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“Jimmy Morales presta al país como depósito de migrantes”, dice el encabezado de Prensa Libre, un periódico importante de Guatemala, el sábado después de que el gobierno del presidente Morales firmara un acuerdo con el gobierno estadounidense para que Guatemala se haga cargo de todos los migrantes que desean pedir asilo en Estados Unidos.
Bajo este acuerdo, firmado el viernes, el gobierno estadounidense puede enviar a cualquier migrante que pida asilo en Estados Unidos, pero que haya pasado a través de Guatemala, de regreso a ese país para que se procese el trámite.
Ahora viene el segundo capítulo de la estrategia estadounidense. Habiendo logrado el acuerdo con Morales, a través de amenazas de suspender visas a los guatemaltecos e imponer aranceles a su productos, la administración Trump pondrá sus ojos en México de nuevo para ver si puede presionar para un acuerdo similar, pero que sólo aplica a los guatemaltecos que piden asilo en Estados Unidos. Si Estados Unidos puede regresar los guatemaltecos a México y los nacionales de otros países a Guatemala, queda construido el muro de Trump contra el mundo sin poner un solo ladrillo.
Pero esta estrategia de Trump de cerrar el paso a la frontera de Estados Unidos yace sobre cimientos débiles. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala falló hace unos días que el presidente Morales no tiene las facultades para signar el acuerdo que acaba de firmar sin el consentimiento del Congreso de su país, algo que va a ser muy difícil de lograr.
Y habrá un sinnúmero de peticiones en contra del acuerdo en los tribunales estadounidenses también alegando que Guatemala no es un país seguro ni tiene un sistema de asilo capaz de procesar las aplicaciones para protección que recibiría bajo este acuerdo. Es probable, más no seguro, que los tribunales terminarán dejando sin efecto el acuerdo en un país o en el otro (o en ambos).
Y también queda la cuestión de voluntad. Guatemala está en medio de un periodo electoral y los dos candidatos presidenciales se han manifestado en contra de un acuerdo de esta naturaleza. ¿El próximo presidente (o presidenta) de Guatemala tendrá la voluntad política para implementar este acuerdo? La mayoría de acuerdos de tercer país seguro alrededor del mundo no funcionan como están diseñados, porque faltan los incentivos para su buena implementación, sobre todo un sentido de responsabilidad compartida, como ha mostrado mi colega Susan Fratzke, del Instituto de Políticas Migratorias, en un artículo reciente.
Es fácil ver cómo el gobierno guatemalteco saliente, sin nada que perder, aceptó el acuerdo, pero más difícil ver como un gobierno nuevo que entrará en funciones en unos meses lo hace, con toda la presión social en contra.
Es posible que el acuerdo del viernes haya reestructurado por completo el sistema de asilo en la región y que tendrá un impacto enorme en el flujo migratorio de Centroamérica hacia EU. Pero lo más probable es que esto haya sido uno más de los intentos ambiciosos, pero mal concebidos de la administración Trump para resolver la migración con un solo golpe.
En realidad, no hay una solución fácil ni única para hacer frente al alza de migración irregular hacia Estados Unidos. Más bien, se requiere de varias medidas más sutiles, dentro del marco de las leyes existentes, para disuadir a los migrantes irregulares sin limitar el acceso al proceso de asilo.
Y sería mucho más efectivo un esfuerzo de colaboración real con los países vecinos que el uso repetido del garrote para conseguir la voluntad de la administración Trump. Pero temo que no hay paciencia en la Casa Blanca para una estrategia más sutil y compleja, aunque sería mucho más efectiva.
Presidente del Instituto
de Políticas Migratorias
