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La decisión del presidente Donald Trump de amenazar al gobierno mexicano con aranceles especiales si no logra controlar la migración centroamericana es no solamente un incidente desagradable y provocador, sino también un tanto irónico.
Trump pide al gobierno mexicano hacer lo que no puede hacer su administración: controlar un flujo migratorio de nacionales guatemaltecos y hondureños que ha aumentado dramáticamente desde febrero para llegar a más de 100 mil en mayo. Si no lo puede hacer el gobierno estadounidense, con los recursos que ha metido a sus instituciones migratorias, es poco probable que lo pueda hacer el mexicano, con menos recursos.
Por un lado, la amenaza de Trump sigue un patrón conocido, una forma ruda de negociar que viene de sus tiempos como magnate de bienes raíces en Nueva York, cuando usaba amenazas y demandas legales para presionar y ganar ventajas en sus negociaciones. No queda claro que en el mundo de la diplomacia estas tácticas funcionen, sobre todo cuando opera la interdependencia entre países vecinos y el resultado de una negociación fallida puede ser desastroso para ambas partes, como sería si se iniciara una guerra comercial entre México y Estados Unidos.
Hasta ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido la cordura frente a este embate desde la Casa Blanca y ha optado por buscar una solución negociada. Es lo correcto, aunque hay que reconocer que es posible que no haya forma de acceder a las demandas recurrentes del mandatario del país vecino, pero por lo pronto merece un intento más.
Hay algunas opciones que el gobierno mexicano tiene, pero no hay soluciones a una ola migratoria tan grande y repentina, lo que hay son esfuerzos que ayudarían.
La primera opción es fortalecer y modernizar al Instituto Nacional de Migración (INM); requiere inversiones en tecnología, personal y controles internos, y seguir adelante con los esfuerzos encaminados por limpiarlo de la corrupción. El INM está deteniendo a más migrantes no autorizados que en cualquier otro momento, pero su capacidad de realizar un control fronterizo moderno y con apego a los derechos humanos dista de ser lo ideal.
Falta también una política de visas y de asilo, que permite que algunos de los centroamericanos se queden en México. La Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Comar) tiene un presupuesto de más de 20 millones de pesos, una cifra risible frente a la ola de solicitudes que recibe y que puede llegar a ser de 60 mil para este año. Tener un sistema de asilo robusto quitaría mucha presión a la frontera con EU y ganaría puntos en las negociaciones con Trump.
La administración mexicana también ha ofrecido crear un programa de trabajadores temporales que permita que los centroamericanos puedan trabajar en las zonas de México donde hay demanda para mano de obra, pero falta diseñarlo.
Los gobiernos de México y EU deberían también pensar en cómo identificar y enfrentar a los grupos delictivos que controlar y facilitan el flujo ilegal de migrantes.
Finalmente, López Obrador ha subrayado la importancia de crear oportunidades y esperanza en Centroamérica, y la semana pasada se lanzó un diagnóstico y mapa de ruta para hacer esto, en cooperación con la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y los tres países del Triángulo del Norte. Es aleccionador que la migración indocumentada desde El Salvador y México está a la baja, mientras la de Honduras y Guatemala aumenta. Hay posibilidades de cambiar las circunstancias para que la gente no tenga que migrar, pero tiene que hacerse con un compromiso constante y creativo de la comunidad internacional.
El gobierno mexicano puede hacer lo que esté en su competencia, pero no sabemos hasta qué punto Trump quiere negociar en buena fe. Vale la pena buscar acuerdos, pero no es seguro que se logren.
Presidente del Instituto de Políticas Migratorias
