El gobierno mexicano se encuentra en una encrucijada frente al de los Estados Unidos y, en su propio rumbo como gobierno, frente a cómo tiene que implementar los acuerdos con EU en el terreno nacional. Y todo parece indicar que el tema migratorio, que nunca ha sido una prioridad de los políticos mexicanos, de pronto se ha vuelto un tema central en que se definirá tanto la política exterior como la política interior de México.
Se logró evitar los aranceles de parte del gobierno estadounidense a cambio de un compromiso de reforzar la frontera sur de México e intervenir en las operaciones de los grupos que transportan a los migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades hacia EU (si bien, la gran mayoría de migrantes son de Honduras y Guatemala, y en un tercer lugar muy distante de El Salvador, también hay flujos importantes de varios países africanos y asiáticos, así como números crecientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela). Todo parece indicar que el número de migrantes llegando a la frontera con Estados Unidos sí está bajando un poco, aunque no se sabe hasta qué tanto todavía.
Pero este arreglo ha venido con costos importantes y algunas interrogantes grandes. El gobierno mexicano parece haber abandonado su estrategia de construir instituciones migratorias efectivas a favor de un despliegue de fuerza en la frontera. Probablemente es necesario este giro a corto plazo, pero a largo plazo no se podrá sostener una estrategia seria de control migratorio sin invertir en construir instituciones capaces y confiables, lo cual requiere de recursos, conocimientos y atención.
También vienen más tensiones en la relación con EU después de la tregua actual. La administración del presidente Donald Trump no parece haber abandonado su demanda de que México se vuelva tercer país seguro y absorba a toda la migración que pase por territorio mexicano. En un acuerdo suplemental firmado por los dos gobiernos, y compartido por el gobierno mexicano, queda claro que esto sigue siendo la demanda principal del gobierno estadounidense, y sólo una caída dramática de los flujos migratorios, algo poco probable en el lapso de 45 días establecidos, evitaría pasar a una negociación sobre esta medida.
En principio no hay nada mal en un arreglo que requiere que los migrantes pidan asilo en el primer país al que llegan y los regresen a ese país si llegan más lejos. El gobierno mexicano ha sugerido que tendría que estar participando en el acuerdo Brasil (donde entran muchos africanos), Panamá (donde entran algunos cubanos y haitianos, y por donde pasan muchos africanos) y Guatemala (donde pasan los hondureños y salvadoreños) como parte de este arreglo.
En teoría, podría funcionar un esquema así. Pero sólo si se da tiempo para invertir en los sistemas de asilo en estos países, se incluyen algunas excepciones claves (para menores de edad y los que tienen lazos familiares en alguno de los países) y se hace una inversión para crear condiciones de seguridad para los que piden asilo. Pero es poco probable en el escenario de una negociación con la administración de Trump sin ánimo de implementar un acuerdo así de forma gradual y con las condiciones necesarias para garantizar el éxito, y esto puede llevar a un acuerdo de esta naturaleza muy conflictiva y poco efectiva.
Hay, hasta ahora, pocas experiencias exitosas de acuerdos de tercer país seguro en el mundo. Lo tienen EU y Canadá, gracias a la insistencia de los canadienses, pero sólo aplica a personas que piden asilo en los cruces legales de entrada entre los dos países. Los canadienses han pedido repetidamente al gobierno de EU que también incluya a los puntos entre los cruces fronterizos, porque están entrando cientos de migrantes cada mes a Canadá de forma ilegal (mayormente africanos) que ellos no pueden regresar a EU, pero el gobierno estadounidense se ha negado, hasta ahora, a extender el acuerdo.
La Unión Europea intentó hacer un acuerdo comprensivo entre sus miembros para requerir que los migrantes pidieran asilo en el primer país donde llegaban, algo parecido a lo que EU y México podría estar discutiendo pronto, pero colapsó rotundamente el acuerdo en 2015 con la llegada de millones de sirios, afganos, iraquíes y otros migrantes que querían llegar a pedir asilo en Alemania, Suecia y otros países más allá de las fronteras donde llegaban. Ya están hablando en la UE de compartir la responsabilidad por los peticionarios de asilo y distribuirlos entre los países miembros, pero aún no hay claridad en cómo hacer esto de forma justa y consensuada.
Finalmente está el caso de Turquía y la Unión Europea, que sí ha durado, con el gobierno turco haciéndose cargo de los sirios y otros migrantes que quieren llegar a Europa, pero este acuerdo ha durado porque había 6 mil millones de dólares de por medio y un serie de otras concesiones de la UE al gobierno turco en temas de cooperación y movilidad de sus ciudadanos en Europa. El dinero y las concesiones fueron el aceite que permitió un arreglo duradero, algo que no se percibe en esta negociación actual.
Por supuesto hay otras posibilidades también. El gobierno de EU podría arreglar su propio sistema de asilo, y el gobierno mexicano podría ofrecer un esquema de petición de asilo dentro de territorio mexicano, bajo auspicios de Naciones Unidas, en que los que son aprobados se aceptan en México, EU, Canadá y otros países de la región. Seria otra forma de regionalizar el tema y compartir la responsabilidad sin llegar a un acuerdo de tercer país seguro.
Las ideas y posibilidades no faltan, pero queda por ver si hay espacio real de ponerlas en la mesa o si el camino del futuro ya se trazó en las recientes negociaciones en Washington.
Presidente del Instituto de Políticas Migratorias