¡Lástima que el apio no está prohibido, sabría tan rico!
En 1972, el Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, publicó un ensayo en el cual pugnaba por la legalización de la heroína. Su argumento se sustentaba en dos razonamientos: (1) En términos de ética el Estado no tiene derecho de decirle a los ciudadanos qué hacer o qué no hacer; cada individuo debe decidir si quiere o no ingerir tabaco, alcohol, heroína... donas, chocolates en exceso o helados (aportaciones propias) sin generar daños a terceros y (2) En términos de economía, la prohibición impone costos netos a la sociedad muy superiores a sus beneficios. Los opositores a Milton Friedman afirmaron que la despenalización sólo haría que los ahora narcotraficantes cambiaran de “giro”. Este argumento terminó siendo falaz por dos razones: (1) La sustitución de la actividad delictiva no necesariamente se da en la misma proporción, pues los narcotraficantes también pueden dedicarse a actividades lícitas o reorganizarse en rutas extranjeras donde prevalece la prohibición. (2) Otras actividades delictivas no cuentan con la misma demanda que el consumo de drogas y por lo tanto no generan las mismas ganancias. La legalización le quita la mayor fuente de ingresos al crimen organizado y con ello reduce su poder para corromper —comprar— a funcionarios del gobierno. Simultáneamente, disminuye los crímenes violentos asociados a esta actividad.La evidencia demuestra que cuando se legaliza algún tipo de droga (v.gr. el alcohol en EU) no aumentan necesariamente otros delitos. Además, nunca se ha ganado una batalla frente a un producto que: (a) tiene demanda inelástica y (b) tiene oferta elástica —productos sustitutos— ejemplo, la cocaína en relación al crack. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 coincide acertadamente con el inciso 2 de Milton Friedman (lástima que omite el 1) y busca despenalizar el consumo de más tipos de drogas (aunado al de la marihuana) y reforzar la rehabilitación en clínica contra las adicciones. Totalmente de acuerdo con Friedman y el PND, solamente tres consideraciones: (1) El Plan también propone que esta nueva política “se debe consultar con Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas [ONU]”. ¿Se debe consultar con Estados Unidos y la ONU? ¿Y si ellos se oponen? (Lamentablemente, lo más probable). Por supuesto debemos tratar de lograr acuerdos con nuestro entorno internacional. Es un problema colectivo que rebasa fronteras, pero atención, no debe ser condición necesaria ni suficiente para acatar esta exigencia que afecta de manera prioritaria a nuestro país. (2) Por otro lado, el debate debe dejar de ser entre prohibición total o legalización absoluta. Imaginémonos un mundo sin regulación alguna sobre la producción, comercialización y consumo de todo tipo de droga ilícita. Un mundo sin impuestos, ni programas, ni cuotas o prohibiciones en la materia. ¿Qué se ganaría con esto y qué se perdería en dicho escenario? ¿Qué tipo de estupefacientes generarían mucho o poco daño? ¿De qué tipo? ¿A quiénes? ¿Por qué? ¿Qué pasaría con el mercado negro? ¿Con el crimen organizado? ¿Con la adulteración de las sustancias tóxicas y de la salud pública? ¿Con la seguridad nacional y las relaciones con nuestros vecinos? ¿Con la libertad de cada individuo? Es evidente que sin regulación alguna (o con prohibición total) el mundo sería un caos. Para ello, como lo señala Mark Kleiman en su obra Against Excess, “hay un abanico entre la prohibición y la legalización”. Ejemplos: impuestos, cuotas, regulación por edad o antecedentes clínicos, venta bajo estructuras de monopolio o de competencia; oferta a través del gobierno o del sector privado; ventas con recetas médicas o sin ellas; políticas para sustancias adictivas vs. no adictivas; para aquellas que generan daños a terceros y las que no; estrategias para productores rurales vs. urbanos, consumidores vs. distribuidores, entre otros. Cada droga es distinta, cada espectro del mercado es diferente. La regulación actual del alcohol y del tabaco no es una política ejemplar. Por ello debemos buscar regulaciones óptimas en función de los objetivos: desmantelar el crimen organizado (corruptelas y muertes); minimizar el daño del consumo y respetar la libertad de cada individuo. Una vez definida la regulación óptima —como atinadamente lo enfatiza Edgardo Buscaglia en sus diversos artículos y entrevistas— se deben sumar esfuerzos para combatir la corrupción pública y privada y con ello evitar daños a la salud pública. (Recordando que la corrupción regulatoria actual en México es una bonanza para el vastísimo mercado de drogas lícitas adulteradas).(3) Por último, el tema de la psicología humana es el gran ausente en todas estas políticas. Sabemos —la gran mayoría— qué substancias hacen daño a nuestra salud y a nuestro bienestar, pero a pesar de ello, las consumimos (véase akrasia). Necesitamos trabajar en quiénes somos y por qué somos lo que somos, y por qué queremos lo que queremos. Lo prohibido es uno de esos incentivos que nos retan el inconsciente, para consumir más de lo prohibido, no menos. ¿Por qué? No sabemos (¿Un adicto es libre de elegir lo que quiere?). Mientras tanto por ello es hora de prohibir prohibir —con excepción de la lectura, el deporte, la vida sana... y sí, el apio. ¿Qué les parece?
* Este artículo toma elementos y se sustenta en tópicos de mi libro: Economía del Crimen, Editorial Noriega (2001).
Doctor en Políticas Públicas. Embajador
de Buena Voluntad UNESCO