Parece que los representantes mexicanos lograron evadir la salida más dura en las negociaciones con sus contrapartes estadounidenses, un Acuerdo de Tercer País Seguro, que habría hecho que el gobierno mexicano se responsabilizara de casi todos los centroamericanos quienes busquen asilo en Estados Unidos. Eso es, sin duda, una victoria dado las circunstancias y las presiones a las cuales estaban sujetos. Pero optaron por otra alternativa, que si bien es un poco más flexible y menos dura, podría tener consecuencias significativas y nocivas para México al futuro.
Según la declaración conjunta de los dos gobiernos, Estados Unidos expandirá rápidamente el llamado “Protocolo de Protección Migratoria” (MPP), en que los centroamericanos (y otros migrantes) quienes buscan asilo en la frontera con Estados Unidos pueden ser regresados a México para esperar ahí hasta que tengan una cita para su caso de asilo en Estados Unidos. Hasta ahora sólo un poco más de 10 mil migrantes han sido devueltos a México por medio de este programa, pero en las próximas semanas, la cifra podría llegar a ser mucho más grande, unas decenas de miles de personas o quizás hasta cientos de miles, si el flujo centroamericano no disminuye.
En un escenario catastrófico, esta cantidad de gente podría crear un problema mayúsculo para las ciudades fronterizas que tendrán que albergar a una población flotante de migrantes esperando sus audiencias en Estados Unidos, sin perspectivas de trabajo o vivienda permanente al lado mexicanos y a la merced de grupos delictivos que verán a los migrantes como presas fáciles.
Pero hay otros factores que podrían mitigar esta situación desastrosa. Uno es si el gobierno de Estados Unidos agiliza sus procesos de asilo para esta población, algo que se insinúa en el comunicado pero no se concretiza ahí. Si las esperas son cortas, la carga a las comunidades de acogida se reducen dramáticamente. También es posible que esta acción logre bajar el flujos migratorio desde Centroamérica y la población afectada termina no siendo tan grande como se espera. Y también queda la posibilidad de que los tribunales en Estados Unidos echen abajo el programa por completo y dejan vacante el acuerdo con México. Hay un caso que ya está bajo consideración en un tribunal en California que podría terminar por enterrar el programa por completo en las próximas semanas, aunque es difícil saber que decisión tomarán.
Así que no sabemos aún cual será el resultado final de este acuerdo. Lo más probable es que se generen problemas mayores para las comunidades fronterizas, pero el diablo está en los detalles y en las decisiones por venir de los tribunales. Y con este acuerdo, el gobierno mexicano preserva cierto margen de maniobra frente al gobierno de los Estados Unidos. A diferencia de un Acuerdo de Tercer País Seguro, que tendría una calidad permanente, con este acuerdo México puede decidir aceptar más o menos migrantes devueltos de los Estados Unidos tras el tiempo. Esa flexibilidad es clave, porque no sabemos cuales serán las circunstancias del futuro — si seguirán habiendo flujos importantes de migrantes centroamericanos o si Trump repetirá como presidente del país vecino, por ejemplo — y con esta flexibilidad se puede ajustar la relación migratoria con Estados Unidos de acuerdo a las circunstancias cambiantes.
*Presidente del Instituto de Políticas Migratorias