política migratoria, excepto hacia los migrantes mexicanos en el extranjero, no tenía tanta importancia. Pero ahora las circunstancias han cambiado.
A diferencia de la mayoría de agencias gubernamentales, INM recaba cientos de millones de pesos cada año en tarifas (y algunas pocas multas) relacionadas a las visas de los extranjeros que visitan México (soy un contribuyente frecuente y activo a esos fondos por mis visitas constantes a México desde el extranjero). La mayor parte de esos fondos no regresan al INM sino que se destinan a un fondo de turismo y a otros gastos del gobierno federal.
Pero no sería difícil diseñar una fórmula que deja más de esos fondos en manos de la agencia encargada de cobrarlos, justo en el momento en que el desenlace en ese tema tendrá grandes consecuencias para el futuro de México. Eso tendría que ser a cambio de construir un instituto fuerte, con protocolos claros, una carrera de servicio civil bien establecida y tecnología de punta. Invertir en un instituto (o, quizás, un nuevo organismo autónomo) que tenga la capacidad para manejar la migración con inteligencia y respeto a la ley, sería factible y sensato con un poco de creatividad y atención. La respuesta no es dar las facultades de control migratorio a la Guardia Nacional, que tiene que tener otras funciones, como está planteado en la propuesta de ley de este instituto nuevo, en vez de reformar la agencia encargada del tema.
Cuando vaya Marcelo Ebrard a Washington, se encontrará de nuevo en desventaja frente a sus contrapartes en Estados Unidos, en gran parte por esta debilidad institucional que existe en materia migratoria. Este déficit institucional pone a las autoridades mexicanas siempre en una posición difícil frente a sus contrapartes estadounidenses cuando negocian temas migratorios, porque los contrapartes simplemente no creen que el gobierno mexicano tiene la capacidad de implementar las políticas acordadas (o las que el gobierno mexicano dice que está implementando por su propia voluntad).
Quizás esta crisis en la relación bilateral con Estados Unidos es justo el momento para empezar a construir las instituciones que puedan dar a México credibilidad y margen de maniobra frente al país vecino y evitar que el tema migratorio siga siendo una piedra en el camino que afecte otras áreas de la agenda bilateral, con consecuencias posibles para la economía mexicana.
Presidente del Instituto de Políticas Migratorias
