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Cuando Elisa dejó El Salvador con su esposo e hijo ya no había más remedio. La pandilla que controlaba la zona donde vivía los había amenazado de muerte por no pagar el “impuesto” que imponían a los que vivían ahí, y uno de ellos había puesto una pistola contra la cabeza de su hijo de dos años para enfatizar qué pasaría la próxima vez que no pagaran. Elisa y su esposo habían intentado pagar la cantidad exorbitante que exigían cada mes, pero no siempre fue posible con sus salarios de trabajadores en fábricas. La pandilla había ofrecido bajar la cantidad del pago si el esposo aceptara unirse a ellos y volverse cobrador en el barrio, pero como personas comprometidas con su fe religiosa, no podían aceptar eso. Con el poco dinero que podían reunir de la generosidad de sus familiares, pagaron a un pollero y huyeron a EU, pasando por México.
Marta dejó Guatemala por razones similares. Una banda de pandilleros locales, ligada al narcotráfico, decidió invadir el predio familiar y mató a su madre, quizás para sembrar amapola o simplemente porque querían el terreno. Ella huyó con su hija a la ciudad grande más cercana, pero después de tres años la encontraron ahí y la amenazaron de muerte. Fue a la policía a pedir protección pero se rieron de ella, y decidió que no había más remedio que irse a Estados Unidos, como ya habían hechos sus dos hermanos.
Estas personas son una pequeña muestra de los que cruzan día a día por México para pedir asilo en EU, y quienes cada vez más están pidiendo asilo en México, donde los números de peticiones de asilo por parte de centroamericanos se han disparado de poco más de 3 mil en 2015 a más de 14 mil en 2017, y aún más este año.
En los últimos meses he entrevistado a varias de estas familias en albergues en Tijuana y un centro de detención en Texas. Cambié los nombres de estos individuos para proteger la confidencialidad de los entrevistados, pero los casos son reales, y son solo una muestra de la crisis de violencia mucho mayor que está azotando a los países centroamericanos y llevando a un éxodo constante de jóvenes y familias.
Sin duda hay también casos de centroamericanos que van de migrantes en busca de trabajo. Pero la cantidad de los que sí la merecen es abrumadora, sobre todo entre jóvenes que han huido por no contar con otra opción viable.
El sistema de asilo en Estados Unidos está completamente roto, y en México el sistema de asilo ya muestra muchas evidencias de estar sobrepasado. En Estados Unidos, una persona que pide asilo y pasa la primera entrevista (que se llama “miedo creíble”, que establece que hay un caso posible) puede vivir dos o tres o cuatro años en Estados Unidos sin que se resuelve su caso. Esto permite el abuso del sistema por parte de los que no tienen casos reales y sólo quieren quedarse en el país, pero también niega la protección a los que la merecen.
En México, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) tiene por ley que tomar una decisión dentro de 45 días sobre los casos de asilo, pero por la cantidad de casos, y los pocos recursos de la Comar, ahora se extienden los plazos para tomar decisiones en la mayoría de los casos.
Hace unos días, mis colegas Doris Meissner, Faye Hipsman y Alexander Aleinikoff lanzaron un reporte del Instituto de Políticas Migratorias con recomendaciones sobre como agilizar el proceso de asilo en Estados Unidos, para que sea mucho más justo a los que merecen protección y disuada también a los que quieren abusar del sistema. Recomiendan una forma de resolución que depende más de oficiales de asilo entrenados y menos de los tribunales migratorios, que están saturados, y de pensar en como resolver los casos más recientes primero, para ir desahogando las situaciones más urgentes. En México también se necesita repensar, reformar y dotar de recursos al sistema de asilo, frente a la llegada de cada vez más centroamericanos (y ahora venezolanos también) pidiendo asilo.
También urgen invertir en los albergues y la asesoría legal que permite que los migrantes que huyen de la violencia pueden encontrar un lugar donde llegar y apoyo para sus casos. En Texas el Proyecto Dilley Pro Bono y en Tijuana el grupo Al Otro Lado, han sido claves para la asesoría legal, y en Tijuana los albergues de la YMCA, Madre Assunta, Scalibrini y Ejercito de la Salvación, son lugares de refugio temporal importante. Pero todos estos esfuerzos sobreviven con la generosidad de particulares.
La realidad es que los flujos migratorios que estamos viendo en estos momentos son muy distintos a los de otra época. Frente al colapso del orden en partes de Centroamérica, y al auge de las pandillas y grupos delictivos organizados, cada vez un mayor número de quienes migran lo hacen no sólo por buscar mejores oportunidades, sino por salvar su vida o la de sus familiares. Los acuerdos internacionales — y la humanidad — nos obligan a buscar soluciones que les ofrezcan la protección que en sus países no pueden recibir.
Presidente del Instituto de Políticas
Migratorias
