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“Cuando se pretende moldear a
las personas idénticamente entre
ellos y cuando el molde que se intenta
aplicar satisface a la clase predominante
en el gobierno —sea este
una monarquía, una aristocracia o
la mayoría de la generación existente—
en la proporción que esto sea eficiente y exitoso, constituye un despotismo
sobre la mente humana”.
John Stuart Mill
La historia del Fondo de Cultura Económica es ilustrativa como éxito de una política cultural del Estado. En 1934 se le encomendó a Daniel Cosío Villegas contribuir a la difusión del conocimiento económico a través de la UNAM. Viajó a España para lograr interesar a las grandes editoriales de la época y fracasó en el intento, pues el tema económico no era redituable en aquellos años. De esta manera, cayó en la cuenta de que tendría que editar él mismo sus propios libros. Amigos suyos, que laboraban en la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y otras dependencias gubernamentales, gestionaron donativos, logrando un total de veintidós mil pesos de ese entonces, para echar a andar su gran proyecto que jamás pensó se convertiría en una gran editorial. Por ello la empresa fue llamada Fondo, como los fondos de apoyo destinados a la cultura, que reciben financiamiento público.
Daniel Cosío Villegas (director de la revista El Trimestre Económico, fundador y director del Fondo de Cultura Económica de 1934 a 1947, y presidente entre 1957 y 1963 de El Colegio de México) comprendió que el libro despertaba un interés mucho mayor del que provocan otros bienes, porque es una mercancía altamente detonante de críticas —tanto constructivas como destructivas— hacia el autor y el país que lo edita; haciéndolo un bien público que requiere del apoyo gubernamental, algo que no sucede necesariamente con otros bienes.
Lo que el tiempo demostró es que instituciones como el FCE, Canal 11, Canal 22, Radio Educación, IMER, Dirección de Publicaciones, entre otras; tienen una gran legitimidad de existir si son creadoras de “bienes públicos”, que permitan que todos los ciudadanos tengan acceso a capital y acervo cultural, educativo, artístico, científico e informativo de excelencia —cuando nadie más pueda producirlo de mejor manera.
El peligro de estas nobles instituciones se bifurca si por un lado se convierten en competencias desleales con el sector privado o social —por despegarse de su misión, o por hacerlo de manera más ineficiente y costosa que estos— o, peor aún, cuando se utilizan como órganos propagandísticos del gobierno en turno.
El fondo del Fondo y de cualquier dependencia de difusión educativa/informativa gubernamental es el de no volverse instrumento doctrinario de ideología alguna. Lo mismo con el gobierno panista que propuso eliminar Aura de Carlos Fuentes como texto educativo por considerarlo “inapropiado”; como de gobiernos morenistas que proclaman la economía comunista como la paradigmática para editar el Trimestre Económico.
No importa el partido en el gobierno. El estado no debe permitir que las becas y estímulos artísticos y culturales funjan como instrumento para silenciar las voces críticas y subversivas de nuestros artistas intelectuales. El estado no debe reinventarnos, definirnos, indoctrinarnos, opacarnos. El estado no debe crear un gusto, o establecer una manera unívoca de interpretar el mundo sino, por el contrario, debe de ser un agente que coadyuve a la crítica del propio gobierno; para que la diversidad cultural universal, el rigor científico y la vanguardia en temas sociales, sean derechos básicos en la construcción del conocimiento colectivo.
Probablemente habrá que evaluar si la estructura jurídica de estos entes públicos debe conformarse con la autonomía que exigen los derechos humanos. Mientras tanto, debemos ocuparnos de no caer en tentaciones equívocas. Las instituciones no son del dirigente político. Tienen una misión institucional (formal e informal) que —como lo visualizó don Daniel Cosío Villegas— es el fondo de su existencia.
(Este artículo se sustenta y retoma ideas de mi propia obra: Roemer, A., Enigmas y paradigmas. Una exploración entre el arte y las Políticas Públicas, 2003).
Embajador de Buena Voluntad
UNESCO
