Hubo dos anuncios esta semana sobre migración entre México y Estados Unidos que son difíciles de no leer como parte de un mismo acuerdo, si bien no se anunciaron así y es posible que no lo sean. EU se comprometió a dar fondos para desarrollo en Centroamérica y el nuevo gobierno de México se comprometió a recibir y mantener a todos los centroamericanos que desean asilo en EU. El único problema es que solo uno de esos anuncios es real. Y todo parece indicar que sólo una de las partes ganó algo.
En realidad, EU no se comprometió a dar fondos a los países centroamericanos, sino sólo garantías crediticias a empresas estadounidenses que quieren invertir en Centroamérica. Es decir, sólo a hacer algo que ya hacen de todos modos para ayudar a la iniciativa privada estadounidense. Puede ser el primer paso de algo más importante para ayudar a Centroamérica.
Mientras tanto, México se echó todo el paquete de recibir a los centroamericanos que piden asilo en Estados Unidos mientras esperan su turno en su sistema lentísimo, donde un caso normalmente dura dos a tres años para ser procesado. Puede ser que esto fue un acuerdo tácito con el gobierno de EU o fue simplemente una reacción necesaria a una realidad impuesta por el país vecino. Pero con los centroamericanos quedándose en México, Donald Trump evita tener que reformar el sistema de asilo, como debería hacer, y México asume una responsabilidad enorme hacia adelante (si esta decisión no queda amparada en los tribunales de EU, como es posible).
La propuesta de presupuesto para el próximo año también tendrá muchos más retos con este nuevo anuncio. Se proponen cortar los recursos para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y al Instituto Nacional de Migración (INM), las dos agencias encargadas del trato con los extranjeros en México, además del programa de Protección Consular, que defiende los derechos de mexicanos en EU.
Es difícil ver cómo la Comar, con un incremento de 9 o 10 veces en solicitudes de asilo en los últimos tres años (de un poco mas de 3 mil en 2015, a aproximadamente 28 mil este año), puede ser efectiva sin recursos adicionales para atender los casos de protección de los ciudadanos de países vecinos que buscan asilarse en México.
Asimismo, INM tiene previsto un gran recorte presupuestario, justo cuando se supone que hay que modernizar las fronteras, desarrollar controles internos para proteger los derechos humanos e implementar una visa nueva de trabajo para centroamericanos, amén de coordinar con Estados Unidos el alojar a los extranjeros que le pidan asilo.
Algo similar ha pasado con el rubro de Protección Consular, que son los esfuerzos que hace el gobierno nacional para defender a los migrantes mexicanos en el exterior, sobre todo en un momento en que Estados Unidos ha endurecido sus políticas internas hacia los migrantes. El presidente López Obrador hizo un gran énfasis en la relación de los mexicanos en el exterior y habló en la campaña de su compromiso de fortalecer la defensa de los migrantes, pero el monto presupuestado no refleja la gravedad del tema.
Han habido declaraciones muy alentadoras de parte del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el Subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, sobre su compromiso para aumentar los montos asignados a estas funciones.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado de la importancia de los vínculos con los mexicanos en el exterior y de una política humana y con apego a los derechos humanos para los migrantes que llegan en México, un discurso sin paralelo en lo progresista de su pensamiento y un enfoque que merece mucho respecto. Pero los primeros pasos no parecen coincidir con esta visión todavía. Esperemos que la visión, tan clara, se vaya desarrollando en los hechos con el paso el tiempo. El reto es enorme y crecerá.
Presidente del Instituto de Políticas
Migratorias