La “sabiduría popular” enseña que las mujeres “calladitas nos vemos más bonitas” y entonces alguien propone que no salgamos de casa por las noches, para vivir seguras; luego el gobierno pide a las “madrecitas” del país persuadir a sus hijos a no cometer delitos, y ahora resulta que serán las abuelas las responsables de cuidar a sus nietos…
¿Qué falta? Las mujeres queremos ejercer nuestros derechos, ni más ni menos, y el Estado mexicano debe brindarnos las condiciones, no endosarnos esa responsabilidad.
Ayer, una vez más, en la Cámara de Diputados todos los grupos parlamentarios exhortamos a los gobiernos municipales, estatales y federales a “implementar acciones contundentes para terminar con la violencia feminicida ejercida contra las niñas y mujeres del país”.
La Legislatura de la Paridad de Género necesita una buena dosis de congruencia, porque fuera de los spots televisivos y los exhortos, en los hechos todo parece indicar que la mayoría parlamentaria está decidida a hacer historia sin la participación de las mujeres.
El silencio de muchas legisladoras no sólo es omisión, también es sumisión y reproduce la desigualdad; preocupa que el gobierno piense que es suficiente con repartir culpas o que pretenda combatir la desigualdad y la violencia con intenciones sin sustento, desmantelando instituciones e incitando al odio.
Ser gobierno impone pasar de dichos a hechos, porque la sabiduría popular sí sabe distinguir cuando las palabras son huecas y carecen de sentido: hoy México es de los 23 países con mayor número de feminicidios.
El 56% del territorio nacional se encuentra formalmente declarado con Alerta de Violencia de Género y el observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio acusó en enero que la “protección y garantía de los derechos de las mujeres no es una prioridad de Estado”.
En los hechos, la nueva mayoría en San Lázaro ya intentó desaparecer las Unidades de Género de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como los recursos destinados para apoyar a las mexicanas en la prevención y atención a víctimas de violencia, con albergues y asesorías jurídicas y psicológicas.
Y lo que sí lograron Morena y sus aliados, fue reducir el presupuesto de estancias infantiles y escuelas de tiempo completo, cuando la cifra de niñas asesinadas en todo el país se incrementó en 72% en los últimos tres años, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y cuando prácticamente uno de cada tres hogares en México está jefaturado por una mujer.
También ayer modificaron la ley para que en las paraestatales no sean necesarios los requisitos de experiencia, capacidad e idoneidad para ocupar el cargo de directores generales.
¿Quizá por eso no hay nombramiento en el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad? ¿Privilegiarán la lealtad antes que los resultados? ¿Impondrán un régimen moral antes que respetar el constitucional, al cabo que tienen la mayoría para modificar la ley?
Combatamos la corrupción, sí, pero con hechos y no con dichos, sin afectar la seguridad y la vida cotidiana de 50 mil mujeres y sus hijos que se quedaron sin estancias infantiles; teniendo en cuenta los 2,920 delitos contra la libertad sexual, los 12,031 actos de violencia familiar y los 73 feminicidios del último mes.
El feminicidio no debe ser bandera política, es una dolorosa realidad que requiere congruencia en presupuestos, experiencia, capacidad e implementación de políticas públicas transversales. Basta de repartir culpas. Asumamos la responsabilidad que nos corresponde.
Maestra en Derechos Humanos y Garantías.
Diputada Federal del Estado de México